Carta del Director

Editorial

El régimen insiste en mantener las elecciones el 6 de diciembre para buscar legitimidad a través del Parlamento, aprovechando las divisiones opositoras. Mientras tanto, las estrategias propuestas por Juan Guaidó y Henrique Capriles muestran escasa claridad y factibilidad en sus objetivos, lo que contribuye a profundizar las confrontaciones internas y debilitar la credibilidad de la oposición con respecto a su capacidad para producir un cambio político.

Benigno Alarcón

Maduro necesita desplazar a la oposición liderada por Guaidó y el G4 del control de la Asamblea Nacional, desde donde se erige el Gobierno interino, que ha sido la mayor amenaza para su continuidad en el poder. De allí su empeño en sacar adelante las elecciones programadas para el próximo 6 de diciembre (6D), en las que se escogerán los parlamentarios para el periodo 2021-2026, bajo condiciones que atraen a un buen número de aspirantes, lo que busca hacer más difícil su desconocimiento de parte de la comunidad internacional.

El régimen ha utilizado mecanismos propios del repertorio de las autocracias electorales, como los incentivos que buscan generar la cooptación de la oposición y su dependencia de una relación clientelar con el régimen. Se trata de herramientas competitivas electorales que alimentan las divisiones de la oposición mediante la competencia electoral, al tiempo que se utilizan otras condiciones políticas y electorales favorables al gobierno para ganar los comicios legislativos, en búsqueda de la legitimidad perdida.

Las actuaciones irregulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) identificadas por la Organización Civil Súmate incluyen:

1. La elección de los cinco rectores y 10 suplentes del directorio del CNE por la Sala Constitucional del TSJ, imponiendo entre los designados a dos magistradas del máximo tribunal.

2. La imposición en la Presidencia del directorio del CNE de una de las dos magistradas designadas como rectoras por la Sala Constitucional del TSJ.

3. La imposición al frente de la Junta Nacional Electoral (JNE), responsable de “la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendos”, de la magistrada de la Sala Electoral ,por la Sala Constitucional del TSJ.

4. La usurpación de la competencia legislativa de la AN por la Sala Constitucional del TSJ.

5. La destitución de las direcciones nacionales de los partidos políticos Acción Democrática

6. (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), e imposición de “una Junta Directiva ad hoc” por la Sala Constitucional del TSJ.

7. Politización de la justicia y de la criminalización de la oposición democrática (sentencias vinculadas a puntos anteriores: Nº 68, 69, 70, 71, 72 y 77).

8. La aprobación inconstitucional de las “Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional, Periodo 2021-2026” por el directorio del CNE en respuesta a la orden dada por la Sala Constitucional del TSJ de normar la desaplicación de los artículos 14 y 15 de la LOPRE.

9. El rediseño propiamente del sistema electoral, incluyendo, entre otros, el incremento del número de escaños a 277, con la incorporación de 110 curules, aprobado por el directorio del CNE, así como la creación ilegal de 48 escaños parlamentarios con base en una “Lista de adjudicación nacional”.

10. Participación de partidos denominados por el gobierno como oposición, entre los cuales, se citan las organizaciones que constituyeron la Mesa Nacional de Diálogo.

11. Uso de mecanismos de control social a través del Carnet de la Patria, asociado al derecho de compra de las bolsas Clap y recepción de bonificaciones, así como de los Puntos Rojos y la reactivación de la misión vivienda

12. Migraciones de centros electorales el mismo día de los comicios.

13. Figura de acompañamiento electoral en lugar de observación internacional.

14. Censura a la oposición en medios de comunicación.

El dilema de Capriles

Henrique Capriles, tras sus últimas declaraciones en las que manifiesta que él mismo no sabe si votará el 6 de diciembre, evidencia que tiene un pie dentro y otro afuera del proceso electoral. Su estrategia está apuntando a conseguir algunas condiciones para ir a la contienda comicial, y lograr la presencia de la Unión Europea en calidad de observador internacional. Entre las condiciones que persigue Capriles estarían la tinta indeleble; participación en las diferentes fases de auditorías; la no migración de centros de votación; una misión de observación que oficiaría la Unión Europea y la eliminación de los puntos rojos.

Capriles anunció que continuará adelante en la presión por condiciones electorales y solicitará la reprogramación de la elección. Su apuesta busca una potencial participación electoral que conlleve la acumulación de fuerzas en la exigencia de estas condiciones y se propicie un viraje, al menos parcial, en la estructura de incentivos del gobierno, de preservarlas o, incluso, de posponer la elección.

