Carta del Director

Ante la inminencia de la elección diseñada por el régimen para sacarse de encima a Guaidó y a los partidos mayoritarios que hoy controlan la Asamblea Nacional, y recuperar el control del Legislativo, el país se debate entre las pocas opciones que tiene disponibles, a modo de simplificación las podemos ubicar entre dos alternativas mutuamente excluyentes: participar o no participar.

Benigno Alarcón Deza

El avance de la pandemia

Mientras el régimen liderado por Maduro pareciera ignorar la gravedad de la expansión de la pandemia y se mantiene una importante opacidad en la información, no solo porque podrían estarse ocultando cifras, sino porque posiblemente no las hay como consecuencia del escaso número de pruebas que se procesan diariamente, según lo indicado en un segundo informe  de La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sobre la situación de la COVID-19. Este informe indica que entre el 13 de marzo y el 31 de julio se realizaron 90.686 pruebas diagnósticas RT-PCR,  y aunque ello implica unas 1,309 pruebas diarias, que es un aumento significativo en el esfuerzo de diagnóstico, resulta aún “insuficiente para el rastreo efectivo de la epidemia y la estimación de su tamaño real”.

Según el modelo de la Academia, más de 7.000 personas se estarían infectando diariamente durante la última semana de agosto. Si se toman en cuenta las tasas de fatalidad de países vecinos como Colombia (3%), Brasil (3%), Panamá (2%), entre otros, cabe esperar que con una cifra de 7.000 infectados por día se produzcan entre 140 y 210 decesos diarios, en contraste con las cifras oficiales de 10 muertes por día, por lo que el informe considera que podría existir también un subregistro muy importante en el número de decesos que actualmente son atribuidos a la COVID-19. Asimismo, se señala que de mantenerse la situación actual y no implementarse medidas sanitarias más efectivas para reducir la curva de contagio, para diciembre el número de contagios llegará a los 14 mil diarios con la consecuente duplicación en el número de víctimas fatales.

Pese a la gravedad de las circunstancias, Nicolás Maduro en su reciente alocución, del pasado domingo 20 de septiembre, junto a la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, indicó: “Podemos decir que en Venezuela estamos aplanando la curva (del coronavirus). No es para cantar victoria sino para saber que la estrategia está funcionando, que está logrando el Gobierno el control sobre la pandemia.”

Hacia la elección parlamentaria del 6D

Evidentemente, generar una percepción de control de la situación, evitando los escenarios de pánico, resulta funcional a la necesidad de mantener, contra viento y marea, las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 6 de diciembre, para poder iniciar el próximo año con la juramentación de los nuevos diputados el 5 de enero, y pasar así la página de Guaidó, del G4 y de otros cinco años con un parlamento adverso dominado por la oposición.

Pero si bien el desplazamiento de la oposición mayoritaria del parlamento para retomar su control es el objetivo principal, la habilidad del nuevo legislativo para apuntalar a Maduro en el poder, tras su desconocimiento por una buena parte de las democracias del mundo, así como para celebrar convenios con otros Estados, hacer negocios con nuevos compradores y proveedores, y atraer inversión que permitan paliar el efecto de las sanciones, no son objetivos menos importantes que dependen del reconocimiento de la elección y sus resultados, al menos de parte de los países que apoyan a Maduro y de otros que, hasta ahora, no lo han desconocido.

Es por ello que Maduro centra sus esfuerzos hoy en encontrar mecanismos que abonen a la legitimidad de la elección y del nuevo parlamento, para lo cual trata de encontrar aliados que ayuden a la certificación de los comicios, e insiste en el “acompañamiento” (la observación a menos de 80 días del proceso es ya imposible) de la Unión Europea y Naciones Unidas. Ambas instituciones han respondido que el actual proceso no reúne las condiciones mínimas ni están a tiempo para considerar un proceso de “observación” acorde con los estándares internacionales.

