Opinión y análisis

Inhabilitaciones y expulsiones: dura realidad

FILE – In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro speaks at the Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration pushed back Tuesday, Sept. 2, 2020 on Maduro, saying he deserves no praise for releasing a few political prisoners ahead of a congressional election when many more remain unjustly jailed. (AP Photo/Matias Delacroix, File)

Trino Márquez

La relación de Nicolás Maduro con las elecciones es cada vez más tortuosa. En nada se parece a la visión de Fidel Castro cuando decía, con total cinismo, elecciones para qué. Maduro necesita  esos eventos. Requiere darle a su régimen autoritario, desprestigiado y aislado en el plano internacional, algunos visos de legalidad. Debe maquillarlo para que las verrugas no sean tan protuberantes. Su desapego de la Constitución no lo traduce en el desconocimiento total del texto. Allí aparecen  señalados algunos episodios electorales y, por lo tanto, no será él –garante de la legalidad- quien los desconozca. 

          El punto clave se encuentra en cómo convocar votaciones sin poner en riesgo la hegemonía del régimen, tal como sucedió con los comicios parlamentarios de 2015. Por un descuido injustificable, por ingenuidad o por exceso de confianza, la oposición unida en torno de la Mesa de la Unidad Democrática terminó apoderándose de dos tercios de la Asamblea Nacional. El desconcierto en las filas del oficialismo fue total. Cómo les había pasado eso a ellos, alumnos tutelados por los cubanos, maestros en el arte de permanecer inamovibles en el poder.

          A partir de esa amarga experiencia, el gobierno decidió que nunca más –salvo que factores muy poderosos se lo impusieran- permitiría elecciones cuyo triunfo no estuviese garantizado de antemano. A partir de esa premisa se ha ido moviendo en capas concéntricas: acabó con la tarjeta de la MUD, con la Asamblea Nacional de 2015, con los partidos y dirigentes políticos más incómodo a quienes encarceló o envió al exilio; les aplicó el alicate a los medios de comunicación impresos y a los digitalizados, aumentó la hegemonía comunicacional y perfeccionó los instrumentos de coerción, chantaje el intimidación. Esta fue la etapa de represión más burda.

          Desde hace algún tiempo pasó a una fase más refinada. Decidió crear su propia ‘oposición’, a la que invita a Miraflores a dialogar, con la que se reúne para designar los miembros del CNE y a la que llama ‘consciente y patriota’. Por cierto, que en esa ‘oposición’ tan perfumada, ya no se encuentra el Partido Comunista. Desde que comenzaró a criticar las políticas que ellos llaman ‘neoliberales’, los miembros del PCV -y de otras minúsculas agrupaciones- pasaron a ser parte de la ‘izquierda nostálgica’,  anclada en el pasado y dominada por dogmas que deben ser superados.

          La construcción de la oposición oficial se da en una doble dirección. Por un lado, se aniquila a las organizaciones y líderes más verticales;  y, por el otro, se encumbra  a los más dóciles. A los dispuestos a hacerse los desentendidos frente a la violación de los derechos humanos, o que no les importan los presos políticos, o enmudecen cuando se les pregunta por las inhabilitaciones.

          Formando parte de esta estrategia global, Maduro decidió inhabilitar para cualquier cargo de representación popular a los diputados electos en 2015. Sobre ellos pesa una condena de muchos años. Un buen número de ellos podrían ser legítimos aspirantes  a competir en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Ser parte de los candidatos que proponga la oposición en esos comicios. Algunos tendrían una alta probabilidad de triunfar en los estados o municipios donde decidan competir. El régimen les niega esa posibilidad. Los abanderados de la oposición serán aquellos que el gobierno decida. Aquellos que reciban el beneplácito de Maduro.

          La decisión del régimen enturbia aún más el panorama dentro de la oposición. Fortalece la postura de los abstencionistas. Estos podrán señalar, con razón, que el gobierno no puede ser el que decida quiénes serán los abanderados opositores.

          El sector democrático tendrá que encarar ese reto en condiciones muy adversas. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante, y las tensiones de Nicolás Maduro con el Parlamento Europeo, debilitan las posiciones democráticas dentro del país.  La corriente de simpatía que existe en el exterior y la fuerza que representa el respaldo internacional, a partir de ahora se verán todavía más reducidas. No existen mecanismos que puedan expresarlas y convertirlas en factores de presión para que el gobierno mejore las condiciones electorales.

          Sin la presencia de la delegación de la UE en territorio venezolano, la ya débil  incidencia europea en el panorama político nacional, tenderá a apagarse de forma más acelerada. Maduro se abrirá aún más a la influencia de sus aliados estratégicos: China, Rusia, Irán, Turquía y Cuba.

          Nada de extraño tendría que Maduro anunciara pronto las elecciones regionales y estas se realizaran mucho antes de finalizar 2021. El gobierno tomaría descolocada a la oposición y esta carecería de la capacidad para conquistar las condiciones mínimas que anulen el escepticismo interno, permitan la unidad y animen al electorado a ir a las urnas.  Dura realidad.

          @trinomarquezc

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