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Agenda urbana en el nuevo contexto global y regional

Tomada de El Independiente

Crismary  Álvarez

El colapso global del sistema democrático y las consecuencias del COVID-19 nos obligan a repensar el mundo postpandemia, el municipio no puede ni debe abordarse desde un enfoque de gratis para todos

Hasta el mes marzo del año 2020, se estimaba que la Agenda 2030 regiría programas de desarrollo mundial en los próximos 10 años, pero  el nuevo contexto global y regional obliga a su revisión y adaptación, más, cuando atravesamos la peor crisis económica y social en décadas: efectos dañinos sobre el crecimiento, incremento de la pobreza, desempleo, insuficiencia de los sistemas sanitarios, atraso en legislación, pasividad gubernamental y crisis global del sistema democrático. En el mediano plazo, esta crisis provocará cambios estructurales en la organización de la producción, en el mercado de trabajo y en los sistemas financieros. En este contexto, las acciones gubernamentales contundentes son más esenciales que nunca para reconstruir sociedades más resilientes e inclusivas en la fase postpandémica.

Es una urgencia nacional evaluar la pertinencia y coherencia de las políticas públicas actuales. Hay reflexiones que deben hacerse, hablar de lo que no se hizo podría parecer fuera de lugar, pero, es un ejercicio imprescindible para evaluar el comportamiento de las distintas gestiones gubernamentales ante este episodio histórico. No podemos seguir debatiendo conceptos que están en desuso, el mundo va a velocidades altas y no tenemos un modelo de ciudad. Maxime, cuando lo que se viralizó, fue el espíritu hobbesiano del sálvese quien pueda.

Una ciudad, para ser habitable debe tener recursos para los ciudadanos, seguridad, zonas verdes, higiene, oferta comercial… pero, sobre todo, una fácil accesibilidad a todo ello. Por tanto, para implementar la agenda urbana en el territorio nacional, se debe comenzar por definir una política urbanística nacional que contemple un enfoque transversal, con incidencia en dos dimensiones:

  1. La formulación de políticas urbanas, marcos legales nacionales y corrección de deficiencias institucionales y de gobernabilidad.
  2. Reformas de sistemas de uso y gestión del suelo, movilización de recursos, coordinación y ensamblaje con políticas administrativas anticorrupción; y recuperación de activos, sistemas fiscales locales y prestación de servicios básicos bajo infraestructuras inteligentes.

La política urbana se define como un conjunto coordinado de decisiones políticas para planificar, financiar, desarrollar, administrar y mantener ciudades de todos los tamaños, a través de un proceso colaborativo de responsabilidad compartida dentro y en todos los niveles de gobierno, y basado en el compromiso multipartito de todos los actores urbanos relevantes, incluida la sociedad civil y el sector privado. Esta era de la digitalización que estamos transitando también requiere de una sociedad con conocimiento de este siglo; que entienda dos conceptos, el primero: la información que procede de personas, vehículos y edificios, en corto plazo, se transformará en políticas de administración, el segundo: toda propuesta de infraestructura debe cumplir con parámetros de autogestión bajo el uso de las energías renovables, como vértice para una sostenibilidad urbana, económica y ambiental.

Estructuración de una agenda urbana en Venezuela:

La nueva agenda urbana debe estar orientada a diagnosticar la realidad y determinar opciones para usufructuar bienes y servicios en marcos participativos basados en valores plurales, en función de las necesidades de cada ciudad, la construcción de sostenibilidad más tecnología debe plantearse a través de la armonización entre la innovación y la tradición, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

Financiamiento de las administraciones

La localización de la Nueva Agenda Urbana plantea un reto mayor aún, ya que rara vez los recursos generados o transferidos a gobiernos locales se ajustan a las necesidades de financiación de proyectos de grandes dimensiones. Ello requiere un esfuerzo coordinado que combine lo público -nacional y subnacional- y lo privado, que implica colaborar con los gobiernos municipales para fortalecer sus fuentes tradicionales de ingresos, mejorar el acceso a mercados de capital -nacionales o internacionales-, intermediarios financieros, diversificación de nuevos instrumentos financieros y, finalmente, la colaboración de los municipios para lograr estructuras de interés metropolitano y asociaciones público-privadas.

Evolución del marco legal a la propuesta Smart Cities

¿Cómo el Estado regulará el bien más importante del futuro: la información?

Es indispensable comenzar por mejorar los marcos regulatorios y la estructuración operativa en proyectos urbanos, las agendas urbanas enfrentan, como en el pasado, el desafío de erradicar la alfabetización e inclusión digital. Se debe transformar la educación de mercancía en un bien accesible para los que quieren aprender y no pueden. Construir una sociedad del conocimiento es clave para acelerar nuestra recuperación con rapidez y reducir la profunda desigualdad social que está aumentando a niveles alarmantes.

Capacitar a los ciudadanos en Pymes, ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje acelerado, software y en la enseñanza del inglés especializado, es la alternativa que tenemos. La contingencia del COVID-19 evidenció la realidad social y la pasividad gubernamental, pero también demostró que el patriotismo y el nacionalismo del futuro no está en cerrar fronteras ni envolverse en banderas, sino en dotar como nunca, de competitividad, capacitación técnica y herramientas de habilidades digitales a los ciudadanos.

