Elsa Cardozo

La designación del nuevo Consejo Nacional Electoral ha sido, entre otros gestos recientes del régimen venezolano, el que más atención ha recibido de los más significativos apoyos internacionales con los que cuenta la causa democrática venezolana. Son muchas las razones que hacen que este tema sea tan relevante como de complejo tratamiento. Es así dentro y fuera de Venezuela, en una nueva encrucijada rodeada de condiciones internas y externas que aconsejan revisar estrategias: no para abandonar propósitos esenciales, pero sí para ajustar el modo y tiempo de contribuir a su logro.

El caso es que para el régimen, la situación ante el mundo no es mejor ni la misma que hace cinco o dos años. No se trata simple ni fundamentalmente del efecto de las sanciones. Su impacto en la economía y sobre la dimensión humanitaria de la crisis, ha sido colocado en perspectiva por varios estudios, como los de Luis Oliveros, Manuel Sutherland y Transparencia Venezuela,  pero no como causantes de la devastación que sufre Venezuela, como afirmaba el informe preliminar de la relatora especial Alena Douhan. 

El problema de fondo para el régimen es el de la ilegitimidad, aunque las sanciones han sido un tema estratégicamente útil para cultivar afinidades con otros regímenes sancionados y para evadir responsabilidades en la emergencia humanitaria y todos los niveles del descalabro nacional. La ilegitimidad del régimen, proviene no solo del gobierno desde 2019 y de  la Asamblea Nacional desde enero de este año, que por su falla electoral de origen lo han convertido en gobierno de facto. La ilegitimidad está enraizada en la violación sostenida del Estado de derecho y todo el espectro de los derechos humanos, lo que ha ido limitando cada vez más los vínculos internacionales a relaciones con regímenes muy afines en ese terreno, pero haciéndolas incómodas para interlocutores como los de otros tiempos, incluso los más pragmáticos, de los años de la llamada “marea rosa”.

En ese contexto se vienen produciendo en semanas recientes gestos gubernamentales para varios destinatarios y propósitos: el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en medio de una emergencia humanitaria que han venido asumiendo organizaciones sociales en lo que está a su alcance, en medio de negaciones y fuertes restricciones oficiales ; el anuncio del pago en dos partes a la iniciativa COVAX para el ingreso de vacunas, tras retardos y obstaculización de esa y otras iniciativas mientras se alegaba que no había recursos para pagar a causa de las sanciones. También es parte de la lista el reconocimiento por el Ministerio Público de responsabilidad de agentes del Estado en tres casos hasta ahora encubiertos (Juan Pernalete, Fernando Albán y capitán Rafael Acosta), responsabilidad repetidas veces negada, que ahora  es aceptada sólo parcialmente como parte de un informe a la Corte Penal Internacional, acompañado por advertencias públicas a esta instancia. Se suma el traslado a arresto domiciliario de los seis ejecutivos estadounidenses de Citgo, detenidos desde finales de 2017 y sentenciados tres años después por cargos no probados de corrupción, peculado y asociación para delinquir. La señal más reciente es la designación del nuevo CNE que ha estado muy lejos de cumplir con los procedimientos y condiciones legales, pero que desde el impulso social y político democrático que contribuyó a su conformación, tendría ante sí  el enorme desafío de  restaurar la confianza en el voto y contribuir a la construcción de la ruta para la recuperación del país.

No son de ignorar, entonces, las otras “señales” que el régimen envía con iniciativas de control  que revelan su debilidad y acrecientan su ilegitimidad, tales como el paquete con más de tres decenas de proyectos de leyes, incluidas las relativas al poder comunal y la cooperación internacional, junto a las normas que -aun tras su revisión- formalizan controles sobre las organizaciones no gubernamentales a lo que se suman los fundados temores sobre la creación de una nueva fuerza policial.

Tampoco cabe ignorar la complejidad del momento para todos los venezolanos en medio de una crisis que se agudiza día a día, para los actores democráticos y, particularmente, para los partidos políticos, su dirigencia, su coordinación, sus estrategias y sus vínculos con la sociedad. Así se ha manifestado ante la designación del CNE, por una parte,  en las declaraciones de la Plataforma Unitaria  el 4 de mayo  y  el 5 de mayo, y en tono más beligerante las de Juan Guaidó desde la Presidencia Interina el 6 de mayo. En esos mismos días, también se expresó  en las posiciones de otros actores democráticos vinculados a la negociación en torno al nuevo CNE: el Foro Cívico Nacional y Henrique Capriles.  Todo esto, que aquí queda apenas anotado, amerita una muy detenida evaluación por lo que revela del momento político nacional pero  también porque tiene mucha influencia en las evaluaciones internacionales sobre la situación en Venezuela.

Las reacciones y declaraciones del exterior ante la designación del nuevo CNE reflejan en diferentes grados la actitud prevaleciente de reevaluación del modo de atender  internacionalmente la crisis venezolana. Así se manifiesta también en la pérdida de impulso en la coordinación de las democracias vecinas.

Varias muestras de tres conjuntos de reacciones recogen lo fundamental del momento.