Es así como el partido de Capriles, La Fuerza del Cambio, tras una importante concesión del gobierno, como lo fue la amnistía para más de cien presos y perseguidos políticos -que hoy también se atribuye la Mesa Nacional de Diálogo y la intermediación turca-, inscribió candidatos para todas las circunscripciones.

Sin embargo, las evidencias que se tienen, después de varias declaraciones de Maduro negando un cambio de fecha de la elección, y las de Josep Borrell, sobre la imposibilidad de aceptar la invitación del gobierno para enviar una misión de observación electoral, si los comicios parlamentarios no se postergan; implican que el proceso avanza sin mayores cambios en las condiciones. Esto coloca a Capriles ante un dilema: mantener a su partido y a sus candidatos en la elección o retirarlos si persisten las actuales condiciones, como hasta ahora parece ser el caso.

Elecciones sin observación

La decisión de la Unión Europea de no acompañar el proceso si no se posterga la elección luce como una respuesta que resultaba inevitable, dado el hecho de que en tres meses no es posible organizar una misión de observación electoral para un proceso que, incluso, ya ha superado varias de sus etapas.

La extemporaneidad de la invitación oficial no necesariamente es un accidente, considerando que el régimen eliminó la figura de la observación electoral tras la elección presidencial de 2006, cuando hubo una misión europea que sacó adelante uno de los más completos y exhaustivos trabajos de observación electoral que ha habido en Venezuela, en cuyo informe la integridad electoral del proceso quedó gravemente cuestionada. A ello se le suman los temores infundidos por experiencias recientes como las de Bolivia y Bielorrusia.

Aún ante la decisión europea de no enviar observadores, el gobierno no tiene incentivos hoy para suspender la elección parlamentaria del 6 de diciembre. En este sentido, parece que, a priori, la oposición no tiene un punto de apalancamiento para obligar al régimen a postergarla, ni margen de juego suficiente para rebalancear, en alguna medida, el tablero electoral. Alega, además, que la celebración de los comicios en 2020 está enmarcada, de hecho, en la Constitución.

En la práctica, el régimen no ha postergado la elección porque no está dispuesto a desaprovechar las condiciones actuales para la consecución de sus objetivos de desplazar a la oposición liderada por Guaidó de la Asamblea Nacional, cerrar con ello la presidencia interina, controlar el Parlamento y sus competencias. Busca disminuir las debilidades derivadas del déficit de legitimidad de la Presidencia de Maduro, con la legitimidad de una Asamblea que se tratará de justificar por ser el resultado de una elección pluripartidista (107 partidos inscritos) y competitiva (casi 14.000 postulaciones). El Gobierno juega con ventaja gracias a la cooptación de un número importante de partidos políticos, mediante la implementación de una estrategia de clientelismo competitivo-electoral, propia de las autocracias electorales.

Asimismo, el timing del 6D le resulta importante al gobierno en el sentido de que necesita tomar ventaja, precisamente, de la división más honda en las filas de la oposición en los últimos años. Por lo tanto, no cederá en el aplazamiento del evento electoral, pese a que existen suficientes condiciones socioeconómicas y sanitarias, aunado a la ausencia de condiciones políticas y electorales competitivas, que lo justifican. No sólo esto, el gobierno compite en la elección con figuras pesadas del PSUV, por lo que el control del nuevo Parlamento puede hacer que el régimen convierta al legislativo en el nuevo centro de poder.

El desafío para la oposición

Este escenario representa un gran desafío para el liderazgo que busca una transición democrática. Hasta la fecha, las estrategias propuestas por Juan Guaidó y Henrique Capriles se caracterizan por la poca claridad y factibilidad de sus objetivos, lo que contribuye a profundizar las divisiones entre la oposición, abonando a los objetivos del régimen. A esto se agrega el efecto que la diatriba tendrá sobre la credibilidad de la oposición con respecto a su capacidad para producir un cambio político y su división tras la contienda electoral.

Más allá del impacto efectivo que pueda tener la convocatoria a una consulta popular sobre la cual sustentar su mandato luego del 5 de enero, en medio de la fractura en sus filas, la oposición tiene el reto de idear y desarrollar una estrategia que le permita desmontar los objetivos de legitimidad que se ha propuesto Maduro con las elecciones parlamentarias.