En función de esta realidad se requiere de un marco legal pertinente, no solo para evitar manipulaciones algorítmicas, sino también para que su uso, sean políticas de administración. En la nueva dinámica del mundo que está naciendo ya puede descontarse que las tendencias hacia la digitalización de la salud, la educación online, el mercado de trabajo electrónico, la automatización de las instituciones gubernamentales, la virtualización de las actividades de planeamiento y ejecución autogestionadas desde la inteligencia artificial y las infraestructuras inteligentes bajo el uso de las energías renovables, llegaron para quedarse.

Acceso a financiamiento para los municipios

En países con adecuados sistemas de evaluación de endeudamiento local, el financiamiento por parte del gobierno central de infraestructura en zonas urbanas se puede complementar con préstamos al municipio, a través de intermediarios financieros nacionales e instituciones financieras internacionales con una garantía soberana. Esto requiere mejorar la situación fiscal y auditoría, la capacidad de recaudación, racionalización de gastos, desarrollo de sistemas de gestión financiera e  información más eficientes.

Elaboración de los Planes de Desarrollo Urbanos Locales (PDUL)

El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) es un instrumento de planificación para organizar el entorno urbano, propiciando un desarrollo articulado, coherente y concentrado, que refleje el equilibrio entre la localización de actividades y los servicios requeridos. Su objetivo principal es plantear un “mapa de ruta” que oriente el desarrollo del Municipio para las generaciones futuras, al elaborar un PDUL, puedan diseñar un crecimiento armónico del municipio, integrando en la planificación el desarrollo de los servicios de redes, vialidad y equipamientos urbanos, considerando las necesidades de la población y su proyección a futuro.

Solo 16 municipios del país tienen el PDUL sancionado, lo que representa una gran deuda de las gestiones gubernamentales. Los gobiernos locales deben desarrollar la capacidad institucional necesaria que les permita establecer protocolos de desarrollo y planificación urbana que den una respuesta coordinada. Este ejercicio de fortalecimiento se traduce en una planificación integrada, inclusiva y acorde con un eficiente ordenamiento territorial. La planificación permite proyectar a las ciudades, pero, también la catástrofe. Planificas para todos los escenarios, los planes de contingencia permiten clasificar amenazas y calcular riesgos, lo que se traduce en el tener respuestas para los hechos de fuerza mayor, estados de alarma y excepcionalidades. Si bien es cierto que hay realidades que no se pueden evitar, se puede llevar una mejor administración de las mismas y control de daños con los correctos protocolos de actuación.

PyMes en Regiones y Ciudades

La pandemia mostró que toda la economía mundial está interconectada por grandes corporaciones, bancos, firmas internacionales que cuando sufren un revés, impactan todo.  De allí destaca una microeconomía que aguanta las tragedias, por ello, prácticas como las iniciativas comerciales urbanas, donde se puedan generar intercambios de bienes y servicios entre la comunidad no dependerán de la macroeconomía; esta idea se hace más atractiva si pudiéramos usar las herramientas tecnológicas en favor de la ciudadanía desde la gerencia publica, ya que a través de sistemas informáticos se puede medir qué compran las personas, en qué tiendas y qué zonas, pero ir más allá es identificar quiénes están comprando en sitios lejanos y por qué no tienen lo que necesitan en su zona, transitar kilómetros para hacer una compra se traduce en dos posibles opciones, la primera; el marketing del producto los convenció, la segunda: no tienen oferta en su ciudad. Cuando pensamos en la ciudad, tenemos una cosa y es el conocimiento común.

Durante las cuarentenas, en Venezuela distintos residentes de diferentes comunidades debían caminar hasta 10 veces más que el promedio para comprar frutas o verduras (indispensables en valores nutricionales), esta realidad se traduce en un problema urbanístico, arquitectónico y de distribución, En las ciudades policéntricas, la idea de las microeconomías sería muy importante, para que no todo se destruya con las crisis.

Gestionar el uso de suelo y la planificación urbana y metropolitana

La urbanización sobrevenida ha sido asociada frecuentemente con el uso fragmentado y no planificado del suelo, la expansión desproporcionada de la huella urbana, la segregación espacial, la ineficiencia de asignación, el crecimiento de baja densidad en la periferia y, en ocasiones, la desocupación de los centros de las ciudades. Las ciudades deben considerar la captura del valor del suelo para apalancar sus activos y facilitar el acceso a la financiación del sector privado.

En el caso de las áreas metropolitanas que comprenden varios municipios, la incapacidad para coordinar las políticas de uso del suelo y las inversiones estratégicas suelen paralizar el normal accionar de las ciudades. Estas situaciones plantean un serio desafío al momento de financiar infraestructuras bajas en emisiones de carbono y servicios públicos, obstaculizando la productividad de las ciudades.

Con la oportunidad que nos ha brindado el COVID-19, de repensar cómo vivimos e interactuamos en nuestras ciudades, tenemos la posibilidad de desaparecer el mito de que el “nuevo mundo” debe pasar siglos de historia y conflicto para estar a la par de otras sociedades. Mientras en otras latitudes están preocupados evaluando cómo enfrentan las consecuencias del cambio climático, nosotros -que por condiciones geográficas somos privilegiados para cualquier proceso productivo- seguimos debatiendo conceptos que están en desuso y dispersos en la dinámica partidista de turno. Se requiere de una gobernanza participativa y de una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales.

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