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La campaña contra las sanciones

Editorial

Tomada de TecnoHotel

Benigno Alarcón Deza

En las últimas semanas, la población ha sido sometida a nuevas incertidumbres como el aumento de casos de Covid-19 y un posible desabastecimiento de alimentos y medicinas ante la escasez de diésel. Si bien es cierto que hay problemas de producción del combustible, hay soluciones que están al alcance del gobierno como la importación, tal y como ocurrió en su momento con la gasolina. Sin embargo, el régimen pareciera transferir los costos de las sanciones a la población, como parte de una campaña contra la comunidad internacional para que se levanten las sanciones.


Definitivamente la incertidumbre, los sobresaltos y el miedo se han convertido en compañeros inseparables de los ciudadanos venezolanos en las últimas dos décadas. Como si fuera poca la crisis que generó la reducción en un 84% de la economía, una hiperinflación de las más agresivas y longevas de la humanidad, la drástica caída de los ingresos con el consecuente empobrecimiento a niveles críticos de casi un 90% de la población, la migración de 5,4 millones de personas, se suma, desde marzo de 2020, una cuarentena tras la aparición del Covid-19, que llevó a un mayor descenso de la producción nacional, pérdida de empleos, destrucción del sistema educativo y mayor deterioro de la red de salud pública nacional, entre otras cosas.

Ahora, iniciando el 2021, cuando algunos países comienzan a normalizar sus vidas un año después de la aparición de la pandemia gracias a los procesos de vacunación masiva y una mejor comprensión de los mecanismos de transmisión y tratamiento de la enfermedad, Venezuela podría estar entrando en su peor etapa por la aparición de lo que se ha llamado la variante brasileña, en medio de la reciente amenaza de una grave escasez de alimentos y medicinas como consecuencia de la desaparición del diésel, combustible fundamental para movilizar a más de la mitad del transporte público, así como de alimentos y medicinas.

Esta situación de escasez de diésel en el país se ha venido presentando desde finales del año pasado, básicamente porque la destrucción de las refinerías disminuyó drásticamente la producción no sólo de gasolina, sino también del  combustible destinado al transporte de carga y pasajeros. Siendo así, llama la atención la actitud pasiva del gobierno, que es distinta a la asumida ante la escasez de gasolina, cuando buscó resolver por cualquier medio  restablecer el suministro.

La realidad es que el gobierno tiene ingresos que duplican a los del año pasado cuando se presentó la crisis de la gasolina, la producción petrolera interna pasó de 400 mil barriles diarios el año pasado a unos 700 mil barriles diarios para este año, con el agregado de que el precio del petróleo subió en el mercado internacional, lo que ha permitido que en el primer trimestre de 2021, los ingresos asciendan a unos $3.000 millones, lo que representa un incremento de más de 100% con respecto a los $1.400 millones del mismo lapso en 2020.

Más allá de las razones de producción o financieras, la situación del diésel ha sumando una pieza más a una campaña bien orquestada desde dentro y fuera del país que busca agregar a otros sectores, más allá del gobierno, en un intento por lograr el levantamiento de las sanciones responsabilizándolas de la crisis, asegurando que todo está destruido, que no hay combustible ni vacunas “porque estamos sancionados”. A modo de ejemplo habría que considerar que adquirir 40 millones de vacunas tendría un costo aproximado de $ 1.000 millones (incluyendo la logística de transporte y cadena de frío). Eso representa apenas un 1/8 de los ingresos de Venezuela este año. Sin embargo, el gobierno ha sido pasivo en la búsqueda de soluciones a estos problemas y eso pareciera apuntar a una instrumentalización de la crisis para potenciar la campaña anti-sanciones.

Si bien el tema de las sanciones debe ser revisado, tomando en cuenta las implicaciones que puedan tener sobre la crisis humanitaria, no se debe perder de vista que éstas son una herramienta de uso común en la política internacional y han sido el punto de apalancamiento de la comunidad internacional para presionar por una negociación de condiciones que permitan una apertura democrática en Venezuela, por lo que su retiro luce muy poco probable.

