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En Venezuela, la censura domina la red

Extraído de: Cannabis Made In Spain

Andrés Cañizález

@infocracia

A mediados de octubre, se dio a conocer el reporte mundial que hace la ONG estadounidense Freedom House para evaluar la libertad en la red de Internet. Venezuela en el balance global, que incluye a 65 países, tiene el nada honroso lugar de encabezar la lista de los 5 países donde el retroceso de libertades fue mayor entre 2016 y 2020.

Venezuela se destaca por encima de Egipto, Filipinas, Ruanda y Kirguistán (la exrepública soviética). La fotografía que muestra este documento deja en evidencia una política de hegemonía y control sobre el acceso a Internet, sobre sus contenidos y la violación de los derechos de los usuarios. Por razones de espacio nos detendremos en el balance general sobre nuestro país y en el primero de los tres aspectos evaluados.

Freedom House se ha destacado por largas décadas gracias a su capacidad de monitorear y evaluar el estado de las libertades en todo el mundo. En los últimos años además de su reporte global sobre democracia y derechos civiles, ha generado este documento específico sobre las libertades en Internet.

La mención a Venezuela, por su fuerte contracción en materia de libertades digitales, se hace en el contexto global dado que es un caso llamativo, en este período que coincide con el endurecimiento del régimen de Nicolás Maduro. Pero al detenernos en el capítulo específico al país se hace una síntesis de este calibre:

“La libertad de Internet en Venezuela se deterioró aún más. La conectividad se vio interrumpida con frecuencia por fallas de infraestructura y los proveedores de servicios bloquearon temporalmente fuentes clave de noticias e información independientes durante momentos políticamente sensibles. Los reporteros independientes, muchos de los cuales trabajan en línea, mostraron signos de una creciente autocensura, mientras que varios medios fueron víctimas de ciberataques. La vigilancia estatal siguió siendo desenfrenada, incluso a través de la asistencia de empresas de telecomunicaciones”.

Este párrafo que hemos traducido textualmente del reporte original, refleja sin ambages el clima de restricciones, controles y censura que priva en el país. Todo ello, sin duda, es el telón de fondo de una sociedad que vive en desinformación. Esto no ocurre por azar. El poder no quiere ciudadanos informados.

Un aspecto concomitante a la política de control es la severa crisis de los servicios, en particular la electricidad y el propio Internet. El informe, que evalúa un año, entre mediados de 2019 y mayo de 2020, establece que la vida cotidiana de los venezolanos está signada por fallas frecuentes en el servicio de Internet y conexiones de mala calidad, junto a una serie de apagones importantes.

Aunado  a esto, está el bloqueo como tal de contenidos. En este período de análisis hecho por Freedom House se bloquearon localmente las plataformas tecnológicas de redes sociales (YouTube, Instagram, etc.) durante momentos políticamente delicados. Básicamente el régimen de Maduro ha buscado a toda costa que los venezolanos de a pie no puedan acceder a los mensajes y alocuciones del presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó.

Un aspecto que ha terminado siendo muy llamativo para cualquier observador foráneo, tiene que ver con la existencia de apagones prolongados, sin previo aviso y sin ser parte de un programa formal de racionamiento eléctrico. Esto ha tenido un correlato muy claro en la circulación de información y en la comunicación interpersonal de los venezolanos. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2020 tuvo lugar un apagón de envergadura que terminó desactivando el 35 por ciento de la infraestructura de telecomunicaciones del país durante varias horas.

Junto a los apagones que arropan a varias zonas de Venezuela, en todas las ciudades importante del occidente ocurren cortes eléctricos diarios. Y más allá de las grandes zonas urbanas, la falta de electricidad y de conectividad se vive de forma aún más cruda. Freedom House resalta que en marzo de este año unas 100 familias de un barrio del estado Portuguesa reportaron un apagón de al menos dos semanas.

La llegada de la pandemia por COVID-19 en Venezuela sencillamente agudizó la crisis en la ya precaria conectividad a Internet. La demanda supera la oferta. Empresas del sector como Movistar han admitido que están trabajando a su máxima capacidad, sin que esto sea garantía de un servicio satisfactorio para la población.

Citando cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solamente 46,6 por ciento de los hogares tenían acceso a Internet en el hogar, mientras que el 63,8 por ciento lo tenía a través de teléfonos móviles. De los que acceden a Internet a través de teléfonos móviles, casi el 60 por ciento de los usuarios considera que la calidad del servicio de Internet móvil es muy deficiente, al punto que más del 40 por ciento había experimentado fallas diarias en el servicio.

Otro aspecto no menor: el país está atravesado por una crisis generalizada de los servicios eléctrico y de Internet, y esto impacta directamente en la capacidad de los ciudadanos para acceder a información independiente o distinta a la que brinda el gobierno. Pero a esto se suma una brecha geográfica significativa en el acceso a la red.

Según cifras oficiales del segundo trimestre de 2019, y acá citaré textualmente lo que indica el informe de Freedom House, las mayores tasas de uso de Internet se concentraron en el Distrito Capital y estados de la costa norte más desarrollados, como Miranda, Aragua y Carabobo. El estado de Amazonas, que tiene una alta población indígena, solo alcanzó el 18 por ciento de penetración.

También hay desigualdad en las velocidades disponibles. Si bien en Caracas se registraron velocidades de hasta 2.9 Mbps al inicio de 2019, ni siquiera llegaron a 1 Mbps en los estados de Apure, Barinas, Delta Amacuro, Falcón, Mérida y Portuguesa. La brecha es clara y es además intencional. En esos estados desconectados,  el chavismo sigue teniendo un peso determinante en la vida política local.

La política de censura y control, como parte sustantiva del modelo político en Venezuela, ayuda claramente al sostenimiento del chavismo en el poder. Es difícil imaginar que el esquema de desinformación impuesto a la sociedad pueda cesar antes de que ocurra un cambio político democratizador en el país.

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