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Venezuela: proceso político en presente continuo

Personas esperando a votar durante las elecciones a la Asamblea Constituyente, el pasado domingo en Caracas. (Reuters)

Juan Manuel Trak

Recientemente el politólogo norteamericano John Polga-Hecimovich escribió en el portal Agenda Pública del País un artículo bien documentado sobre la definición del Estado venezolano[1]. En su artículo Polga-Hecimovich se preguntaba si nuestro Estado podía ser definido como débil o fallido, pregunta que responde utilizando el debate público y académico sobre el tema; así como utilizando datos del proyecto Variedad de las Democracias[2]. A partir de estas herramientas teóricas y empíricas, el autor muestra que el Estado venezolano se encuentra en un proceso de sistemático debilitamiento, en algunos lugares está en quiebra, pero todavía no puede ser calificado de fallido en su totalidad.

Lo anterior nos da pie para una reflexión más amplia del tema y las consecuencias sobre el quehacer político nacional. En primer lugar, el artículo de Polga-Hecimovich nos permite ver la política como un proceso, es decir, que ha de observarse en presente continuo. De allí que si bien pueden identificarse hitos políticos relevantes, estos no son más que momentos que sintetizan los procesos y tensiones subyacentes que están ocurriendo sin cesar.

En segundo lugar, la noción de Estado fallido o débil nos remite necesariamente a la complejidad que supone identificar el tipo de bienes públicos que un Estado puede brindar. Solo identificando dichas dimensiones podemos, entonces, analizar si los Estados tienen o no la capacidad de brindar esos bienes públicos.

Es importante señalar que no todos los Estados proveen dichos bienes públicos de manera idéntica. Adicionalmente, también es cierto que las expectativas de los ciudadanos sobre el papel del Estado pueden ser diferente para ciudadanos de diferentes países, o incluso dentro del mismo territorio, así como también dichas expectativas pueden cambiar a lo largo del tiempo. En cualquier caso, la definición weberiana del Estado moderno supone que este es el que detenta el monopolio legítimo de la violencia, así como una separación entre los intereses públicos y los intereses privados de aquellos a quienes se les confía su administración.

En tercer lugar, el análisis de Polga-Hecimovich nos permite identificar que, en política, existen varios procesos que ocurren con intensidad, velocidad y consecuencias diferenciadas. Un ejemplo de lo anterior es la capacidad del Estado venezolano para brindar los servicios públicos. Así, lugares como Maracaibo, San Cristóbal o Mérida sufren diariamente el colapso del servicio eléctrico mientras en Caracas esta problemática es menos pronunciada. La misma situación se observa con la distribución de gasolina, o el acceso a medicinas, entre otras.

Desde una perspectiva político-institucional, el proceso de autocratización en Venezuela fue mucho más lento al principio del mandato de Chávez, mientras que ha sido mucho más acelerado durante la era de Maduro, sobre todo luego de perder la Asamblea Nacional. Por otra parte, el proceso de pérdida de capacidad estatal proviene de la crisis del modelo rentista en los 90’s, que se exacerba con la implantación del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, que es la concreción del proceso de apropiación del Estado por parte de los intereses particulares de los miembros del PSUV, y sus élites emergentes.

En este orden de ideas, Venezuela ha transitado un proceso de debilitamiento sistemático de su Estado, siendo la democracia una de sus víctimas. Sin democracia, es imposible que la ciudadanía haga responsable al gobierno de su incapacidad para que el Estado provea los bienes públicos necesarios para la existencia de una economía sana, así como un marco legal que regule los conflictos de intereses entre privados y que permita el ejercicio de la libertad.

Es aquí donde el proceso político venezolano se manifiesta de forma paradójica. Para que exista democracia es necesaria la existencia de un Estado funcional capaz de imponer sus mandatos dentro del territorio, lo que requiere, siguiendo a Cullen Hendrix[3], capacidad militar, administrativa y fiscal, así como coherencia entre estas capacidades y el tipo de régimen político (entendido este como el tipo de arreglo institucional existente que regula la acceso, distribución y ejercicio del poder político). Sin embargo, la construcción de ese Estado nacional pasa por la implementación de medidas fuertemente represivas para la recuperación el monopolio de la violencia sobre partes del territorio, depuración de la administración pública de intereses privados (lucha contra la corrupción) y un aumento de la carga fiscal en un contexto en el que las arcas públicas han sido saqueadas de forma sistemática por le élite chavista.

El colapso del Estado venezolano, tal como muestra Polga- Hecimovich,  es un proceso continuo de desinstitucionalización política, social y económica, cuyas consecuencias no son meramente teóricas o estadísticas, sino que se traducen en sufrimiento y penurias para la gran mayoría de los venezolanos. De tal suerte, que el proceso de reconstruir el Estado y la democracia en Venezuela será largo y tortuoso, en el que cada una de las dimensiones del Estado se fortalecerá a velocidad e intensidad diferenciada a lo largo y ancho del territorio nacional. A pesar de lo anterior, la construcción de un Estado de derecho, y un enfoque de derechos humanos, podría ser la base de la reconstrucción venezolana. Lo contario supondría no querer cambiar el sistema autoritario actual, sino la mera sustitución de sus administradores.


[1] Ver: http://agendapublica.elpais.com/venezuela-estado-debil-o-fallido/?fbclid=IwAR1ld4e8hS_4dQYCIrG8o3qRIW81h8dtK4tNYxZQXL3CX3Y1K8hkQMz2GqI

[2] Ver_ https://www.v-dem.net/en/

[3] Cullen S. Hendrix (2015). Midiendo la Capacidad del Estado: Las implicaciones teóricas y prácticas para el estudio del conflicto civil. En  CAF (edit.). Capacidades Estatales Diez Textos Fundamentales. Argentina: Editorial CAF, pp. 277-311.

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