Carta del Director

El eslabón perdido en el debate de la oposición

Carta del Director
Foto de: Cachivache Media

Editorial

Benigno Alarcón Deza | 6 de julio de 2020

Las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en las últimas semanas dejan claro que el régimen se plantea la próxima elección parlamentaria como la oportunidad para recuperar el control del Legislativo, cerrar el capítulo del gobierno interino y liquidar a la actual oposición, sustituyéndola por una nueva que, independientemente de la legitimidad de sus intenciones, estará cooptada antes, durante y al menos, inmediatamente después de estos comicios.

Esta es una estrategia propia de los autoritarismos competitivos, a los fines de mantener el poder y lograr cierto grado de legitimidad electoral que los blinde contra amenazas y presiones tanto verticales como horizontales y tanto internas como externas. Para ello el régimen viene recurriendo a una maniobra que combina la imposición de rectores en el CNE, la intervención de partidos mayoritarios de parte del TSJ, así como el aumento de posiciones elegibles y la manipulación de las condiciones y reglas del próximo proceso electoral de parte de las autoridades impuestas en el organismo comicial.

Pese al importante deterioro que ha sufrido la integridad del sistema electoral en Venezuela, lo que en algún momento parecía ser la antesala de la desaparición de lo electoral como mecanismo de legitimación, pareciera que el régimen continúa dependiendo en buena medida de lo electoral para mantenerse en el poder. Esto puede implicar un retroceso del régimen hacia el modelo autocrático-electoral que fue tan útil para Chávez, pero para el cual sus herederos no tienen las mismas ventajas, lo que puede traducirse en alguna oportunidad para el sector democrático, aunque no en lo inmediato.

En todo caso, bajo las condiciones impuestas, el futuro del régimen no está en juego en esta próxima elección parlamentaria, pero sí lo está el de la oposición mayoritaria que se juega su existencia misma. Por ello es comprensible la dificultad para alcanzar consensos en torno al dilema entre participar y no participar, con la fatal posibilidad de que se produzcan divisiones entre quienes defienden, o les resulta más útil a sus fines, una u otra postura.

El debate sobre la participación

Ninguna de las dos rutas garantiza el éxito ni está exenta de peligros. Analicemos los escenarios para comprender las posibles consecuencias nefastas que podrían derivarse para las filas de la oposición democrática en cualquiera de las opciones.

Para Guaidó y quienes hoy detentan el liderazgo de la oposición y el reconocimiento de cerca de 60 gobiernos democráticos, participar en una elección convocada bajo las condiciones impuestas representa una situación de alto riesgo. En el mejor de los casos, asistir y ganar la elección -lo que luce imposible bajo las condiciones que han ido imponiendo el TSJ y el CNE-, alargaría el statu quo de la Asamblea Nacional, dando una nueva oportunidad a Guaidó y quienes le acompañan.  Pero participar y perder, además de legitimar los comicios, implicaría sufrir una derrota electoral y política, el fin de la actual legislatura y con ella la del gobierno interino y del experimento de liderazgo iniciado exitosamente en enero de 2019.

En sentido contrario, al no participar, se pretende desconocer y deslegitimar la elección para replicar las consecuencias del desconocimiento de la elección presidencial de mayo de 2018 y extender el statu quo de la Asamblea para dar una nueva oportunidad al liderazgo de Guaidó, sin asumir los riesgos ya indicados de una elección controlada por el régimen. Pero esta estrategia tiene también una muy baja probabilidad de éxito y una alta dependencia de los actores externos, y principalmente del actual gobierno de los Estados Unidos.

Evidentemente, quienes hoy en día detentan el liderazgo político desde la Asamblea Nacional, así como los que forman parte del gobierno interino, y quienes han sido apartados de la competencia electoral al haber sido inhabilitados o despojados de las tarjetas de sus partidos; se inclinan por la abstención y la deslegitimación del próximo proceso electoral.  Alegan, en principio, las mismas razones que privaron en la presidencial de 2018, cuyos resultados fueron desconocidos internamente y por la comunidad democrática internacional.

Por otra parte, un sector minoritario, identificado por sus miembros y el régimen como oposición, que son en buena medida quienes participaron en la presidencial de 2018 y luego en la Mesa Nacional de Diálogo, y están habilitados para participar, ven esta elección como una oportunidad para tratar de ocupar espacios que hoy no tienen en la Asamblea y así intentar sustituir al actual liderazgo opositor.

