Al participar en el Politikafé de este martes 2 de junio, el director de Espacio Público dijo que la salida de DirecTV del territorio nacional es una muestra más de la política de restricciones que existe en torno a los medios de comunicación independientes. “225 medios de comunicación han cerrado en Venezuela y 8 estados del país ya no tienen medios impresos independientes”, informó

Yira Yoyotte

El oscurantismo informativo en Venezuela nos acerca cada vez a países como Cuba y Corea del Norte. Este martes 2 de junio, durante el Seminario Virtual (Politikafé) organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, el director de Espacio Público, Carlos Correa, dijo que los organismos internacionales y demás asociaciones civiles de la comunidad internacional ya tienen la certeza de que en Venezuela no hay garantías para la libertad de expresión.

“La salida de DirecTV del territorio nacional es una muestra más de la política de restricciones que existe en torno a los medios de comunicación en Venezuela. Desde el año 2004, a la fecha, 225 medios, entre los que destacan 165 emisoras de radio, 18 televisoras de señal abierta y por suscripción y 42 medios impresos han dejado de circular en el país. Ya existen 8 estados que no tienen medios impresos independientes. Antes la comunidad internacional hablaba de amenazas, ya hoy sabe que en Venezuela no hay garantías para la libertad de expresión”, dijo Correa.

El defensor de los derechos humanos, dentro del ámbito de la libertad de expresión, indicó que el cierre de DirecTV Venezuela debe verse dentro de un contexto muy específico: “Este no es un caso aislado, debemos tener muy claro que en Venezuela existe una política restrictiva a la libertad de expresión y las cifras anteriormente mencionadas así lo demuestran”.

Correa agregó que DirecTV, en su condición de empresa de televisión por suscripción, llegó a tener el número más alto de suscriptores (casi 5 millones) y que 6 de cada 10 venezolanos tenía contrato con esa empresa.

“Esos números fueron disminuyendo al ritmo de las restricciones y de las políticas regulatorias, vía Conatel, que aplica el Estado venezolano. DirecTV tenía una programación variada y de calidad, pero el hecho de ofrecer información sobre la situación social, política y económica de Venezuela le fue restringiendo las funciones”, dijo el experto.

El director de Espacio Público explicó que ante el cierre de televisoras de señal abierta como Radio Caracas Televisión (RCTV) la audiencia venezolana fue migrando hacia las empresas de televisión por suscripción, pero éstas también han sido víctimas de restricciones y censuras, de hecho, muchas de ellas, como es el caso de NTN24, Antena 3, Nuestra TELE, 24 Horas (Chile) y CNN en Español, entre otras, ya no se pueden ver en territorio venezolano.

“La televisión era la forma más adecuada para informarse y entretenerse, pero eso fue mermando progresivamente, la audiencia migró al Internet, a las televisoras por suscripción, pero allí también llegó la censura”.

Hasta el gobierno se ve perjudicado con la medida

Explicó Carlos Correa, director de Espacio Público, que DirecTV posee un centro de distribución satelital que le permite transmitir su propia la señal y además “prestarle” soporte técnico  a otras tantas televisoras, de hecho, Venezolana de Televisión y Globovisión se veían en muchos lugares lejanos del país porque esta empresa les ofrecía esa posibilidad.

“Con la salida de DirecTV del territorio nacional, por ejemplo, Globovisión, que ya no sé si es una empresa dedicada a la televisión, no se puede ver sino en Caracas y algunas partes de Valencia, lo mismo sucede con el canal del Estado, Canal 8 Venezolana de Televisión. DirecTV también prestaba apoyo técnico a muchas radios del país, sobre todo a las que transmitían deportes”, precisó.

Andrés Linares, como parte de la audiencia de esta actividad, opinó, al abrirse los derechos de palabra, que por qué DirecTV no se quedó un tiempo más  y libró una lucha jurídica en contra del Estado venezolano. “Desde el punto de vista jurídico era preferible que lo cerraran, que quedara patentizada la nueva arbitrariedad que se estaba cometiendo, resulta que ahora se fue repentinamente y pasará a la historia como una decisión empresarial y no de censura”, dijo.

Ante el comentario, el director de Espacio Público, Carlos Correa, recordó que las sanciones económicas, impuestas desde el año 2015 por la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, comenzaron a tener impacto en el funcionamiento de algunas cable-operadoras, de hecho, el problema con DirecTV fue que no podía mantener en su “parrilla” a dos canales venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido recordó que Venezolana de Televisión y Globovisión debían salir de la programación de la cable-operadora, de origen norteamericano.

“Tenemos entendido que las partes discutieron el delicado tema durante 5 meses, finalmente ya sabemos lo que ocurrió, DirecTV decidió irse de Venezuela por lo tanto ya no quedan opciones independientes. Quienes viven en Venezuela se han tenido que reinventar opciones para estar informado. Ahora, con todos sus bemoles, la ciudadanía acude a Internet y hasta el WhatsApp para saber lo que está ocurriendo dentro y fuera del país”, explicó Correa.

