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Freno a las vacunas y a los acuerdos tempranos

Foto tomada de UH Noticias

Editorial

                                             Benigno Alarcón Deza

Pese a los efectos que está generando la falta de decisión en torno a la adquisición y uso de las vacunas necesarias para inmunizar a la población contra la COVID-19, el gobierno continúa avanzando en su estrategia de victimizarse alegando la falta de recursos, como supuesta consecuencia de las sanciones, para presionar por su levantamiento

La ruleta rusa de las vacunas

Mientras el gobierno sigue avanzando en su proceso de autocratización y estabilización política, se estima que más de 9,3 millones de venezolanos, según Naciones Unidas, vivirán este año en condiciones de inseguridad alimentaria como resultado de la crisis económica y social que vive el país y el proceso hiperinflacionario que se continúa desde 2017, a lo que se añaden los problemas de combustible y transporte que impactan en los precios de los alimentos y la actividad agrícola, y una nueva ola, mucho más agresiva que las anteriores, de la COVID-19; que nos alcanza sin que se haya hecho nada para contar con el acceso a los medicamentos y  la atención hospitalaria requerida, y, mucho menos, con las vacunas necesarias.

Cuando se estaba a punto de resolver el acceso a las vacunas, la cúpula gubernamental anunció que no aceptará el ingreso de las vacunas producidas por el laboratorio AstraZeneca, aprovechando las versiones sobre sus efectos secundarios para echar por tierra el acuerdo logrado para que Guaidó pagara la deuda con el programa COVAX, y así poner en marcha de manera inmediata un plan de vacunación supervisado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como consecuencia de esta decisión, Venezuela continúa sin concretar su entrada al sistema COVAX para acceder a más vacunas contra el COVID-19, mientras la Organización Panamericana de la Salud, que es el órgano regional de la OMS, reconoce que no maneja información independiente sobre el destino de las 750 mil dosis de la vacuna rusa (Sputnik-V) y china (Sinopharm) que han llegado al país hasta el momento.

Todo pareciera indicar que hay al menos cuatro motivaciones del lado del gobierno para ralentizar la solución al problema. La primera, y la más importante, la utilización de la carencia de vacunas como parte de una campaña, bien orquestada hacia dentro y fuera del país, que busca el levantamiento de las sanciones. La segunda, quitar todo protagonismo a la oposición, así como a cualquier actor distinto al gobierno, que pretenda compartir el crédito de la solución a lo que hoy es el asunto público más urgente del país. Tercero, el control de la vacuna por el gobierno para su distribución bajo una lógica de clientelismo político, una especie de Misión Vacuna. Y cuarto, usar los recursos disponibles para la adquisición de vacunas para favorecer a los países aliados del régimen.   

Ante la comunidad internacional –y también hacia lo interno- el gobierno ha argumentado que Venezuela no ha podido tener acceso a las vacunas porque no cuenta con los recursos para ello, dado que las sanciones se lo impiden. De hecho, la Cancillería venezolana ha montado una campaña, a través de las embajadas en el exterior, que apunta en esa dirección.

Pero la realidad es que el régimen pareciera contar con los recursos para adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a la población, de acuerdo con los análisis de varios expertos económicos que han venido señalando recientemente que el gobierno ha mejorado sus ingresos de manera sustancial. Según tales estimaciones, en febrero de este año las exportaciones de PDVSA aumentaron en el orden de los 732.000 barriles diarios, casi el doble de lo producido en 2020. Aunque estas cifras aún están muy lejos de los casi 2,5 millones de barriles diarios que producía el país hasta 2014, se espera que este año se obtengan ingresos por el orden de los 8.000 millones de dólares.

Por las mismas razones, y como era predecible, continúa sin haber resultados concretos del proceso de negociación que se inició a comienzos de este año entre el gobierno –representado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista- y organizaciones de la sociedad civil. De hecho, sobre el tema de las vacunas, Fedecámaras presentó públicamente una propuesta para adquirir 6 millones de vacunas, de las cuales 20% serían entregadas al gobierno para que las destinaran a la población más vulnerable, que hasta ahora ha sido ignorada.

No obstante, esta estrategia gubernamental de usar la ralentización de la vacunación  como mecanismo de presión para el levantamiento de las sanciones, no pareciera ser sostenible por mucho tiempo. El uso de la población amenazada por la pandemia contra las sanciones como si se tratara de una toma de rehenes resulta en una ruleta rusa que gira no solo contra la población, sino contra los mismos actores del régimen y quienes lo sostienen. En la medida que la pandemia avanza, en lo que parece ser una fase de crecimiento exponencial, más se complica para el régimen revertir las consecuencias de su decisión, tal como sucede en una toma de rehenes en la que mientras más personas son sacrificadas, menos se tiene con qué negociar y peores son las consecuencias posteriores.

Es por ello por lo que esta estrategia, de la cual se trata de sacar provecho, no es sostenible más allá de unas pocas semanas. La ola de contagios, al contrario de lo que cabía esperar, ha arreciado durante la actual cuarentena de 21 días, lo que es una muy mala señal. Si las vacunas no están en el país entre mayo y junio, para cuando se estima que podríamos estar en el pico de esta nueva ola, el régimen se encontrará con una situación mucho más complicada para el manejo de la crisis sanitaria.

