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Estados Unidos y la crisis venezolana

Foto: Twitter (@CarlosVecchio)

Félix Arellano


Los retos en materia de política exterior para la nueva administración en los Estados Unidos son múltiples y complejos y, entre ellos, la revisión de la estrategia de máxima presión que se está aplicando frente a la crisis en Venezuela, se presenta como una prioridad. A los fines de la reflexión que debe desarrollarse sobre el tema, resulta fundamental, en primer lugar, reconocer la activa y creativa actuación del presidente Donald Trump y su equipo, en particular la  persistencia. Por otra parte, también es digno de resaltar el hecho de que el caso venezolano ha contado con el apoyo permanente de los dos partidos, republicano y demócrata.

Precisamente, en reconocimiento a la labor que se viene desarrollando sobre el caso venezolano, es que resulta conveniente realizar una reflexión y evaluación, toda vez que la estrategia de máxima presión pareciera agotarse, presenta debilidades y algunas contradicciones.

Recordemos que al iniciar el gobierno Donald Trump se generó una fuerte tendencia sobre una posible salida quirúrgica, rápida y fácil, fundamentada, en gran medida, en el célebre comentario del presidente: “todas las opciones están sobre la mesa”. Luego, el asesor de seguridad nacional, en los primeros meses de gobierno, el señor John Bolton, fue más explícito en la promoción de una salida dura, de carácter militar, lo que fortaleció las expectativas de grupos radicales de la oposición democrática venezolana.

En esa primera fase también se observaron algunas divergencias, particularmente en las declaraciones que emitían diversos voceros de las distintas instituciones del gobierno federal, vinculadas al caso venezolano; de hecho, se apreciaban contradicciones, entre la posición más prudente del Departamento de Estado y el tono más agresivo del asesor de seguridad, e incluso de la Casa Blanca.

Pero la tesis de la salida dura y rápida, entraba en contradicción con el discurso de Donald Trump en la campaña electoral, que rechazaba la presencia militar de los Estados Unidos en el mundo, y los costos humanos y económicos que  representaban para su país. Por otra parte, también circulaba información sobre las objeciones dentro del Pentágono, los críticos la consideraban una opción riesgosa y, en ningún caso, rápida y fácil.

Junto a las ambigüedades en el discurso, otro tema sensible en el manejo del caso venezolano, ha sido la débil coordinación con el resto de países democráticos que han compartido la lucha por el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Más de 50 gobiernos en el mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, pero no se logra implementar una adecuada estrategia con la diversidad de gobiernos, organizaciones internacionales, partidos políticos, que apoyan la causa venezolana; en particular, con el Grupo de Lima en nuestra región y el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, conformado expresamente para el manejo del caso venezolano.

En el contexto de las complejidades del proceso, es importante observar que el gobierno de los Estados Unidos fortaleció la estrategia de máxima presión, con la aplicación de sanciones económicas y financieras, que se sumaron a las sanciones personales, todas orientadas a debilitar y dividir el bloque en el poder; con el objeto de lograr una salida pacífica, con un gobierno de transición. Ahora bien, en la práctica no se aprecian mayores avances en el logro del objetivo y, por otra parte, no se ha trabajado efectivamente y en coordinación con otros países para lograr una presión más intensa.

Tampoco se ha logrado coordinación con los países que promueven acciones más flexibles, como los mecanismos de mediación. En efecto, es importante destacar que no se apreció el apoyo adecuado en la estrategia de Estados Unidos, a la importante labor de mediación que desarrolló el Reino de Noruega. Adicionalmente, se requiere una mayor creatividad en el  manejo de los incentivos, facilidades de salida, que también pueden contribuir a generar fisuras en el bloque en el poder.

En el contexto de la estrategia de máxima presión es importante reflexionar sobre el papel de las sanciones. Como hemos podido observar es un instrumento que se está utilizando con mayor intensidad, las medidas se han incrementado en tiempo. A las sanciones personales, que han adoptado varios gobiernos, luego se sumaron las sanciones económicas, particularmente financieras aplicadas exclusivamente por el gobierno de los Estados Unidos. Es evidente que las sanciones secundarias han generado un impacto, pero el bloque en el poder ha trabajado activamente con sus aliados para encontrar formas de evadirlas, también ha desarrollado una narrativa de manipulación frente a los sectores populares.

En este contexto, todo pareciera indicar que la extensión en el tiempo del uso de las sanciones resulta paradójico y  van perdiendo efectividad. En la medida que las sanciones no se articulen coherentemente en una estrategia, como un recurso de presión, se van convirtiendo en un fin en sí mismo y pueden reproducir el caso cubano, donde las sanciones han contribuido a consolidar la dictadura. En estos momentos un aspecto que se debería evaluar tiene que ver con el impacto de las sanciones económicas en la crisis humanitaria compleja que vive el país y que se está potenciando con los efectos sociales perversos de la pandemia del Covid-19.

Ahora bien, luego de un tiempo de ambigüedades, finalmente el Departamento de Estado presentó una hoja de ruta para una salida pacífica y democrática en Venezuela, utilizando varios de los temas que se trabajaron en la fracasada mediación de Noruega. Adicionalmente, el asesor Elliott Abrams ha enfatizado que la salida es pacífica y democrática, pero sigue siendo deficiente la coordinación con los otros gobiernos para lograr una presión más articulada y fuerte.

Otro frente que requiere de mayor atención tiene que ver con el trabajo de los países que apoyan el bloque en el poder y facilitan la evasión de las sanciones, como Rusia, China, Irán y Cuba. Frente a estos países radicales y antisistema, la Unión Europea u otros gobiernos como México, Argentina, incluso el Vaticano, podrían apoyar informalmente, creando puentes y conexiones subterráneas que sirvan de presión en Miraflores.

Son varios los temas que requieren de reflexión y revisión, y en estos momentos pudiéramos agregar en la agenda de la comunidad internacional, su potencial apoyo para lograr una mayor coordinación entre las diversas tendencias que se presentan en nuestra oposición democrática. Es evidente que sin organización y unidad,  la capacidad de acción de la oposición democrática se limita sensiblemente y pierde liderazgo, no olvidemos que le debería corresponder el papel del director de orquesta,  que articula todos los actores y las acciones.

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