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A propósito de Europa

Foto: EFE

Elsa Cardozo


Durante el mes de enero las posiciones, debates y  declaraciones desde la Unión Europea sobre Venezuela evidencian que no se deja de atender una crisis que, comenzando el año 2021, se presenta cada vez más aguda en el terreno institucional, con la instalación de una Asamblea Nacional de facto, en medio del sofoco incesante de libertades e iniciativas ciudadanas y en un entorno socioeconómico de aceleración de un descalabro material y humanitario que no parece tener límites. La continuidad de la preocupación por Venezuela, pese a los muchos otros temas y urgencias de las agendas de los países miembros y de la Unión como tal, se evidencia en la declaración del Alto Representante para la Política Exterior y de seguridad Común, Josep Borrell, del 6 de enero y lo dicho durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo del 19 de enero, así como en la resolución de la Eurocámara  del 21 y, cuatro días después, la Declaración sobre Venezuela del Consejo de Asuntos Exteriores. Estos textos son material de mucho interés para evaluar la conjunción de posiciones, acuerdos y  desacuerdos europeos pero, sobre todo, para ponderar la oportunidad de mejor articulación entre las preocupaciones e iniciativas internacionales ante la crisis venezolana y, mucho más importante, la de los esfuerzos nacionales adentro y hacia afuera.

  1. Sobre las posiciones y las propuestas de Europa.

La exposición de Borrell del 19 de enero sobre Venezuela -en el marco más general de sus palabras sobre el conjunto de la política externa y de seguridad y sobre Latinoamérica y el Caribe– sigue lo planteado el 6 de enero en nombre del Consejo, instancia que lo  reiteró el 25 por consenso, dada la unanimidad que requieren sus decisiones que  son las que definen la posición de la Unión en su política exterior y de seguridad común. Por otra parte, en las intervenciones de los eurodiputados durante la sesión de la plenaria el 19 de enero fueron expresadas las posiciones de los grupos políticos que componen el Parlamento; el acuerdo mayoritario quedó escrito en su resolución sobre la situación de Venezuela del 21 de enero aprobada con 391 votos a favor, 114 en contra y 177 abstenciones.

En ese marco institucional, entre las posiciones del Consejo y las del Parlamento vuelve a haber divergencias importantes. Siendo el primero una instancia que decide a partir de los denominadores comunes en las posiciones de los gobiernos y el segundo un ámbito de deliberación política, el contraste más importante vuelve a ser -como lo ha sido desde enero de 2019- la cuestión del reconocimiento. Entonces,  ante la conclusión del período presidencial y el acto de juramentación de Nicolás Maduro para dar inicio a un nuevo mandato, el Consejo y el Parlamento reiteraron su desconocimiento de la legitimidad de la elección presidencial de mayo de 2018. Ambos reiteraron su reconocimiento a la Asamblea Nacional como instancia legítima, pero solo el Parlamento reconoció el mandato interino de Juan Guaidó,  mientras que  el Consejo no lo hizo por falta de unanimidad.  Sin embargo, la mayoría de los gobiernos europeos (25 de 27, más el Reino Unido) lo reconocieron por separado.  Ahora, el reconocimiento vuelve a ser el más visible desacuerdo en una situación institucionalmente más compleja ante la cual  aunque ambas instancias, Consejo y Parlamento, desconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero, solo el Parlamento reitera su reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015, su Comisión Delegada, y al presidente del legítimo Poder Legislativo, Juan Guaidó, como presidente interino.

Los europarlamentarios, a partir de un amplio diagnóstico sobre las dimensiones de una crisis que se agudiza en todas sus manifestaciones, a la vez que hace llamados internacionales para que se atienda integralmente, reconocen lo indispensable de un proceso político pacífico y democrático que incluya la recuperación de elecciones presidenciales,  parlamentarias, regionales y locales libres, íntegras, con garantías y observación internacional objetiva.

El Consejo, por su parte -más expresamente dicho en las declaraciones de Borrell ante el Parlamento- considera a los diputados elegidos en 2015, con especial mención de Guaidó, como actores importantes e interlocutores privilegiados por cuyos derechos y seguridad se compromete a velar en tanto que los alienta a asumir una posición unitaria con miras a fortalecerse, junto a la sociedad civil, para escenarios de diálogo y negociación.

2. Los asuntos y el potencial de concertación internacional.

Tanto el Consejo y el Alto Representante como el Parlamento han insistido en la importancia de articular esfuerzos ante la crisis venezolana -en lo que es particularmente precisa la resolución de los eurodiputados- vista la degradación de la situación política junto a la severidad de la emergencia humanitaria, agudizada por la pandemia, las medidas contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la insuficiencia de financiamiento para atender la emergencia,  el agravamiento de la crisis migratoria, los más de tres centenares de presos políticos y las amenazas y acciones contra los diputados y la dirigencia democrática.