Asimismo, el quién participa en la elección es otro de los mecanismos que el régimen trata de manipular para favorecer el tema de la legitimidad. Muestra su preocupación por mantener la nómina de más de 13.000 postulaciones hechas por los partidos que pretenden representar a una nueva oposición cooptada, al tiempo que los Estados Unidos sigue ejerciendo presión con nuevos sancionados. Las nuevas sanciones norteamericanas por subvertir las elecciones legislativas incluyen a Bernabé Gutiérrez, Miguel Ponente, Guillermo Luces, Chaim Bucarán y Williams Benavides, quienes, según Washington, «lideran parodias de partidos opositores que participarán en la farsa electoral programada para el 6 de diciembre”.

El efecto que tal decisión podría tener sobre los demás postulados, y la legitimidad del proceso, hace reaccionar a Maduro, quien “rechaza las sanciones contra 5 líderes de la oposición venezolana”. “Yo desde aquí expreso mi rechazo a estas sanciones contra líderes legítimos de la oposición”, expresó. Asimismo, Diosdado Cabello, quien ocupa la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se adelanta a las posibles consecuencias al advertir que “opositores presionados por EEUU retirarán candidaturas para el #6D” (Leer).

Si bien es cierto que la comunidad internacional democrática está alineada en la necesidad de una solución electoral, las demandas para hacer posible tal solución nada tienen que ver, como algunos  expresan, con un simple aplazamiento de la elección para dar tiempo a que una misión de observación pueda constituirse. Se trata, por el contrario, no de correr la arruga de los vicios del proceso para mantenerlos en una nueva fecha, sino de organizar otro proceso bajo condiciones de integridad electoral.

Es por ello que el régimen se escuda en la Constitución e insiste en la inamovilidad de la fecha. Eso  evidencia una muy baja probabilidad de que la postergación se materialice pese a las enormes presiones de los últimos días y la visita de una misión de la Unión Europea enviada por Josep Borrell, al menos que ocurran situaciones que escapan del control del gobierno, como por ejemplo la evolución de la pandemia o un cambio de posición en la institución militar. Maduro está a menos de 80 días de una elección en la que puede imponer sus preferencias que, aunque sacrificando legitimidad, le resulta una mejor alternativa que renunciar a un proceso controlado, totalmente distinto, cuyos resultados y consecuencias no podría dominar.

La realidad es que si bien la pandemia no es un problema menor, y lo será menos en los meses venideros, como se comenta al principio de este editorial, se debilita como argumento para la postergación de la elección cuando, por ejemplo, los Estados Unidos, uno de los principales aliados de la oposición y uno de los países con mayores niveles de contagio, se ha negado a reprogramar  su propia elección presidencial. No es la pandemia, sino las condiciones electorales impuestas por el régimen, la razón principal para pedir la postergación cuyo fin no es cambiar la fecha de un proceso que se inició con problemas, sino reiniciar el proceso para rectificar los problemas.

La respuesta

Ante la inminencia de la elección diseñada por el régimen para sacarse de encima a Guaidó y a los partidos mayoritarios que hoy controlan la Asamblea Nacional y recuperar el control del Legislativo, el país se debate entre las pocas opciones que tiene disponibles, a modo de simplificación las podemos ubicar entre dos alternativas mutuamente excluyentes: participar o no participar.

La gran mayoría de los partidos y líderes democráticos, así como de la comunidad internacional han descartado la opción de participar en la elección del 6 de diciembre ante la evidente imposibilidad de avanzar hacia un cambio democrático. En consecuencia, la balanza se inclina a favor de la no participación, tal como lo expresan, desde sus narrativas particulares, Guaidó, los partidos que le acompañan y  Estados Unidos,  niegan toda posibilidad de acudir a un evento comicial sin las condiciones y garantías institucionales necesarias. La Unión Europea y Naciones Unidas aseguran que ni las condiciones son aptas para unas elecciones libres y democráticas ni los tiempos permiten considerar el envío de una misión de observación; las organizaciones sociales y, en especial, las dedicadas a lo electoral, denuncian internamente y ante instancias internacionales la ausencia de condiciones mínimas para celebrar una elección válida; y finalmente, todas las encuestas proyectan niveles de abstención de un 70%.

