Destacado

La llamada alianza cívico-militar

Foto vía: Carlos Rotondaro

Luis Manuel Esculpi

Parlamentario, ex presidente de la Comisión Permanente de Defensa del Congreso de la República, analista político.

En los sistemas democráticos modernos la primacía civil constituye una característica esencial. En la Venezuela actual, bajo la denominación de la llamada “alianza cívico-militar”, se ha pretendido justificar la preponderancia del estamento armado no solo en la definición sino en la ejecución de las más variadas áreas de las políticas públicas. Junto al autoritarismo, los rasgos dictatoriales del régimen se caracterizan por el militarismo exacerbado, entendido éste como  la influencia decisiva que ejercen sectores de la Fuerza Armada en todos los niveles de gobierno.

Las relaciones civiles y militares en democracia podríamos definirlas como la interacción entre los poderes electos legítimamente, la academia, las universidades, las organizaciones civiles, la sociedad en general y la institución armada. Tradicionalmente ese intercambio en nuestros países ha sido sumamente complejo y durante mucho tiempo ha estado signado por las desconfianzas mutuas.

Venezuela, durante la mayor parte de nuestra historia republicana,  ha sido gobernada por caudillos y dictadores militares, quienes subrayaron permanentemente el papel de lo militar en la lucha independentista y la formación de la república, promovieron el culto a los próceres militares, especialmente a Bolívar, pretendiendo  justificar su actuación, amparándose en la respetada imagen del Libertador y minimizando  el rol de los civiles en la configuración de la venezolanidad. Recientemente cambiaron el nombre al estado Vargas en homenaje a esa insigne figura de la civilidad, ahora pretenden llamarlo estado   La Guaira y sin duda alguna ello es el reflejo de una concepción y una mentalidad que se arrastra desde hace  mucho tiempo.

El breve lapso del llamado “Trienio Adeco” (1945-1948) marcó las excepciones a esos regímenes durante el siglo XX y los cuarenta años de la república civil, períodos  en los cuales gobernantes  electos ejercieron y se alternaron en el poder, existiendo una relativa, pero importante independencia de los poderes públicos.

Junto a los antecedentes históricos, a finales del siglo pasado el pacto en que se sustentó el modelo democrático mostró signos evidentes de desgaste y agotamiento, surgiendo en paralelo algunas condiciones que favorecieron el resurgir del autoritarismo y el militarismo en nuestro país. Los partidos que los forjaron habían perdido fuerzas y conexión con la sociedad, además estos partidos políticos estaban bajo una intensa campaña de descrédito por parte de sectores antipolíticos que perseguían objetivos muy bien definidos. Las organizaciones partidistas que lideraron la firma del “Pacto de Punto Fijo” no fueron capaces de renovar su fundamentación, para responder a las exigencias de modernidad de importantes sectores sociale

En el imaginario popular retomó fuerza la necesidad de “un gobierno fuerte para poner orden en el país”. Es así como un Teniente Coronel, derrotado seis años antes, cuando dirigió un golpe de Estado, es electo presidente de la República en 1998.

El régimen que gobierna desde hace veinti y un años merece una consideración aparte, si bien fue electo democráticamente y durante ese tiempo se han realizado más de dos decenas de procesos electorales, progresivamente ha transitando del “autoritarismo competitivo” al “autoritarismo hegemónico”,  con vocación totalitaria, tal como sostiene Margarita López Maya. En ese tránsito ha descartado  una condición intrínseca de la democracia como es la alternancia.

Otro de los fundamentos de su sostenimiento es la denominada “alianza cívico- militar”, en la práctica, se han invertido los términos, privilegiando al estamento armado, es así como en este período cerca de dos mil oficiales activos y retirados han ocupado altos cargos siendo ministros, presidentes de Institutos Autónomos y de Empresas del Estado fuera del área de Defensa y además no relacionados con su formación profesional. Han estado presentes en Relaciones Interiores y Justicia, Finanzas, Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Alimentación, Salud, en PDVSA, el SENIAT, Corpoelec, la CVG y en las empresas de Guayana, el Seguro Social, Puertos y Aeropuertos, el Metro de Caracas, Gobernaciones y Alcadías entre otras dependencias públicas destinadas, por lo general, a funcionarios civile

La Fuerza Armada posee veinte empresas (entre estatales y mixtas), tradicionalmente tenía cuatro relacionadas con su ámbito: CAVIM, Seguros Horizontes y otras dos empresas de servicios. En los últimos veinte años se constituyeron dieciséis nuevas empresas militares, dos durante el mandato de Chávez y catorce durante la gestión de Nicolás Maduro. Una de ellas sumamente importante (Camimpeg), que es una empresa petrolera, minera y gasífera con amplias funciones en esos renglones. Tienen un banco, una radio y una televisión, además de empresas agrícolas, constructoras, ensambladoras de vehículos blindados, agencia de viajes, confección de ropa, producción de publicidad, de cauchos y una  imprenta. Asimismo poseen el Complejo Industrial Tiuna, que es un ente con múltiples propósitos: comercializa electrodomésticos, equipos médicos, útiles y textos escolares y hasta envasa agua potable.

La opacidad con la que el régimen se conduce en todas las ramas de su administración, por supuesto, se reproduce dentro de la FAN y en el manejo de esas empresas, éstas no rinden cuentas ante las instancias del poder civil aunque así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El texto constitucional le asigna atribuciones de legislación y control a la Asamblea Nacional, pero el invento del “desacato” impide y es uno de los artilugios empleados para evadir ese mandato.

Con la anuencia de los altos mandos, o parte de ellos, se ha colocado a la Fuerza Armada Nacional, al servicio de una parcialidad política, contraviniendo lo establecido en la Carta Magna, se le ha concedido grandes espacios en la administración pública, se le ha dado poder político y económico. El régimen prácticamente está tutelado por quienes constituyen su principal sostén.

Uno de los rasgos autoritarios destacados lo constituye la ausencia del control civil sobre la Fuerza Armada, como afirmamos al inicio, ese aspecto constituye un elemento consustancial a la existencia de la democracia. Hay sectores de las FAN al servicio del régimen que cotidianamente evidencian un comportamiento que contraviene su esencia como institución, ejemplo de ello es  cuando participan en actos políticos del sector oficialista o cuando irrespetan la inmunidad parlamentaria o confrontan a los representantes de la soberanía popular.

La denominada alianza cívico-militar, a fin de cuentas, es una fachada para privilegiar lo militar sobre lo civil, concediéndole todo tipo de beneficios y ventajas a un pequeño grupo de uniformados, con la finalidad de lograr el propósito de colocarlos como un bastión al servicio del mantenimiento del actual estado de cosas.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s