En línea de continuidad se encuentra el desconocimiento del nuevo CNE más la descalificación de los actores que trabajaron en su configuración por quienes lo consideran una imposición violatoria del Estado de  derecho. Tal es el caso del Comunicado del Secretario General de la OEA  el 4 de mayo y sus declaraciones posteriores en apoyo a la ya mencionada posición del gobierno interino del 6 de mayo. En esa línea pero centrados en la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y sus acciones, se encuentran también posiciones como las de los senadores demócratas estadounidenses Bob Melendez y Dick Durbin. En otro sentido, como ilustración muy visible de otras posiciones en su mismo partido, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Representantes Gregory Meeks -ante los gestos desde Caracas y, especialmente, el nuevo CNE-  ha recomendado a la administración Biden enviar señales claras que incentivaran más cambios.

Con indicios de revisión estratégica, a partir de propósitos finales semejantes, Estados Unidos y Europa han respondido de modos diferentes.

Desde Estados Unidos, del país que más capacidad de presión ha demostrado ejercer y que no ha dejado de reconocer a la Asamblea Nacional de 2015,  ni al gobierno interino, los mensajes han mostrado, en su pausa y contenido, especial cautela, sin dejar de mantener sus propósitos fundamentales. En efecto, ante los gestos gubernamentales dirigidos a Estados Unidos y la  recurrente insistencia en el levantamiento de sanciones, ya ha habido respuestas inmediatas desde Washington que reiteran las condiciones para el levantamiento de sanciones y la necesidad de “acciones concretas … algo que demuestre seriedad ante un proceso de negociación”, en palabras del director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. Sobre la designación del nuevo CNE las declaraciones de más alto nivel reflejan una gradual precisión en los mensajes. En una primera reacción la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, tras recordar que Estados Unidos apoya “una solución integral y negociada a la crisis venezolana”, señaló que “depende de los venezolanos decidir si el nuevo CNE contribuye a ese fin”, para luego añadir que, en materia electoral, su país seguirá “presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas”. Seis días más tarde, la subsecretaria Chung ha reproducido el mensaje con el que el embajador James Story respondía en apoyo al mensaje-propuesta difundido por Juan Guaidó e insistiendo en que “la solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que venezolanos merecen”.

La posición europea  viene de hacer explícitos ajustes desde enero con su declaración sobre la ilegitimidad de la Asamblea Nacional que se juramentó entonces, pero sin reconocer continuidad a la elegida en 2015. A partir de ese momento, de los reconocimientos que desde enero de 2019 habían decidido unilateralmente  los miembros de la Unión -salvo Italia y Chipre- solo lo han renovado, aparte del Reino Unido, un puñado de países. La declaración del vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige el alto Representante Josep Borrell  definió la designación del CNE como “un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando”, añadiendo la necesidad de incluir “otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, como piden los propios venezolanos”. Cinco días después, la canciller de España, Arancha González Laya, reiteró y amplió esos términos, recogiendo la posición de los ministros de Exteriores europeos: “es un paso entre otros que tendrán que venir para poder celebrar elecciones con garantías democráticas a nivel regional, local y por supuesto, a nivel presidencial”, añadiendo que el CNE no es el final sino “el principio de una negociación que tendrá que ser mucho más amplia y dirigida por los actores venezolanos”. Lo cierto es que el mensaje de España, que tiene un papel muy activo en la atención a Venezuela dentro y fuera de la Unión, ha insistido expresamente en su posición realista -atender lo que es y no lo que les gustaría que fuese-, pero también ha hecho más explícita su referencia a la necesidad de una negociación entre venezolanos, con acompañamiento internacional y agenda amplia “que desemboque en elecciones con garantías democráticas” . Mientras tanto desde el Parlamento Europeo, que en enero pasado aprobó solicitar al Consejo y los Estados miembros el reconocimiento del gobierno interino, se produjo la comunicación de un grupo de eurodiputados contra la consideración de la designación del CNE como “un primer paso”.  

Desde una orientación que propone y alienta cambios en la estrategia internacional de presión, particularmente en la de Estados Unidos, se ha aconsejado responder a los gestos acumulados y a la instalación del nuevo CNE con incentivos que favorezcan avances paso a paso, alentados con gestiones diplomáticas y la oferta de levantamiento escalonado de sanciones. Así lo han propuesto la Oficina en Washington para Latinoamérica (Wola)  y de modo similar lo ha planteado también Crisis Group.    

En suma, el encadenamiento del problema de ilegitimidad e ineficacia gubernamental, los desafíos e incertidumbres mundiales que complican la agenda de los apoyos democráticos y el sostenido agravamiento  de la crisis venezolana, están alentando  la reevaluación de estrategias en los países y actores democráticos más afectados y preocupados. Los gestos del gobierno y el cuadro que describen las reacciones y silencios internacionales se despliegan en un panorama de muchos riesgos y algunas oportunidades que reclaman gran refinamiento y consistencia estratégica de los demócratas venezolanos. Los ajustes más importantes están en manos del liderazgo político y social, su capacidad para reconocer los riesgos, construir sobre las oportunidades, fortalecer su propia legitimidad y, en medida crítica, evidenciar su disposición para actuar coordinadamente.