La postulación de rectores al Consejo Nacional Electoral

Mientras el gobierno sigue tratando de zafarse de las sanciones y avanza hacia unas nuevas elecciones de gobernadores y alcaldes, el pasado martes sorprendió el anuncio sobre la extensión del lapso de postulaciones para candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según algunos analistas, esta prórroga responde a la propuesta presentada por la delegación Noruega que, en su visita al país, habría planteado esta posibilidad con la finalidad de evitar que la designación del nuevo tren directivo del Consejo Nacional Electoral se convierta en una traba más para futuras negociaciones que apunten hacia un acuerdo integral que solucione la crisis política. Para ello se está tratando que las universidades, aún sin cumplir con el requisito legal de ser universidades nacionales, a través de sus facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, postulen nuevos candidatos. Se especula, además, que la propuesta implicaría la inclusión de un candidato a rector que represente a los partidos principales de la oposición (G4), uno por los partidos de la Mesa Nacional de Diálogo que participaron en la elección parlamentaria de 2020, y que la presidencia sea ejercida por un rector que, en caso de que provenga del chavismo, cuente con la aprobación de la oposición. El propósito sería aumentar la legitimidad interna y externa del CNE.

La realidad es que, más allá de lo que pareciera ser wishful thinking, no contamos con alguna evidencia que dé fundamento a estas especulaciones y vemos muy poco probable que el régimen, con el control de más del 90% de la Asamblea Nacional, esté dispuesto a correr el riesgo de permitir la conformación de un organismo electoral imparcial que tendría la responsabilidad de manejar procesos que resultan trascendentales para su sobrevivencia, como es el caso de las elecciones regionales, municipales y presidenciales durante los próximos tres años. Resulta incluso cuesta arriba pensar que el gobierno permitirá que haya 3 rectores oficialistas y 2 de la oposición, por el riesgo que conlleva el cambio de posición de tan solo uno de los rectores.

¿Hacia el esquema nigeriano?

Más allá de lo que finalmente pueda lograrse en materia de un árbitro electoral “más potable”, es pertinente ubicarse en los diferentes escenarios que podrían conducir al necesario cambio político en Venezuela.

En este sentido, las oportunidades para la acción internacional se presentan distintas a las de años anteriores en cuanto a la posibilidad de coordinar acciones entre los Estados Unidos, Europa y otras democracias. Asimismo, Venezuela ya no se presenta como un centro neurálgico de la geopolítica mundial, sin dejar de reconocer los intereses de países como Rusia y China, para los que Venezuela podría constituir una especie de trofeo geopolítico. La multilateralidad, con una mayor coordinación entre los Estados Unidos y Europa, y el apoyo a la mediación noruega, pueden constituirse en fortalezas importantes para la democratización del país, siempre y cuando exista una estrecha cooperación y sincronización entre éstas y el liderazgo nacional.

De imponerse el esquema de negociaciones directas sectoriales ajenas a la búsqueda de una solución política en el que intenta avanzar el régimen, y no fortalecerse la vía de la mediación internacional para lograr un acuerdo integral, se corre el riesgo de que en Venezuela se imponga un esquema similar al de países como Nigeria o Zimbabue, puesto que se observa un paralelismo con las dictaduras del siglo XX como las de Trujillo en República Dominicana y la de Somoza en Nicaragua. En estos casos se crean economías de enclave, con élites políticas y económicas elegidas y controladas por el régimen bajo una lógica político-clientelar, lo que fortalece un escenario de consolidación del autoritarismo.

Aunque algunos analistas no comparten la idea de que hay que descartar los acuerdos parciales, como incompatibles, queda por ver si los intentos actuales que desde diferentes iniciativas de negociación con el gobierno se llevan adelante  terminan por producir algún avance concreto, como es deseable, aunque las circunstancias no parecen favorables para la materialización de un acuerdo político global que reinstitucionalice el país, sin el cual ninguno de los problemas económicos, sociales o humanitarios se resolverá de manera definitiva.

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