Polítika UCAB

Las protestas en Colombia se han mantenido por 8 días consecutivos y persisten pese al retiro de la reforma tributaria, el detonante de las manifestaciones, el pasado 28 de abril.

De hecho, la madrugada de hoy  5 de mayo, Bogotá fue el epicentro de nuevas protestas en las que  la Alcaldía informó que un grupo de violentos intentó quemar vivos a efectivos policiales en una estación en el sur de la ciudad.

Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ascienden. La Defensoría del Pueblo, hasta el momento dice haber recibido 140 quejas por uso excesivo de la fuerza policial. Informó que en una semana ha habido 19 personas fallecidas, entre ellas un policía, y 85 desaparecidos. Otros reportes aseguran  que hay más de una veintena de muertes. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa registra 846 personas heridas: 540 policías y 306 civiles. E indica que se han abierto 29 investigaciones disciplinarias, 7 penales con la fiscalía y 5 por parte de la justicia penal militar, por denuncias de abuso de autoridad de la fuerza pública.

La ONG Temblores, que monitorea las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas, denunció “31 muertes de manifestantes a manos de la policía y más de 1400 casos de violencia policial, 814 detenciones arbitrarias, 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, y decenas de casos de desapariciones en el contexto de las movilizaciones».

El gobierno de Colombia anunció una  reforma económica que contemplaba el pago de impuestos a productos básicos de la canasta familiar, el incremento del precio de la gasolina, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta, un impuesto solidario para salarios altos, impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien renunció y fue sustituido por el economista  José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, alegó que la polémica reforma perseguía la obtención de  US$ 6.000 millones anuales para el mantenimiento de los programas sociales de asistencia a los más desprotegidos y afectados por la pandemia de covid-19.