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Balance Especial IPYSve | COVID-19: La información no es el virus

Ilustración: Sinergia

Extraído de: IPYS Venezuela

Cinco trabajadores de la prensa y una fuente especializada fueron víctimas de ataques y declaraciones agraviantes por funcionarios del Estado luego que publicaran información vinculada al Coronavirus en redes sociales entre el 21 de febrero y el 15 de marzo

El domingo 15 de marzo Nicolás Maduro, anunció que el total de casos de coronavirus confirmados en Venezuela es de 17 personas. Los dos primeros casos se confirmaron el viernes 13 de marzo, mientras que el sábado y el domingo se detectaron 8 y 7 casos, respectivamente. El diagnóstico positivo del virus en el país conllevó a que Maduro anunciara que desde el lunes 16, a las 5:00 de la mañana, entrarán en “cuarentena social” siete estados del país: Distrito Capital, Vargas, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes.

Frente a este escenario, IPYS Venezuela constató una serie de casos en donde trabajadores de la prensa y fuentes especializadas en el área de la salud fueron víctimas de ataques, declaraciones agraviantes y amenazas de acciones legales por parte de usuarios en las redes sociales Twitter, Instagram Whatsapp, así como por funcionarios públicos en los estados Zulia, Aragua, Delta Amacuro, Miranda y el Área Metropolitana de Caracas luego que publicaran información vinculada a la posible existencia de casos de Coronavirus (COVID-19) en Venezuela y las condiciones de los centros hospitalarios para abarcar los pacientes.

El más reciente hecho fue registrado en el estado Delta Amacuro. La gobernadora de la entidad, Lizeta Hernández pidió al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), a través de una cadena regional de radio, citar a Melquiades Ávila, corresponsal de El Pitazo por unas publicaciones en su cuenta de Facebook vinculadas con el COVID-19.

En la cadena radial, Hernández señaló al reportero de estar “actuando de manera criminal, alarmando de manera inconsciente a una colectividad y llamando al odio y a la cizaña” luego que Ávila publicara en su cuenta en Facebook una pregunta sobre si el Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Tucupita contaba con las características para funcionar como centro médico centinela, tal como anunció el ejecutivo días previos.

“Hágame el favor Vicealmirante (refiriéndose al comandante de la ZODI, Edward Centeno Mass) y me citan al licenciado Melquiades Ávila. O aprenden o aprenden. Por la buenas o por la malas. Tiene que existir un respeto. Llamando a la zozobra” dijo la primera mandataria del estado oriental quien con tales declaraciones busca intimidar la labor de la prensa y el derecho de los periodistas a preguntar e informar sobre hechos de interés público.

Una situación similar se presentó en Los Teques, estado Miranda. Dos estudiantes de Comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), núcleo San Antonio de los Altos y locutores de Radio La Cima 96.7 FM fueron detenidos por difundir un video en redes sociales con información sobre dos presuntos casos de Coronavirus en el hospital Victorino Santaella en la capital de la entidad.

Jesús Torres y Jesús Manuel Castillo, fueron detenidos en la sede la emisora por funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el jueves 12 de marzo, como confirmó El Pitazo, luego que grabaron un segundo video donde ofrecían disculpas por haber dado información no confirmada sobre la pandemia del COVID-19.

Los locutores estuvieron detenidos en la sede de la PNB en la localidad de La Macarena hasta el domingo 15 cuando una medida sustitutiva del Tribunal Tercero de Control en la ciudad de Los Teques, estableció un régimen de presentación cada ocho días.

Otro caso fue registrado en el estado Zulia hacia el médico Freddy Pachano, director del Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), quien recibió una acusación de acciones legales por parte del gobernador de la entidad, Omar Prieto Fernández el lunes 9 de marzo, luego que Pachano publicó en su cuenta en Twitter la existencia de dos posibles casos de COVID-19, que se encontraban en evaluación en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).

“Este señor Pachano tiene que ser investigado; la investigación es para que nos informe. Ahora si es falsa la información y está comunicándola abiertamente, yo le voy a pedir inmediatamente al fiscal del Ministerio Público que levante un procedimiento contra ese señor”, declaró a los medios el gobernador de la entidad zuliana, quien además señaló que tal información corresponde a “temas de seguridad de Estado” que deben ser investigados.

Prieto Fernández ordenó al doctor Pachano “explicar a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo que está propagando en las redes sobre el Coronavirus”. Por su parte, el director del Posgrado de la Facultad de Medicina de LUZ señaló a través de otro tweet, que no había mentido, “ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aún”, señaló Pachano.

La ONG Aula Abierta, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia rechazaron las declaraciones del gobernador Prieto y destacaron que el ataque responde a “una política de Estado de represalias contra los universitarios de la salud al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de los recintos de salud en Venezuela”. La Federación Médica Venezolana y la Asociación de Profesores Universitarios del Zulia también hicieron públicos comunicados de rechazo.

La periodista Milagros Socorro también fue blanco de declaraciones agraviantes a través de su cuenta en Twitter luego que publicara un tweet con su opinión relacionada con la presencia del Coronavirus en el país en medio de los desiertos informativos por parte de las autoridades públicas.

“El coronavirus ya está en 95 países, incluidos algunos de los que tienen mejor sistema sanitario. ¿Es concebible que no haya llegado a Venezuela, donde no hay salud para la ciudadanía, pero sí una censura férrea y se persigue a los médicos que alertan acerca de las enfermedades?” se lee en el tweet publicado por Socorro el viernes 6 de marzo.

Posterior al hecho, usuarios de la red social, y en especial, el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, William Castillo, atacaron y expusieron públicamente a la periodista con palabras soeces y declaraciones agraviantes. Castillo señala en un tweet: “Primer caso de Coronavirus en Venezuela. Se descubre que afecta el cerebro también, como vemos aquí.  ¡Atención urgente!”, haciendo referencia a la publicación de Socorro.

Un escenario similar ocurrió con la corresponsal de Crónica Uno e IPYS Venezuela en el estado Aragua, Gregoria Díaz, luego que publicara un tweet en su cuenta mencionando el proceso de descarte de un posible caso del virus en Maracay el 21 de febrero. Usuarios de la red social afines al gobierno de Nicolás Maduro y funcionarios públicos viralizaron una imagen donde señalaron a la periodista como “palangrista” y “mentirosa”.

Si bien el Ejecutivo nacional ha tomado medidas y ejecutado acciones en pro de evitar la proliferación del virus dentro de Venezuela, en momentos de desinformación y opacidad es fundamental que los organismos competentes brinden información oportuna y promuevan planes para la recepción de aportes de los demás actores sociales especializados en la materia. El acceso a la información pública es un derecho de la ciudadanía y un deber del Estado garantizarla.

IPYS Venezuela recuerda que la máxima Carta legislativa del país establece en su artículo 57 que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”, además de que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura” como señala el artículo 58 de la Carta Magna.

Limitar la libertad de expresión también atenta contra los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela donde el Estado asume el rol de promotor y ente garantizador de los derechos fundamentales. IPYS Venezuela exige al Estado no criminalizar la acción informativa de fuentes especializadas, trabajadores de la prensa y la ciudadanía en general; y recuerda que “la libre circulación de la información y de las ideas es un pilar fundamental de la noción misma de democracia y es decisiva para el respeto efectivo de los derechos humanos” como señala la Unesco.

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