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Los dilemas de la observación electoral

Tomada de Contrapunto.com

EDITORIAL

Benigno Alarcón Deza

Al momento de analizar el escenario político para el segundo semestre de 2021, cuando se habla de una posible negociación entre gobierno y oposición, y una comisión de la Unión Europea se encuentra evaluando la factibilidad de enviar a Venezuela una misión de observación electoral,  la pregunta obligada es si unas elecciones permitirán recuperar la democracia o, si por el contrario, más bien legitiman al régimen y propician un aumento de la autocratización. Este debate no es exclusivo de Venezuela por su situación actual, sino que se ha presentado en cada país en el que un régimen autoritario trata de legitimarse a través de elecciones, y ha sido, por muchos años, pregunta obligada entre quienes se dedican a la ciencia política comparada.

La respuesta aceptada hoy en día por la mayoría de los expertos, luego de analizar una cantidad muy numerosa de casos, es que tanto la democratización como la autocratización por elecciones son posibles. Las elecciones permiten la democratización cuando sirven para hacer la represión costosa y contraproducente para el régimen, y logra que la oposición se unifique, movilice y gane legitimidad, obligando al régimen a ser más tolerante porque ello les hace ver más legítimos, pero termina por originarse la deserción de los suyos, generado expectativas de triunfo en favor de la oposición, que aumentan la competitividad electoral.

En sentido opuesto, las elecciones pueden hacer que la autocratización sea más probable si sirven para hacer la represión menos costosa y fácil de concentrar en unos pocos líderes de oposición a los que se les ilegaliza y persigue, e incluso innecesaria si se desmoviliza a la población, o cuando las elecciones permiten que el régimen pueda controlar los potenciales riesgos de otorgar mejores condiciones electorales a la oposición manteniéndola dividida, al usar las elecciones como medio para generar clientelismo competitivo político-electoral por los recursos y los espacios de poder en juego.

Hay que tomar en cuenta que para el 21 de noviembre vamos a unas megaelecciones regionales y municipales en las que solo tienen condiciones para competir una serie de partidos minoritarios y legales, pero cooptados en una importante proporción por depender de su buena relación con el gobierno. Mientras que partidos mayoritarios como la Acción Democrática de Ramos Allup, Primero Justicia y Voluntad Popular, que justamente son tres de los cuatro partidos que obtuvieron mayor votación en 2015, continúan ilegalizados a menos de dos semanas para que se abra el proceso de postulación de candidatos.

Una parte importante de la “oposición” legal pero minoritaria, coincide en su objetivo con el régimen, que busca desde la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre, sustituir a Juan Guaidó y al G4+ como los principales referentes de la oposición. Tal maniobra se hizo completamente evidente esta última semana cuando al tiempo que se estaba amedrentando a Juan Guaidó y deteniendo al dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, Maduro –en cadena nacional junto a Henry Falcón, Timoteo Zambrano y otros dirigentes de “la mesita”- aseguraba que estaba reunido con la oposición.

La estrategia de legitimación para el régimen es la misma implementada durante buena parte del período chavista y en la última elección parlamentaria, o sea, una elección multipartidista no competitiva, capaz de generar una importante dispersión del voto mediante incentivos político-electorales que apuntan a exacerbar el clientelismo competitivo y la división entre muchos que aspiran a obtener recursos y espacios de poder. En este caso, lo más probable es que haya una importante abstención y dispersión del lado del voto opositor, como consecuencia de la inhabilitación de los principales referentes partidistas, como ocurrió con la pasada elección parlamentaria, en la que se postularon algo más de 14.000 candidatos para competir por 277 curules, de los cuales solo 8% fueron alcanzados por diputados distintos a los del partido de gobierno.

