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Alta Comisionada reiteró que continúan las tensiones políticas y los actos de violencia contra diputados y periodistas en Venezuela

Foto: Martial Trezzini

La representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este 10 de marzo una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aseguró que las fuerzas de seguridad siguen actuando impunemente y que diputados, periodistas, ONG’s, universidades y sindicatos continúan bajo el asecho gubernamental

Yira Yoyotte

Este 10 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo, al presentar una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición.

En el marco de la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la funcionaria destacó que desde el pasado 5 de enero del presente año las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a los diputados a la sede de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que esta declaración se produce, precisamente, cuando el sector opositor, encabezado por el Presidente interino Juan Guaidó se prepara para marchar y sesionar dentro de la sede natural del Poder Legislativo Nacional.

“Lamento la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael león fue detenido y hoy bajo arresto domiciliario”, precisó Bachelet.

La Alta Comisionada informó que su despacho también logró documentar agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran, de hecho, el informe refiere que el 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara.

“También hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONG’s y oficinas de medios de comunicación. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”.

Bachelet indicó sentirse “preocupada” por el anuncio realizado en el sentido de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a ONG’s.

“Por otro lado hemos documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias y restricciones a la libertad sindical. Considero positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria, pero persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales”.

Durante esta importante intervención pública se conoció que la Oficina de la Alta Comisionada sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.

Preocupa la imposición de nuevas sanciones

La Alta Comisionada de las naciones unidas, Michelle Bachelet, al abordar el tema económico y social indicó que también preocupa la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial –dijo- las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del Gobierno destinados al gasto social.  

“A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto del sector financiero”, precisa el informe.

En el documento queda claramente expresado que sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. “Hasta hoy, 38 siguen en la lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina. Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos. Sin embargo, a ellas se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019, solo el 21 por cierto de las camas se encontraban operativas”.

Bachelet hizo mención a la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, a través de la cual se demostró, entre otras cosas, que 2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada.

En este sentido destacó que según la Plataforma Regional de Naciones Unidas,  4.8 millones de personas han abandonado el país. Bachelet reconoció los enormes esfuerzos de los países de la región, pero lamentó las declaraciones de algunas autoridades de algunos países, que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas.

“Confío que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en acciones violentas”, indica finalmente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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