Es común el reconocimiento de las implicaciones internacionales humanitarias, socioeconómicas y de seguridad que tiene el desbordamiento de la crisis venezolana.  En esa situación, que también han venido asomando las declaraciones del Consejo muy escuetamente, se ha venido proponiendo con especial insistencia, desde finales de 2020, la necesidad de acercamiento de enfoques y la coordinación de iniciativas entre Europa y el nuevo gobierno de Estados Unidos, y a la vez, entre el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima. El potencial y el interés del reacercamiento entre Bruselas y Washington son de mucha relevancia, como desde la perspectiva europea se lee en la Agenda de la Unión Europea y Estados Unidos para el Cambio Global presentada en diciembre por el Alto Representante. Allí, en expresa referencia a Venezuela, se propone “hacer buen uso de todos los instrumentos disponibles. Para ese propósito buscaremos ampliar la coordinación sobre el uso de las sanciones incluyendo la búsqueda de objetivos compartidos, evitando mientras tanto consecuencia no intencionadas para los intereses económicos de Europa y Estados Unidos y la utilización unilateral de sanciones extraterritoriales”. Hay algunas pistas sobre la orientación de la política del gobierno de Biden hacia Venezuela, valga como indicativa la declaración de Antony Blinken, en la Audiencia de Confirmación en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado; son pistas que también se leen en el reconocimiento de Borrell de que Estados Unidos es un socio indispensable. Con todo, es de esperar que en la coordinación de enfoques e iniciativas sobre Venezuela también se haga presente la orientación tan insistentemente recordada por el propio Alto Representante y la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre la búsqueda europea de autonomía estratégica;  así se ha reafirmado en materia económica en un documento de los mismos días de la Plenaria de la Eurocámara, en un entorno de recesión, problemas propios y competencia geopolítica que puede frenar a las mejores voluntades de los dos lados del Atlántico. En suma, por prometedora, urgente y necesaria que parezca la disposición trasatlántica para causas internacionales fundamentales -sanitaria, climática, de seguridad, económica, de defensa de las democracias y protección de los derechos humanos, de fortalecimiento del Estado de derecho y del derecho y las instituciones internacionales- no fluirá naturalmente en general ni en relación con Venezuela. 

3. Mensajes a la articulación desde adentro.

En lo dicho y divulgado desde las más altas instancias del sistema europeo no solo hay reafirmación de preocupaciones, denuncias y propuestas, sino mensajes que conviene analizar en beneficio de la recuperación de Venezuela.

Lo primero, es que se reconoce una crisis, agudizada y extendida más allá del tiempo que se proyectaba entre comienzos de 2019  y mediados de 2020, con pérdida de Estado, la incesante represión y las crecientes penurias, por un lado, y por el otro, el papel importante que la geopolítica sigue teniendo para su prolongación o su solución. A la vez, hay un reclamo de concertación a los actores políticos democráticos y también a los de la sociedad civil para prepararse, fortalecerse socialmente para una faena que no es sencilla ni breve, en la que el apoyo externo solo será útil al engranarse con el empeño interior.

Desde Europa se reitera el convencimiento de que la solución de la crisis venezolana supone el desarrollo de condiciones y capacidades, organización y estrategia para construir la transición a la democracia con disposición y fortalezas para negociar acuerdos. Se insiste en que esa solución pasa por la realización de elecciones libres -en todos los niveles- pero que una transición no se agota en el momento electoral y supone, antes y después, la construcción de un pacto amplio, incluyente que, valga añadir, debe estar dotado de planes, proyectos y recursos. Esta perspectiva, compartida en el lado europeo, está resumidamente presente en las pistas que se van sumando en Washington. Lo anterior conduce de nuevo al apoyo externo. Dijo Borrell ante el Parlamento que no hay transición sin pacto, sin amplitud, sin complejas y difíciles concesiones, pero -aparte de la comprensible exigencia de la mayor unidad democrática venezolana en propósitos y estrategias- tampoco hay transición sin la combinación de presión y persuasión y, desde luego, sin sólidas garantías internacionales. Para ello, ciertamente, deben sumarse las voluntades de Bruselas y Washington. La crisis se extiende y el régimen venezolano no pierde tiempo: reprimiendo,  apresurando y fragmentando diálogos muy lejanos a los que promueven los demócratas europeos. Por lo pronto, los mensajes y propuestas están sobre la mesa y es cuestión de estrategia democrática construir sobre todo lo que contribuya a fortalecer capacidades y articular iniciativas para alentar y aprovechar, desde su propia hoja de ruta, el potencial de la alineación democrática internacional que se perfila.

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