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“Vamos al diálogo”…¿Otra vez?

Tomado de CNN

EDITORIAL

Ante la cercanía del inicio del proceso de “diálogo” gobierno-oposición, tutelado por los expertos de Noruega, Nicolás Maduro lanza una nueva exigencia: las reuniones deben ser públicas y con presencia de la prensa, lo cual hace pensar que, una vez más, opta por dinamitar la posibilidad de conciliar un acuerdo que permita –si no la necesaria transición hacia la democracia- por lo menos algún avance hacia la posibilidad de un cambio político en el país en el mediano plazo. Mientras tanto, Guaidó trata de revertir el ambiente de desesperanza y desmovilización convocando a un gran Acuerdo de Salvación Nacional que apela a la unión opositora, la presión y la movilización para lograr el objetivo.

Benigno Alarcón Deza

Al momento de la llegada de la delegación noruega, que viene forjando la posibilidad de que se formalice un proceso de mediación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, el régimen sorprende a todos con cuatro condiciones, expuestas a la luz pública, para regresar a la mesa de negociación: el reconocimiento de las instituciones -lo que en otras palabras se refiere, principalmente, a la Asamblea elegida el pasado 6 de diciembre y a él como presidente electo-, el cese inmediato de las sanciones, el descongelamiento y devolución de los activos y cuentas de la República y, en abierto desconocimiento de la metodología inicialmente pautada, que las reuniones entre ambos bandos sean transmitidas en vivo por los medios de comunicación social. Una exigencia que contraviene la lógica más elemental de este tipo de procesos, en donde los encuentros entre las delegaciones se realizan a puertas cerradas hasta tanto se produzca un acuerdo definitivo.


Tal posición puede ser considerada como una clara muestra de la falta de voluntad de parte del régimen para avanzar en un proceso de negociación, que estaría orientado a propiciar un acuerdo que permita el regreso de Venezuela al camino democrático y la reconstrucción de su institucionalidad, para desviar el centro de las conversaciones hacia su propio terreno, o sea, lo que se relaciona con el reconocimiento de su legitimidad, el alivio de la presión internacional y el acceso a recursos propios, a la banca internacional e inversionistas, a los que se les trata de atraer con promesas de tasas extraordinarias de retorno, garantías legales, alta tolerancia hacia la naturaleza de las actividades o el origen de los fondos, y confidencialidad absoluta.

Acuerdo integral gradual

Mientras el régimen continúa intentando desplazar del centro político a Guaidó, el G4 y las expectativas sobre una posible transición política, obligando a actores internos y externos a moderar sus demandas y actitudes, para adaptarse a lo que pareciera ser un nueva derrota. La oposición comienza a dar un giro de casi 180 grados, renunciando al inmediatismo para conformarse con la reconstrucción de una propuesta de mediano o largo plazo, lo que no termina de convencer a quienes insisten en una opción más radical y rápida, lo que aumenta las dificultades para consensuar una estrategia unitaria que, de no resolverse pronto, podría terminar con la oposición que hoy en día conocemos.


El Acuerdo de Salvación Nacional, propuesto hace días por Guaidó, parte del supuesto, desde nuestro punto de vista acertado, de evitar que Maduro use la mediación noruega como un medio para ganar tiempo, e incluso como recurso mediático, pero sin la intención de llegar a acuerdos; en tanto que la alternativa democrática se enfoca más en que se concrete un acuerdo y que existan garantías para su cumplimiento. Guaidó, a sabiendas de que la negociación, como concepto, ha perdido la confianza de la gente, orienta su discurso más hacia los acuerdos, aunque lógicamente deba transitarse para ello por un proceso de negociación.


El rumbo trazado en el denominado Acuerdo de Salvación Nacional es que se desarrolle en términos integrales y progresivos, mediante un cronograma de ejecución supervisada de los compromisos en diversos temas (políticos, humanitarios y económicos) que, en caso de concretarse, asuman los dos factores en disputa. La otra premisa del Acuerdo de Salvación Nacional es que la unidad de quienes procuran una transición a la democracia es fundamental tanto para las negociaciones como para la ejecución de lo que se llegase a convenir. Sin duda allí ha habido, y se sigue necesitando, un gran esfuerzo dada la complejidad de enfoques, rupturas y conflictos entre el liderazgo opositor, que se han profundizado desde el año pasado, y que el régimen de Maduro promueve y seguirá incentivando a través de mecanismos de clientelismo político competitivo-electoral, a lo que la agenda electoral contribuye potenciando las rupturas en momentos de mayor desgaste y fragilidad.


El liderazgo representado en el G4 y los partidos minoritarios que le acompañan, incluido Guaidó, parece tener conciencia de que el régimen trabaja en función de fracturar y dispersar a la unidad opositora, como referente político-electoral y para complejizar las negociaciones y la interlocución interna y con la comunidad internacional, así como la coordinación y los acuerdos entre la oposición. Pero estar conscientes, aunque ayuda, no evita que suceda, por lo que en la actualidad varios actores políticos, e incluso sociales, tienen como centro de su preocupación y ocupación el tratar de evitarlo. Asimismo, es necesario evitar que el régimen mantenga mesas en paralelo de negociación, como hizo el año pasado, para debilitar el esfuerzo emprendido con apoyo internacional, y promover el fortalecimiento de la unión entre los partidos de la plataforma democrática y de la sociedad civil como única forma de avanzar en el objetivo enunciado de “salvar a Venezuela”.