Freno a los acuerdos tempranos

Otro de los temas cruciales este año es el proceso electoral que tendrá como objetivo central la escogencia de los nuevos alcaldes y gobernadores. Aquí también se observa que el gobierno, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, ha retrocedido en el momento en que tocaba materializar algunas concesiones. Es así como mientras actores de la comunidad internacional tratan de convencer al gobierno de que de lograrse cierto balance en la conformación del Consejo Nacional Electoral, se podría avanzar en la flexibilización de sanciones y en la construcción de una solución negociada, el régimen no da señales de aceptar la propuesta y las esperanzas de avanzar en lo político se diluyen progresivamente, por lo que los esfuerzos internacionales comienzan a privilegiar la atención a aquellos temas en los que sí pueden lograr algo: la vacunación y la crisis humanitaria.

Asimismo, dentro del gobierno también hay posiciones enfrentadas entre quienes se inclinan hacia un cambio de modelo económico, apertura y dolarización, y quienes ven el proceso desde una óptica clientelar. Entre estas pugnas también está el debate sobre la orientación del nuevo Consejo Nacional Electoral, que ha ralentizado el proceso de selección de las autoridades comiciales y la comunicación en torno al proceso.

Es así como mientras el régimen corta comunicaciones con el Foro Cívico, Fedecámaras y la Academia Nacional de Medicina, entre otros actores, como si se hubiera levantado una vez más de la mesa, impidiendo el avance de los acuerdos tempranos a los que estos sectores aspiraban, la estrategia gubernamental avanza logrando que sean muchos los actores y grupos que se encuentran negociando de manera separada, materializándose los problemas propios de coordinación colectiva explicado en editoriales anteriores.

El pasado martes, de manera sorpresiva, la alianza opositora liderada por lo que se ha conocido como el G4, conformado por los cuatro partidos mayoritarios de la oposición (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), acompañados de por otras seis organizaciones políticas, publicó un comunicado (https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1379585467423789060) en el que se anuncia la reconfiguración de la alianza unitaria alineada tras los objetivos de lograr medidas para la atención de la emergencia humanitaria y la realización de elecciones “libres, justas y verificables” que cuenten con observación internacional. Asimismo, se anuncia la adopción de un reglamento interno para la toma de decisiones.

Estas decisiones, sobre las que aún no se conoce mayor detalle, podrían constituirse en un avance de las definiciones que se esperaban desde principios de año, y sin las cuales resulta imposible la implementación de estrategia política alguna.

Cuarentena versus economía

Pero no solo los acuerdos tempranos se han frenado. En las últimas semanas, también se frenó lo que algunos han interpretado como un proceso de liberalización económica, mediante la aplicación de controles de precios, fiscalizaciones y retroceso en mecanismos para transar en divisas. A lo que ahora se agrega el efecto de las cuarentenas radicales como consecuencia del surgimiento de la cepa brasileña que está afectando seriamente a la población.

De hecho, en estos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una caída de la economía venezolana de un 10%. Firmas consultoras nacionales estimaban una reducción de -1% para 2021. Sin embargo, en este escenario de cuarentena, la disminución de la actividad económica podría ser aún mayor, con lo que queda completamente descartada la estimación recientemente anunciada por el Credit Suisse Bank, sobre un crecimiento de 4% para Venezuela en el presente año.

A modo de conclusión podríamos decir que…

Hoy en día, el principal reto para las políticas públicas del país es el plan de vacunación que se hace indispensable ante la nueva ola de contagios que comenzó a  hacerse evidente desde marzo, al tiempo que crece la angustia ante los confinamientos que limitan la posibilidad de generar ingresos para subsistir.

Sin embargo, el régimen pareciera priorizar el objetivo de lograr el levantamiento de las sanciones, a costa del sacrificio de un creciente número de contagios y de fallecimientos. Ésta pareciera ser una estrategia que se agotará en poco tiempo por el crecimiento exponencial de la pandemia, lo que implicaría un costo político y en recursos muy alto para el mismo régimen.

Los sectores económicos y cívicos, así como la dirigencia política, están llamados más que nunca a ejercer presión sobre el gobierno para que se importen las vacunas que cumplan con las certificaciones internacionales, conforme a  los protocolos  aprobados por la OMS, y se inicie en los próximos días un plan masivo de inmunización, en un proceso donde prevalezcan los criterios científicos y técnicos, lo cual es mucho más urgente cuando las capacidades hospitalarias han sido ya sobrepasadas con tendencia a empeorar. El régimen cuenta con recursos para la adquisición de vacunas, además de la posibilidad de acudir al sistema COVAX como lo han hecho los países de la región.

Finalmente, el liderazgo democrático debe despertar de su letargo, antes de que sea demasiado tarde, y alcanzar acuerdos sobre una estrategia realista que permita conectarse nuevamente con una población agobiada ante la compleja crisis política, social y económica que pareciera no tener fin. 

Categorías:Destacado, Editorial

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