El dilema es aún mayor en el caso de los gobernadores y alcaldes de la oposición, para quienes el posicionamiento de la abstención como política puede convertirse en un boomerang que les condene a la derrota de cara a las elecciones regionales y municipales que tendrán lugar el próximo año. Esta situación ha venido generando tensiones importantes en el interior de los partidos, lo cual amenaza con nuevas fracturas en la oposición, e incluso dentro del G4 (PJ, VP, AD y UNT).  En efecto, algunos gobernadores, alcaldes y otros políticos y activistas abogan por la participación mediante el uso de alguna de las tarjetas habilitadas, entre las cuales figuran las de Un Nuevo Tiempo -el único partido del G4 aún habilitado para participar y que no ha sido intervenido aunque hay un proceso en el TSJ en ese sentido-, COPEI, La Fuerza del Cambio (Henrique Capriles) y Puente (Hiram Gaviria).

¿Hay una estrategia para el día después?

En este complejo contexto, surge la pregunta clave para la oposición: ¿Cuál es la estrategia para el día después en cualquiera de los escenarios de participar o no? Efectivamente, ante el dilema, la respuesta no puede ser táctica sino estratégica. He allí el eslabón perdido en el debate dentro de la oposición.

La respuesta necesita de una visión que vaya más allá de las consecuencias inmediatas del subjuego electoral. Requiere asumir esta elección en el contexto más amplio de un macrojuego político en el que se deciden las posibilidades reales para la democracia en Venezuela.

Para ello es necesario que quienes desde la oposición lideran -o pretendan liderar- este proceso, tengan la capacidad para ver el tablero completo y las jugadas posibles más allá de lo evidentemente inmediato. Para dar una respuesta acertada al dilema entre participar o no participar, resulta esencial conocer cómo tal decisión contribuye a la estrategia. Si no hubiese una estrategia definida, la decisión que se tome resultará irrelevante, porque participar o no hacerlo nos llevará a un mismo desenlace que podría ser la desaparición de la oposición, tal como la conocemos hoy en día. La esencia está en la estrategia, pero lo que hemos visto hasta ahora pareciera el desarrollo de una dinámica esencialmente táctica en el que solo se debaten los pros y los contras de votar o no votar.

Bajo regímenes autoritarios, competitivos o hegemónicos, los procesos electorales nunca gozan de las condiciones que caracterizan a una elección democrática. Por lo tanto, la decisión de participar o no participar en un proceso electoral cuando se está bajo este tipo de regímenes, poco tiene que ver con el otorgamiento de condiciones electorales ideales para competir en ella y está mucho más relacionado con las capacidades que la oposición tiene para lidiar con tales condiciones, de manera tal que pueda utilizar la elección como un medio para avanzar su estrategia. Esta diferencia sutil pero esencial, es la que determina si una elección tiene utilidad como medio para democratizar o si solo sirve para aumentar la autocratización del régimen.

De mantenerse la ruta electoral impuesta por el régimen y la tendencia a una alta abstención como manifestación de deslegitimación, es muy probable que se materialice una reconfiguración de la oposición más allá de la que el mismo régimen trata de producir a través de decisiones judiciales e incentivos político-electorales que buscan el desplazamiento y sustitución de los partidos mayoritarios que ganaron la elección parlamentaria de 2015.

Sin entrar en juicios de valor sobre lo que puede ser deseable o no, resulta poco probable que los actores y partidos que participen en un proceso que no sea reconocido como legítimo, logren legitimarse como líderes de la oposición, y por el contrario es muy probable que terminen perdiendo la confianza del bloque democrático. Tal eventualidad abre una ventana de oportunidad para una reconfiguración de la oposición distinta a la pretendida por el régimen, en la cual pueden encontrarse nuevos y viejos actores, pero donde lo nuevo puede tener un peso preponderante.

Considerando que en una buena parte de las transiciones democráticas lo electoral ha sido la variable causal, renunciar a elecciones atendiendo a falsos clichés como aquel de “dictadura no sale con votos” carece de todo sentido, de la misma manera que carece de sentido participar en toda elección porque somos demócratas, sin que en tales decisiones no exista una fundamentación estratégica.

En definitiva, dentro de la oposición el análisis de la situación y la evaluación de riesgos y oportunidades tiene que ir más allá de lo táctico. Cualquier decisión que se tome debe responder al fondo del asunto: Si las siguientes elecciones por venir servirán para facilitar la transición democrática o por el contrario serán el camino para aumentar el control autocrático de un régimen en el poder que ha definido su permanencia en un proyecto de largo plazo que, contra todo pronósitco, ya ha superado los veinte años.

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