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Coronavirus, democracia y liberalismo

Foto: EFE

Ángel E. Álvarez

Director de Urgent Action for Democracy and Development


Cerré mi artículo anterior preguntándome si la combinación de problemas internos de los países democráticos con un ambiente adverso estaba creando una “tormenta perfecta”, que pudiera llevarse consigo los avances democráticos y favorecer la profundización de tendencias autoritarias. Hoy profundizaré en uno de los problemas del ambiente (es decir, no intrínsecamente políticos) que afecta en este momento la problemática relación entre libertad y democracia.

Dejemos de lado las especulaciones acerca de si el orthocoronavirinae, causante de la enfermedad de COVID-19 o simplemente coronavirus, fue o no creado intencionalmente para minar la democracia. La carencia de información confiable al respecto abre las puertas a un debate que, aunque ha sido políticamente explotado con cierta eficacia por algunos, está muy lejos de conducir a ninguna conclusión académicamente relevante.

Sea cual haya sido el origen del virus que causa la enfermedad, lo importante es que el COVID-19 está poniendo a prueba los fundamentos de la democracia y de la libertad, incluso en países en los que hasta hace poco se suponía que tales bases institucionales y normativas estaban tan asentadas como para ser invulnerables, incluso a los más agrios debates políticos y conflictos sociales. La devastación financiara de los negocios obligados a cerrar para reducir los contagios, que se traduce finalmente en  desempleo y contracción económica; el aumento de los problemas de salud mental asociados al aislamiento, a las horas y semanas de confluencia en el mismo espacio de las tareas domésticas, los estudios y el trabajo; el incremento de los riesgos de consumo de substancias psicoactivas, de problemas de pareja y conflictos familiares;  la interrupción de procedimientos médicos electivos, con efectos sobre la salud pública y la economía; el riesgo continuo para los trabajadores esenciales de salud y seguridad. Son factores que generan un gran efecto biológico, psicológico y social, que probablemente esté teniendo y produzca en el futuro cambios importantes en el modo de relacionamiento político entre el Estado y la sociedad.

Una crisis de menor proporción, como la caída de las Twin Towers en Manhattan y el ataque al Pentágono en 2001, trajo como consecuencia un incremento de las medidas de control y vigilancia que se tradujeron en un severo incremento de la capacidad del gobierno de inmiscuirse en las comunicaciones privadas y en la reducción de la libertad personal. Abordar un avión ya más nunca fue lo mismo. Las inspecciones minuciosas y consumidoras de tiempo personal en los aeropuertos fueron las medidas más notorias y tal vez más entusiastas o resignadamente aceptadas por los ciudadanos como una concesión de libertad privada en aras de la seguridad pública. Estas no fueron, sin embargo, las restricciones más importantes de la libertad en países democráticos. Entre las más graves consecuencias está el ejercicio del poder policial del Estado para indagar la vida privada de los ciudadanos, sus comunicaciones electrónicas y de cualquier otro tipo, y sus interacciones personales bajo el supuesto totalmente iliberal de que cualquier persona es potencialmente sospechosa de terrorismo y puede ser secretamente investigada. Se han legalizado así en los Estados de los países democráticos prácticas que, durante la guerra fría, fueron vistas como señales terribles de restricción de la libertad en países totalitarios. La resistencia de la sociedad ante la expansión del poder de control y limitación de las libertades privadas ha sido no solo escasa e infrecuente, sino totalmente inefectiva.

Demás está decir que este artículo no clama por la desprotección de los aeropuertos o la suspensión de las actividades de investigación de las agencias antiterroristas de los países democráticos. Léaseme bien, por favor. Este no es un artículo que pretenda denunciar o expresar preferencias valorativas. Se señala lo anteriormente dicho y se hablará de las restricción de libertades como efecto de la pandemia global con el propósito puramente descriptivo de ilustrar una tendencia que parece generalizada e irreversible: el fin de la democracia liberal, el fortalecimiento del Estado policial y, tal vez, la preeminencia de la forma democrática más clásicamente temida por los teóricos: la tiranía de la mayoría.

El problema actual no es nuevo. Ha estado en la teoría democrática por siglos sin que se haya conseguido una solución satisfactoria al dilema entre libertad privada y seguridad pública. Los totalitarismos resuelven el problema reduciendo el primer término a su mínimo. El dilema es, entonces, esencial a lo que hoy en día llamamos democracia. Siendo que el gobierno electo directa o indirectamente por la mayoría tiene lugar en el marco institucional del Estado moderno, el dilema de tal forma de gobierno está en a qué elemento del Estado somete primordialmente sus actos: al principio liberal de protección de los derechos individuales frente a la mayoría que le eligió o al principio democrático de provisión de bienes colectivos, como la seguridad, que demanda o respalda la mayoría de sus votantes.  

