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Alí Daniels: “EE.UU tomó una decisión que no requiere aprobación de la ONU ni de la OEA”

 Secretario de Justicia de EE.UU, William Barr. | Foto de: abcnews.com

Yira Yoyotte

El abogado Alí Daniels, director de la asociación civil Acceso a la Justicia, explicó que la decisión anunciada este 26 de marzo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no requiere de la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni de los votos que se tienen que lograr en la Organización de Estados Americanos (OEA) para aprobar o no un mecanismo como el TIAR.

“Estados Unidos ha tomado una vía por la cual van por su cuenta. Esto no es un bluffing por parte del Presidente Donald Trump, no se trata de que se reúne con tal o cual presidente, que llamó  a Duque o a Jair Bolsonaro o que recibió a Guaidó en la Casa Blanca, no. Esto pasa a otro nivel con esta decisión”, precisó el jurista, profesor universitario.

Daniels dijo que la decisión anunciada por el Secretario de Justicia de los Estados Unidos marca una diferencia muy importante porque lo anunciado ya no depende de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe o no una intervención de índole militar, situación que no se lograría jamás por aquello del veto de China y Rusia.

“Todos saben que eso no se iba a lograr”, dijo.

Agregó que tampoco se trata de una intervención por la vía del TIAR, la cual debe ser aprobada con los votos suficientes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido recordó que muchos países que forman parte de este mecanismo ya han dicho públicamente  que no respaldarían esta opción militar.

“Repito, los Estados Unidos ha tomado una vía por la cual van por su cuenta”, precisó.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro (AP Foto/Ariana Cubillos)

“Los Estados Unidos, hasta los momentos, había tomado decisiones de índole político, pero este 26 de marzo, tomó una decisión judicial muy importante. El anuncio de este 26 de marzo fue dado a conocer por el fiscal general de los Estados Unidos, en consecuencia, es una demostración fehaciente que es una decisión jurídica y no política”.  

Daniels explicó que las decisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos son completamente autónomas aunque ese organismo mantienen una estrecha y buena relación con el gobierno y el Departamento de Estado.

Diferencia con el caso de Panamá

El director de la asociación civil Acceso a la Justicia, Alí Daniels, al hacer una breve comparación con el caso Panamá, recordó que en el año 1989 el gobierno de los Estados Unidos puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega a través de la llamada “Operación Causa Justa”.

Explicó que todo comenzó con una decisión que tomó una corte del distrito sur de Nueva York debido al homicidio que se llevó a cabo en contra de un agente de la DEA, dicha corte señaló al mandatario panameño, Manuel Antonio Noriega, de haber ordenado el mencionado asesinato.

“Claro, no es comparable el momento, en aquella ocasión habían muchos militares norteamericanos en Panamá porque el canal aún no había sido transferido, la invasión para el aquel momento implicaba solamente cruzar la cerca del fuerte y tomar el control de la ciudad, acción que lograron en pocas horas. Ese no es el caso de Venezuela”, explicó.

La opinión pública venezolana debe conocer que las declaraciones ofrecidas este jueves por el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, deben entenderse como una presentación de cargos, la imputación definitiva la hará, cuando así lo considere, el Departamento de Justicia.

En esta ocasión no se señaló a los personajes venezolanos de estar involucrados con el terrorismo internacional, de ser así, la declaración hubiese sido ofrecida por algún vocero del Departamento de Estado. Son materias de índoles diferentes.

Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente fundada en 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela.

Su tarea es monitorear la administra de justicia y el estado de derecho en Venezuela y fomentar en la ciudadanía una cultura jurídica, cívica, democrática, institucional, garantista y pro derechos humanos. Esta asociación fue fundada en 2010 por Laura Louza Scognamiglio, quien es su directora general.

La placa de búsqueda de Nicolás Maduro que divulgó EEUU

A pesar de la pandemia del Coronavirus   

A pesar de la alarma mundial generada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y cuando todos creíamos que cada país estaba dedicado exclusivamente a atender sus problemas internos, este jueves 26 de marzo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, informó que el Departamento de Justicia de ese país realizará una acusación formal contra Nicolás Maduro, por presuntos delitos relacionados con el “narcoterrorismo”.

Durante su declaración pública, considerada como una “presentación de cargos”, indicó que se ofrecía la cantidad de 15 millones de dólares por la captura de quien ocupa la silla presidencial del Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela.

Barr indicó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, también están involucrados en un supuesto caso de lavado de dinero y delitos de narcotráfico.

Se conoció que otras 15 personas, vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro Moros, como lo son Tareck El Aissami, presidente de la comisión de reestructuración de PDVSA y Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del PSUV, también fueron señalados en delitos de narcotráfico. Las acusaciones de conspiración para permitir supuesto tráfico de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacia Estados Unidos, fueron realizadas desde los estados de Nueva York, Texas y Arizonas.

Las otras personas señaladas son: el general Hugo Carvajal, ex jefe de la DGCIM, el mayor general Cliver Alcalá Cordones, ex edecán del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, Joselit Ramírez, Superintendente de Criptomonedas,  Edyberto José Molina, ex subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, Luis Motta Domínguez, ex ministro de Servicio Eléctrico, Néstor Luis Reverol, ministro del Interior y Justicia, Nervis Villalobos, exviceministro  de Energía y Petróleo, Vasily Kotosky Villarreal Ramírez, Oscar Rafael Colmenares Villalobos, Rafael  Villanueva Fernández, todos funcionarios públicos de las administraciones Chávez y Maduro.

