

Juan Manuel Trak | 27 de mayo de 2020
Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos (Universidad de Salamanca, España), Máster en Ciencia Política, Sociólogo (UCAB). Articulista.
@juanchotrak
Venezuela sufre una crisis económica, social y política de magnitudes impensables. La implementación del Socialismo del siglo XXI con sus expropiaciones, control de cambio y precios, estatizaciones, centralismo y corrupción destruyeron el aparato productivo del país, las telecomunicaciones, la industria petrolera, los servicios públicos y privados, así como la infraestructura nacional. El proceso de autocratización político y económico ha sido el equivalente a una guerra y sus víctimas cientos de miles de venezolanos que han muerto por causas prevenibles o por la violencia social y política. Desde 2013 más de cuatro millones han salido despavoridos de un país cuyo gobierno decretó a su pueblo como su enemigo.
Del otro lado están quienes han intentado por diferentes medios volver a la democracia. Hay diferentes estrategias en competencia, minimalistas (elecciones no importa como), maximalistas (intervención extranjera no importa como), y en el medio unos actores que van como péndulo entre unas y otras según sus cálculos, la mayoría de las veces fallidos. Hoy en día, en este grupo, el cual lidera la AN, prevalece la idea de que la presión externa mediante sanciones contra Venezuela es una medida efectiva para lograr una transición política en el país.
Según esta hipótesis, la política de las sanciones contra el Estado venezolano tiene como propósito la búsqueda de una fractura en la coalición dominante, además de precipitar un proceso de negociación real con algún actor interno dispuesto a llegar a elecciones medianamente competitivas. Sin embargo, al día de hoy las sanciones no parecen tener el efecto esperado. Los intereses económicos y/o geopolíticos de gobiernos como China o Rusia, entre otros, y los propios errores de esa misma oposición, han permitido que las sanciones sean bastante inefectivas en términos de objetivo planteado. Por el contario, las sanciones al país parecen haber cohesionado aún más el círculo cercano de Maduro, cuando las individuales y selectivas tenían el potencial de generar brechas entre sus miembros.
Mientras tanto, la situación interna se hace cada vez más precaria para el ciudadano de a pie. Pareciera que las experiencias de Cuba, Irán o Corea del Norte no han sido suficiente para corroborar que el aumento de sanciones que golpean a los ciudadanos solo fortalece al gobierno. Esta política de máxima presión, sobre todo por parte de los Estados Unidos, deja daños colaterales que se traducen en tragedias para muchas familias. Para algunos, parece que bien vale la pena esos daños colaterales siempre que se estrangule al gobierno y se logre forzar su salida. No obstante, los hechos terminan por imponerse, el gobierno no pasa hambre, no le falta gasolina o medicinas, ni recursos para reprimir; mientras que la ciudadanía está condenada a padecer el efecto potenciador que tienen sobre la ya precaria situación social.
Quizás sea necesario invertir el enfoque, sabiendo que el gobierno siempre buscará beneficiarse de cualquier tipo de recurso disponible, reducir la escasez de los mismos para lograr un beneficio colateral a la población, sería un giro inesperado. La reducción de algunas de las sanciones al país (no los miembros del gobierno) permitiría a la sociedad civil (sobre todo a los empresarios) un margen de maniobras mayor para hacer negocio y producir. También permitiría a las familias enviar más remesas o aumentar la movilidad dentro del territorio. La apertura de canales de comunicación y flujo de recursos (formales e informales) con las democracias del continente pudiera mitigar el efecto del acercamiento a naciones con gobiernos autoritarios. Los efectos no deseados de una apertura, sobre la capacidad de movilización y organización de la población, podrían ser más beneficiosos para la construcción de un movimiento social que los daños colaterales de las sanciones totales.
Quizás sea el momento de pensar diferente. Quizás, y solo quizás, buscar que los venezolanos salgan del atolladero económico y social, aunque eso pudiera beneficiar económicamente a gente que hace negocios sucios en y con el gobierno de Maduro, podría mejorar las condiciones para que los venezolanos dejen de pensar en la necesaria supervivencia y comiencen a reflexionar sobre las libertades perdidas. Quien tiene hambre y sed no tiene fuerza para luchar por la libertad, quien necesita un tratamiento médico para seguir viviendo no tendrá capacidad para sumarse a un cambio de sistema que quizás nunca llegue a disfrutar.
Quizás, y solo quizás, los beneficios colaterales de un relajamiento parcial y negociado de las sanciones al país (insisto, no a los miembros del gobierno y sus compinches) pudiera no solo beneficiar existencialmente a la población sino darle el oxígeno que necesita para retomar la movilización interna indispensable para cualquier cambio político.
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