Según las consultas realizadas, el énfasis de la propuesta opositora, en lo político, se concentra, principalmente, en concretar un “cronograma electoral libre y justo”, y menos en las venideras elecciones regionales y municipales, las cuales tácticamente tendrían un lugar secundario en la agenda que llevarían a la cita que procuran los noruegos. Incluso, se considera que los acuerdos humanitarios y de derechos humanos deben avanzar más rápido, dada la urgencia sanitaria y alimentaria. Aunque ello se percibe como una actitud plausible en la búsqueda de acuerdos de mayor trascendencia en el largo plazo, es inevitable que las actitudes asumidas en relación a temas de corto plazo, como las elecciones regionales y municipales o la vacunación, condicionen la viabilidad de los acuerdos de largo plazo. El presente condicionará, inevitablemente, el futuro de las negociaciones.


En cuanto a la operacionalización del proceso de negociación en sí, la oposición está negociando internamente la estructuración de una delegación que incluya dirigentes de sectores políticos y sociales, apoyados por un equipo de asesores. Y está solicitando que, además, se designen garantes internacionales de los acuerdos. Aquí es esencial recordar que el cumplimento de los acuerdos negociados siempre será voluntario, no existen garantías reales porque las partes no están sometidas a un arbitraje que pueda ejecutar lo acordado de manera forzosa. En caso de incumplimiento, lo único que cabe esperar es que la comunidad internacional retome o intensifique el esquema de sanciones y la oposición pueda escalar la presión interna.


Una de las principales debilidades de la que la negociación entre el régimen y la oposición siempre ha adolecido es el hecho de que nos encontramos ante una relación asimétrica en la cual, ante la falta de alternativas atractivas fuera de la mesa de negociación, la parte que más necesita de los acuerdos es la oposición, mientras que para el régimen el statu quo se constituye en su mejor alternativa, y en una difícil de mejorar a través de un acuerdo con la oposición. Es aquí en donde la deslegitimación, la presión internacional y la movilización interna, así como el privar al régimen de recursos, son los medios por los que hasta ahora se ha logrado restar algún atractivo al statu quo, tal como se desprende de las mismas demandas expresadas por Maduro.

El dilema de las elecciones regionales

Para la oposición liderada por Guaidó y el G4, con tres de los cuatro partidos principales intervenidos y sin tarjeta unitaria habilitada, la participación electoral sigue siendo un dilema sin resolverse, y aún más cuando las conversaciones entre el régimen y Capriles para retornar el control de Primero Justicia y Acción Democrática a sus líderes naturales, continúa sin mostrar avances, al igual que ha sucedido con el resto de las condiciones que se suponían acordadas con el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En sentido opuesto, se produce una nueva decisión en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prorroga por un año más la intervención del partido Acción Democrática


Otra de las condiciones, la presencia de la Observación Electoral Internacional, tampoco muestra signos vitales ante la falta de formalización de una invitación oficial del Ejecutivo cuando estamos ya a menos de seis meses del evento electoral.


La decisión del gobierno de no habilitar a dichos partidos, que son la principal referencia de la oposición y los que cuentan con más seguidores y algún nivel del organización a nivel nacional, dificulta el que la oposición pueda reagruparse en una nueva plataforma unitaria, dejándola en una situación de minusvalía que se traduciría, tal como sucedió en las pasadas elecciones parlamentarias, en una importante dispersión del voto, que es uno de los objetivos del gobierno.


En conclusión…
La posibilidad de conseguir una solución a la crisis política y económica que vive el país, a través de una negociación entre la oposición y el gobierno, promovida por Noruega y respaldada por la comunidad internacional, tropieza de nuevo con los mismos inconvenientes del pasado. Sin cambiar la estructura de un juego, asimétrico por naturaleza, es imposible cambiar sus resultados. Esto se evidencia de la posición exhibida por Maduro, al agregar como nueva condición para ir al diálogo, que las reuniones sean públicas y con presencia de la prensa, además de intentar aumentar el número de partes en el proceso, lo que siempre dificulta el alcanzar acuerdos. Esto, al igual que el hecho de no habilitar a partidos políticos como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, es un nuevo retroceso del régimen en su aproximación a la negociación.


Es por ello que, por ahora, luce poco probable el logro de un acuerdo favorable para avanzar en el mediano plazo hacia un proceso de transición democrática a través de elecciones. No obstante, habrá que esperar los resultados de esta ronda de negociaciones facilitada por el equipo noruego con el respaldo de la comunidad internacional, agradecerles sus gestiones por nuestro país, y desearles el mayor éxito, porque de su suerte depende la nuestra.

Categorías:Destacado, Editorial

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