Destacó que la empresa de nacionalidad norteamericana había cumplido cabalmente hasta con las restricciones impuestas y dijo que lo sucedido tendrá un impacto político muy significativo porque DirecTV le brindaba servicio televisivo en los sectores más humildes del país.

“Sin duda alguna lo ocurrido tendrá un impacto político, pero no sé cuándo se va a expresar, tampoco sé si hay negociaciones para que la señal se vuelva a ver en Venezuela, en todo caso DirecTV podrá regresar cuando quiera porque ellos tienen el satélite. La verdad es que yo le veo muchas dificultades a esa negociación”, señaló Correa.

A juicio del director de Espacio Público el oficialismo también ha resultado afectado con la medida puesto que muchos canales gubernamentales se veían en el interior del país gracias al satélite de DirecTV. Reiteró que televisoras como Globovisión quedaron reducidas al mínimo de exposición dentro del territorio nacional.

Ante la pregunta de la audiencia Correa dijo: “La responsabilidad de los sucedido es del gobierno que representa Nicolás Maduro. Ahora se abre una gran oferta al mercado, pero no existen posibilidades lógicas para que venga otra empresa y se instale en el país, para sustituir a DirecTV se requiere una inversión multimillonaria en dólares, pero sin seguridad jurídica nadie va a querer hacerla y además,  la entrega de un nuevo decodificador y la tasa de suscripción pudiera estar por el orden de los 16 o 25 dólares mensuales, es decir, que las familias humildes de venezolanos no podrán pagarlo”  

WhatsApp cobra fuerza y por eso es objeto de censura

El director de Espacio Público, Carlos Correa, indicó que los medios de comunicación digitales (portales de noticia) también han sido objeto de innumerables medidas arbitrarias por parte del gobierno nacional. Indicó que desde el año 2009 a la fecha, han existido apróximadamente 3 mil medios de este tipo, pero ya casi todos han sido víctimas de bloqueo por parte de la empresa de telefonía CANTV, que es la que tiene el “dominio” o “posesión dominante”.

“Ante tanta dificultad los venezolanos, prácticamente, se están informando de lo que acontece a nivel nacional e internacional por las redes sociales (Twitter e IG) y por WhatsApp, una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación que sirve para enviar mensajes de textos y multimedia entre sus usuarios. Los teléfonos inteligentes, y muy específicamente esta aplicación,  se vienen mostrando como un indicador por donde circula información, razón por la cual también ha recibido señales de censura”, precisó.

El pasado 26 de mayo, una profesional de la medicina, con especialización en ginecología, la residente Andreína Urdaneta, fue detenida por funcionarios del CICPC, por publicar un “meme”, alusivo a Nicolás Maduro, en su estado de WhatsApp. El hecho ocurrió en Cabimas, estado Zulia. La aprehensión se llevó a cabo sin orden judicial, pero luego se conoció que había sido imputada por delitos contemplados en la Ley contra el Odio, instrumento sancionado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo a los reportes que realiza semanalmente la asociación civil Espacio Público, a diario, los funcionarios de los organismos de seguridad, civiles y militares, le decomisan los teléfonos celulares a aquellos periodistas que graban protestas por falla en los servicios públicos o concentraciones, por ejemplo, en estaciones de gasolina.

La mencionada asociación civil informó que durante el período comprendido del 25 y el 31 de mayo de 2020 se registraron 9 casos y 20 violaciones al derecho de buscar, recibir y difundir información. Agregaron que hacer cobertura, por ejemplo, de las protestas por la falta de servicios públicos (agua, luz o gas), de las colas para surtir gasolina o entrar a un centro de salud genera inconvenientes con los funcionarios de seguridad, especialmente con los de la Guardia Nacional. Éstos por lo general impiden la cobertura y en caso de que el trabajador de la prensa haya grabado imágenes decomisan los teléfonos o exigen borrar las imágenes.

El Seminario Virtual (Politikafé) de este martes 2 de mayo se denominó:   “Hablemos sobre  las implicaciones del cese de las operaciones de DirecTV en Venezuela”, fue moderado por la profesora Stefania Vitale y contó con el soporte tecnológico del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Como se recordará el pasado 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de los Estados Unidos que prohíbe relaciones económicas con determinadas personas o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo a un comunicado.

Ante este hecho Espacio Público, en voz de su director Carlos Correa, indicó que el cese de las transmisiones de DirecTV en Venezuela es una severa restricción a la libertad de expresión de las personas que habitan el territorio.

“Las consecuencias de esta decisión afecta a más de 13 millones de personas que tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenido culturales, de entretenimiento y educativos”, indica un informe emitido por Espacio Público.

Ve el PolitiKafé completo aquí.