El Secretario de Justicia del sur del Distrito de Nueva York, Geoffrey Berman, aseguró que Nicolás Maduro lidera el llamado Cártel de los Soles y dijo que diversos funcionarios de su gobierno negociaron la venta de droga con su anuencia.

En esta oportunidad llamó la atención el hecho que se ofreciera recompensa por la captura de todas las personas señaladas. La justicia norteamericana está dispuesta a pagar 15 millones de dólares por la ubicación y captura de Nicolás Maduro y 10 millones de dólares por el resto de involucrados en este caso, es decir por Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Tareck El Aissami y Cliver Alcalá Cordones, entre otros.

Barr, al ofrecer declaraciones a la prensa, indicó que este es el momento correcto de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro porque los venezolanos necesitan un gobierno capaz de afrontar la pandemia.

“En su papel de líder del Cártel de los Soles, Maduro Moros negoció envíos de toneladas de cocaína producidas por las FARC y ordenó que la referida organización criminal le proporcionara armas militares a la FARC”, dijo el fiscal general William Barr.

Nicolás Maduro sería el segundo mandatario en pleno ejercicio de sus funciones en ser acusado por delitos de narcotráfico y estar asociado a una organización criminal. El primero fue Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá, quien fue capturado y presentado ante la justicia norteamericana en el año 1989. Noriega estuvo detenido en territorio norteamericano por más de 20 años hasta que murió a consecuencia de un tumor en la cabeza.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones y Tareck Zaidan El Aissami Maddah

La recompensa para capturar a Nicolás Maduro es la tercera más alta en la historia de los Estados Unidos, informó el portal de noticias argentino Infobae.

“En el listado de los mayores botines se encuentra primero el ofrecido por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en mayo de 2011 en Pakistán. Washington puso un valor de 25 millones de dólares por información sobre el responsable del ataque a las Torres Gemelas. La segunda recompensa más alta es por el terrorista egipcio Ayman al-Zawahiri, actual jefe del grupo yihadista Al Qaeda. Se trata del hombre más buscado del mundo y su detención tiene un precio de 25 millones de dólares”, precisa el medio digital.

William Pelham Barr es un abogado estadounidense de 69 años de edad que ejerce actualmente el cargo de fiscal general de los Estados Unidos. Pertenece al Partido Republicano y no es la primera vez que ejerce este importante cargo. Desde 1991 hasta 1993 hizo lo propio durante la administración de George H. W. Bush. Regresó al puesto en 2019.

¿Qué es el Departamento de Justicia de los EE.UU?

De acuerdo a su página oficial, versión español, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (The United States Department of Justice) tiene como misión, hacer valer una ley y defender los intereses de los Estados Unidos de acuerdo con la ley, garantizar la seguridad pública en contra de amenazas tanto nacionales como extranjeras, ofrecer un liderazgo federal en la prevención y control de la delincuencia, buscar un castigo justo para aquellos culpables de comportamiento ilícito, administrar y hacer valer las leyes de inmigración de la nación justa y eficazmente y garantizar la justa e imparcial administración de justicia para todos los estadounidenses.

Aunque ya para la época existía la Oficina del Secretario de Justicia, el 1870, después del incremento posterior a la Guerra Civil en la cantidad de litigios que involucraban a Estados Unidos, se necesitó la muy onerosa contratación de un número de abogados particulares para manejar la carga de trabajo, un Congreso preocupado aprobó la ley para establecer el Departamento de Justicia, estableciéndolo  como “un departamento ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos”, con el Secretario de Justicia como su titular.

Su inicio formal se llevó a cabo el 1 de julio de 1870. Desde esta fecha el fundamento sobre el cual el Departamento de Justica descansa es la ley que se aprobó en esa oportunidad, sin embargo la estructura ha cambiado a través de los años con la adición del Secretario de justicia Adjunto y la formación de Divisiones.

“Lo que no ha cambiado es el incremento constante de la carga de trabajo del Departamento. Se ha convertido en el bufete jurídico más grande del mundo y la agencia central para hacer valer las leyes federales”, indica la publicación.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuenta con al menos 60 Agencias y Organizaciones, entre las que destacan: Administración de Control de Drogas, Buró de Asistencia Judicial, Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Buró de Estadísticas Judiciales, Buró Federal de Investigaciones, Buró Federal de Prisiones, División de Impuestos, División de lo Penal, División de Seguridad Nacional, Fiscales Federales, Iniciativa de Justicia para los Ancianos, Iniciativa de Miembros de las Fuerzas Armadas y Veteranos, Instituto Nacional de Justicia, INTERPOL (Washington), Oficina sobre Violencia contra la Mujer, Proyecto Niñez Segura, Oficina del Abogado de Indultos, Oficina de Políticas de Información y Servicios Policiales Orientados a la Comunidad.  

Haga click aquí para ver la formulación de cargos hacia Nicolás Maduro y aliados por parte del Departamento de Justicia de E.E.U.U:

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