El COVID-19 replantea este crónico dilema de una manera agudizada.  De un lado, los gobiernos democráticos han implementado medidas para mantener el funcionamiento de la sociedad, reducir el riesgo de colapso de los sistemas de salud pública debido a la expansión del virus mediante la limitación de libertades privadas. Apoyar a los sectores devastados de la economía a costa del erario púbico mientras se limita la propagación del coronavirus, es clave para navegar la pandemia hasta que haya una vacuna segura y eficaz.

Dos metas importantes para los administradores de la salud pública consisten en reducir la velocidad del contagio y la cantidad de personas contagiadas, especialmente de aquellas en las que la enfermedad causa más daño y, por tanto, más costos directos (por hospitalización, uso de insumos y administración de medicamentos) e indirectos (por disminución de la productividad). Para lograrlas, el gobierno impone restricciones a las libertades de comercio y a los derechos de reunión, movilización y empleo; exige distanciamiento social, reduce los viajes y desplazamientos a los considerados esenciales; impone cierre de negocios privados o reduce severamente la afluencia de clientes; impone el uso de mascarillas, suspende o reduce las actividades escolares y gasta ingentes cantidades de dinero público en pruebas de laboratorio y en la financiación de la investigación y compra anticipada de vacunas.  

Las medidas de los gobiernos democráticos han generado descontento y resistencias del público a medida que avanza la pandemia. Grupos antimáscara, antivacunas, los desempleados por consecuencia de la paralización económica, pequeños y medianos empresarios que enfrentan costos crecientes y ventas decreciente, entre otros grupos afectados por la medidas de salud pública, han protestado y manifestado públicamente y han expresado respaldo a los políticos que se oponen a las restricciones. No obstante, la resistencia ha resultado inefectiva no solo por ser minoritaria sino por el peso de dos factores que pesan sobre la mayoría: el miedo (a enfermar y morir) y la desconfianza.

Ni el miedo a la muerte ni la desconfianza en el prójimo son sembrados. Son resultados explicables de una pandemia que no discrimina a sus víctimas, aunque algunos sean más proclives que otros al contagio y a sufrir los efectos más severo de la enfermedad. Las tesis conspirativas de algunos, que creen que el virus se introdujo en medio de una guerra biológica-económica y/o que los gobiernos han usado al virus como coartada para avanzar planes de control y regulación, carecen por completo de base empírica. Sea cual sea su origen, el orthocoronavirinae está presente, hay millones de personas contagiadas en cada país, muchas de ellas han muerto y muchas más padecen condiciones de salud precarizadas que nadie sabe si serán crónicas y devastadoras. Es sabido que el vector principal de la enfermedad somos los humanos.  La forma más común y mejor conocida de contagio es otro ser humano sintomático y, peor aún, asintomático en muchos casos. En consecuencia, el miedo a la enfermedad y la desconfianza en cualquiera otro que pueda ser visto como potencial amenaza, están allí objetivamente y tienen consecuencias subjetivas de importancia que afectan las preferencias y tomas de decisiones de la mayoría de las personas.

La democracia no puede sustentarse en el miedo y la desconfianza. Por el contrario, la democracia (y su contraparte, el mercado) supone que el ciudadano toma riesgos calculados y confia en aquellos con los que interactúa. El riesgo y la confianza interpersonal son condiciones endógenas al ejercicio de la libertad. Por el contrario, el miedo y la desconfianza son condiciones exógenas que favorecen el autoritarismo. Desde la teoría hobbesiana del estado de naturaleza, la ciencia política ha tenido claro que en el origen social de las autocracias está el miedo a la muerte inminente y la desconfianza interpersonal.

La democracia estaba en reflujo antes de la pandemia. Las actuales condiciones favorecen las medidas de restricción de la libertad que, para muchos, resultan inevitables y socialmente deseables. Para muchos otros pueden ser limitaciones pasajeras que buscan proteger al público. Está por verse que así vaya a ser. Lo que sí se sabe es que, en el contexto actual, la libertad individual se está tornando en un estorbo para la eficacia de las medidas que dan seguridad y salud pública. Tal vez, sin que sea un plan ni diseño preconcebido, el resultado a futuro sea un mundo menos libre con gobiernos más autoritarios, aunque democráticamente electos. La democracia podría estar ahogando al liberalismo.

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