Evidentemente, la abstención no debe ni puede limitarse a no hacer nada, sino que debe entenderse como una forma de protesta o lucha por el derecho a elegir, que, a su vez, debe visibilizarse por otros medios o complementarse con otras iniciativas, entre las que se vienen considerando la presión internacional e interna, a través de protestas por la reprogramación de unas elecciones libres y democráticas, el desconocimiento de las elecciones programadas para el 6D y de la Asamblea resultante, y la celebración de una consulta popular, cuyo objetivo, posiblemente entre otros, sería desconocer la proceso electoral y legitimar la continuidad del gobierno interino.

La realidad es que la abstención sin ser acompañada de otras acciones es una estrategia tan pobre como la de participar en una elección que fortalece al régimen sin tener un plan que sirva para voltear la jugada en su contra. Las iniciativas que se discuten para generar una abstención activa, no son alternativas mutuamente excluyentes, sino complementarias que deben ejercerse de manera conjunta, siempre que se tenga la capacidad real para hacerlo bien. En caso contrario, habrá que elegir y concentrar los esfuerzos en lo que sí se puede hacer y renunciar a las buenas ideas que por alguna razón no puedan ejecutarse.

En tal sentido, dejando siempre la puerta abierta a otras opciones que podrían aún proponerse, consideramos que para el liderazgo democrático luce factible acompañar y coordinarse con la presión internacional, sobre todo en momentos en los que las posturas europeas y americanas parecieran acercarse. Lo que es más complicado, por razones coyunturales como la pandemia, es lograr protestas masivas para aumentar la presión interna. El desconocimiento de las elecciones y de la Asamblea de una parte representativa de la comunidad internacional democrática tiene posibilidades reales, una eficacia muy limitada si no se refleja en el espejo del desconocimiento interno, por lo cual encontrar mecanismos de visibilización, e incluso cuantificación de la voluntad de la mayoría resulta necesario.

La celebración de una consulta popular, que sin lugar a dudas enfrentaría serias dificultades para su éxito, que ya fueron comentadas en el editorial anterior, sería una de esas formas de visibilizar y cuantificar el nivel de desaprobación a la elección y a la Asamblea que resultase de tal proceso, así como el apoyo a una autoridad alternativa, o sea el gobierno interino, que aunque no sea capaz de gobernar por su falta de control sobre las instituciones y el territorio nacional, algunos países seguirían reconociéndolo como solución a la titularidad de activos, mientras no exista un gobierno válidamente elegido, y como interlocutor legítimo ante las instancias internacionales, lo que también contribuye a evitar la fragmentación de los apoyos externos.

La barrera a la participación en una consulta impuesta por la pandemia podría ser superada si las organizaciones democráticas son capaces de diseñar y ejecutar, con la ayuda de sus aliados internacionales, un proceso que privilegie la seguridad física y sanitaria de la gente. Un proceso en el que participar no signifique más riesgo que ir al supermercado, pero cuyo valor agregado como manifestación de voluntad supere al valor de tan solo abstenerse en la elección programada para el 6D, lo que depende de la credibilidad que se logre construir en torno a la propuesta.

Otra barrera, no menor, es la que se relaciona con el efecto que una consulta tiene sobre el statu quo entre los partidos democráticos que conforman la oposición mayoritaria. En este sentido, una consulta es vista con preocupación por algunos que aspiran a liderar a la oposición, y a la mayoría democrática, a partir de enero, y que hoy marcan distancia de Guaidó.  La realidad es que una consulta debe servir para fortalecer y legitimar una unidad que sirva de referencia tanto interna como externa, conformada por los partidos y líderes con vocación democrática,  y no para debilitarla, fragmentándola en varios frentes minoritarios. En tal sentido, es obligatorio para la oposición retomar la reconstrucción de su unidad a partir de una estrategia consensuada en torno a la cual unir esfuerzos y de una estructura organizativa que permita una participación justa y equitativa entre quienes contribuyen al fortalecimiento del sector democrático.