Elsa Cardozo

La crisis venezolana sigue mereciendo atención internacional, incluso en medio de circunstancias y situaciones globalmente muy desafiantes. Es así también en medio de la complejidad creciente de la propia crisis y de la proyección de dificultades para superarla en el corto plazo, expectativa que había prevalecido entre 2019 y mediados de 2020.

En tales circunstancias los apoyos internacionales a la recuperación democrática se manifiestan ahora de modo diferente: menos estridentes, más coherentes e integrales. Ante la expectativa de extensión de la crisis venezolana en el tiempo, el tema humanitario -agravado por la pandemia- es asunto central entre un conjunto de emergencias internacionalmente difíciles de obviar: las magnitudes de la migración forzosa, la criminalidad y conflictividad transfronteriza, la gran corrupción, la destrucción ecológica y la erosión de los derechos humanos. Esto último, en realidad, ya es parte de otro fundamental conjunto de cuestiones, propiamente institucionales, resumibles en la pérdida de legitimidad democrática, Estado de derecho y, más que gobernabilidad, estatalidad.

No sobra insistir en que los dos conjuntos de asuntos no son independientes. Sin embargo, el balance de la atención internacional a esas dimensiones varía según quiénes, para qué y cómo se ocupan de lo que ocurre en Venezuela. Visto muy en grueso, para los actores interesados en ajustes mínimos que pudieran permitir la estabilización del régimen venezolano (suerte de modus vivendi internacional, más o menos tenso políticamente, con algún grado de certezas económicas), el foco está en algunos de los temas del primer conjunto: para negarlos, para relativizarlos como asuntos menores frente a la seguridad del régimen, o para atribuir su origen a sanciones internacionales y acciones opositoras. Cuba, Rusia y China con su propio cálculo comparten esa aproximación, con cambiantes grados de compromiso y de aprovechamiento de oportunidades económicas y geopolíticas. Pueden hacerlo sin mucho ruido o de modo desafiante, tal como Rusia en las declaraciones recientes de sus ministros de Exteriores y de Defensa. Por su parte, los actores que se han ido limitando a la contención de los desbordamientos de la crisis venezolana también se concentran en los asuntos más visibles y críticos con miras a reducir sus impactos, hacerlos manejables, condenar o evitar compromisos con la cuestión institucional de fondo o guardar distancia como potenciales facilitadores. Allí se encuentran posiciones como las de los gobiernos de México y Argentina, muy explícitas en su declaración conjunta sobre la crisis nicaragüense o en la del presidente Alberto Fernández , sobre los derechos humanos en Venezuela. Cercanos a estos, pero más discretos, son los gobiernos no interesados en desentenderse ni en parecer muy cercanos al régimen venezolano. La inclinación a la contención está presente en los gobiernos concentrados en sus propias tensiones de gobernabilidad, como los de Chile y Perú. Mientras tanto, también hay gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales, que comprenden la emergencia y la gravedad de las cuestiones institucionales, ante las que reconocen la necesidad de soluciones integrales y sostenibles.

En este tercer conjunto, iniciativas internacionales recientes manifiestan tanto advertencias sobre la agudización de la represión como expresiones de aliento a la negociación nacional de acuerdos. Tal es el caso de la  presentación del Informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y su debate en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en coincidencia con movimientos nacionales e internacionales en torno a la búsqueda simultánea de soluciones negociadas a lo inmediato y a la construcción, con la mediación del Reino de Noruega, de condiciones para negociar una ruta política de acuerdos.

En este contexto, es de particular relevancia la manifestación del reacercamiento democrático trasatlántico en la muy reciente declaración sobre Venezuela, suscrita por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Es un pronunciamiento de enorme relevancia por las circunstancias internacionales que lo rodean, por quienes lo suscriben, por lo que dice y por la convergencia de intereses a la que invita.

Sobre las circunstancias, aunque el cambio en las expectativas del tiempo y los obstáculos para la solución de la crisis venezolana no frenó el constante escrutinio ante graves violaciones de derechos humanos y otros temas críticos, sí estimuló actitudes de contención en medio de las divergencias trasatlánticas, la expectativa de la juramentación de Joe Biden y, no menos importante, los vacíos y diferencias estratégicas en la oposición. Al romper la inercia internacional han ido contribuyendo al acercamiento entre Washington, Ottawa y Bruselas con su interés común por recuperar la eficacia de la diplomacia y la coordinación multilateral. Esto no niega las diferencias entre ellos sobre muchas materias, incluido el trato de la situación venezolana. Sobre esta,  los desacuerdos incluyen el tema del reconocimiento del Gobierno Interino, la naturaleza y alcance de las sanciones, la ponderación de gestos recientes del régimen venezolano y de los resultados de negociaciones específicas en materia electoral.

Todo lo anotado revaloriza el acercamiento de posiciones entre los actores con mayor capacidad de ofrecer incentivos para lograr acuerdos.  En su muy concisa declaración conjunta del pasado 25 de junio, cada oración tiene peso propio e invita al comentario.

• A partir de razones que se mueven entre lo humanitario hasta lo geopolítico, los tres actores manifiestan su franca preocupación por el impacto de la profunda crisis política, social y económica sobre los venezolanos, así como por sus desbordamientos regionales y globales.
• Concuerdan en que la solución debe tener como protagonistas a los venezolanos en un proceso de negociación limitado en el tiempo a la vez que comprehensivo en su temario, por la gravedad y amplitud de los asuntos, y en la inclusión de todos los actores interesados.
• Un punto central en la confluencia se refiere a que esas negociaciones deberían restaurar la institucionalidad y permitir a todos los venezolanos participar en elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes.
• Manifiestan su disposición a revisar las políticas de sanciones “sobre la base de avances significativos que se alcancen por medio de una negociación amplia”, lo que pareciera indicar que se trata de los avances vinculados a la restauración de la institucionalidad.    
• Temas como la liberación incondicional de presos por razones políticas, el respeto a la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión y de los miembros de los medios y el final de las violaciones de derechos humanos, no se presentan como parte de la agenda a negociar sino como llamado inmediato.
• En puntos apartes son también tratados dos temas de atención urgente, lo que sugiere que son dinámicas en paralelo a las negociaciones comprehensivas, pero que pudieran ser considerados dentro de la aplicación del régimen de sanciones. Se trata del llamado a que las condiciones electorales se adecúen a los estándares internacionales, comenzando por las de las elecciones locales y regionales de este año, tras lo que finalmente suman su compromiso en la respuesta a la crisis humanitaria y saludan la continuación de acuerdos entre todos los actores políticos para facilitar el ingreso de asistencia humanitaria.

Con esta declaración se perfila, en sus líneas y entre ellas, una perspectiva internacional democrática sanamente realista sobre los asuntos, los plazos y los pasos, así como sobre el papel de la incidencia internacional en la solución de la crisis venezolana. La conciencia de ese temario, sus tiempos y secuencias, y de la necesidad de actuar en consecuencia, se hace sentir cada vez más desde la sociedad en foros, organizaciones e iniciativas dignas de la mayor atención nacional e internacional. Conciencia que debería hacerse más sentida y visible en los liderazgos democráticos nacionales, dentro y fuera de Venezuela.  Esa es la confluencia democrática indispensable.