Si en las elecciones de gobernadores y alcaldes no hay candidatos unitarios, la dispersión será extraordinaria con muy malos resultados para la oposición. En esta estrategia de fraccionamiento, preocupa en especial el caso de Henrique Capriles, dos veces excandidato unitario a la presidencia, hoy inhabilitado para competir electoralmente, presionado por el régimen para que se separe del G4+ y postule sus candidatos a la próxima elección usando la tarjeta unitaria o su propia tarjeta, La Fuerza del Cambio. Por otra parte, el G4+ tampoco termina de decidir si participa o no, lo que probablemente va a depender, en buena medida, de la decisión de los europeos sobre el envío de una misión de observación electoral, lo que colocaría presión adicional a la participación de la oposición pese a que tal misión nunca llegaría antes de la finalización del período de postulaciones en septiembre, lo que implica la imposibilidad de cumplir con la totalidad de los protocolos para evaluar la integridad del proceso electoral.

En otras palabras, en caso de que la Unión Europea decida a favor del envío de una misión, que no sería propiamente una misión de observación electoral, sino algo similar al acompañamiento o a una misión técnica, atendiendo a las demandas del gobierno y los demás actores que han decidido ya participar en este elección y necesitan su legitimación, ésta adolecería de serias limitaciones que pondrían en entredicho el prestigio ganado por la observación electoral europea en 2006, que fue, sin lugar a dudas, la misión de observación mejor estructurada y más seria que ha tenido el país en toda su historia electoral.

Asimismo, existe el riesgo para la observación electoral europea de ser excluida de procesos mucho más trascendenatales, como un posible referendo revocatorio o una elección presidencial, ante el hecho inevitable de que su participación en esta elección produzca un informe que incluiría serios cuestionamientos al proceso electoral, que es lo que originó la eliminación de la observacion internacional a partir de la elección presidencial de 2006.

Finalmente, la observación electoral tiene un importante efecto político, como hemos podido ver en una serie de estudios cualitativos recientes. La población ve la observación internacional como una intervención internacional positiva que impediría al régimen cometer fraude electoral. Ello tendría un efecto en la reducción de la abstención y, como deciamos anteriormente, aumentaria la presión sobre la oposición para participar. Un resultado favorable al régimen, lo que hoy luce casi inevitable, tendría un efecto adverso sobre la credibilidad de la observación europea.

Otro tema que no debemos pasar por alto, por las expectativas que en torno a él se producen, es la negociación medidada por el Reino de Noruega. Lo electoral no luce, dados los tiempos que se manejan, como un tema principal de la agenda, lo cual reduce la posibilidad de que, por efecto de la misma, se produzca una mejora sustancial, y sobre todo oportuna, de las condiciones electorales. Evidentemente, esta negociación continúa siendo un proceso totalmente asimétrico en el que la mejor alternativa para el régimen, a falta de acuerdo, es el statu quo, mientras que es la oposición la que se presenta como la parte más débil y la que más necesita de un acuerdo que destrabe la actual situación política. El objetivo del gobierno es su legitimización y el levantamiento de sanciones, o al menos su moderación para reducir las presión internacional y mejorar sus finanzas, lo que resulta esencial para un régimen que se sostiene sobre una lógica clientelar de manejo del poder.

Mientras tanto, la evolución de los sucesos en Cuba, que ha sido hasta hoy uno de los régimenes  autoritarios más estable del mundo, y apoyo principal del chavismo, origina una evidente preocupación para el gobierno sobre la evolución de las protestas y su desenlace en la isla, lo que podría generar su viralización en países como Nicaragua y Venezuela, tal como sucedió con las “Revoluciones de Colores” en Europa del Este y con la “Primavera Árabe”, en el Norte de África. Como respuesta preventiva, el régimen arremete contra dos de los principales líderes promotores de la protesta, Freddy Guevara y Guaidó, a quienes etiqueta como subversivos. Con una disposición a protestar que hoy ronda el 40%, la situación de Cuba, en caso de que se mantenga y se produzcan avances, puede convertirse en un poderoso detonante de las manifestaciones y una escalada del conflicto, cuyo manejo sería muy complicado para el régimen en el actual momento.

Categorías:Destacado, Editorial

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