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Magaly Vásquez: En Venezuela se impone una verdadera y profunda reforma del sistema judicial

Foto: Manuel Sardá

Publicada originalmente en El Ucabista

Texto: Albany Díaz/Fotos: Manuel Sardá

La doctora en Derecho y secretaria de la UCAB manifestó sus reservas sobre la «revolución judicial» que adelanta la comisión designada por Nicolás Maduro, pues considera que está guiada por «razones ideológicas y no técnicas». Vásquez fue homenajeada por su trayectoria de tres décadas durante las XV Jornadas de Derecho Procesal Penal

Magaly Vásquez es un referente en el ámbito del Derecho Penal en Venezuela. Con casi 30 años de trayectoria, ha desempeñado roles de importancia, tanto en el mundo jurídico como en el académico.

Abogada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), especialista en Ciencias Penales y Criminológicas  y doctora en Derecho, fue consultora del extinto Congreso Nacional y también co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal. Además, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha hecho investigación en procedimientos penales especiales, con énfasis en el enjuiciamiento de altos funcionarios.

En la UCAB se ha destacado como profesora, directora de la Escuela de Derecho y decana de esa Facultad, además de directora general de Postgrado. Desde 2015, ostenta el cargo de secretaria general.

En 2020, fue la coordinadora de la comisión responsable de redactar el «Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual» de la universidad, instrumento que convirtió a la UCAB en la primera del país y en una de las pocas de América Latina en contar con una normativa sobre el tema.

Recientemente, Vásquez recibió un homenaje en el marco de las XV Jornadas de Derecho Procesal Penal, actividad que ella misma comenzó a organizar, en 1998, cuando era directora de la escuela, y que considera  «motivo de encuentro de estudiantes y abogados de todo el país» y un «espacio de formación e intercambio académico tan necesario en los actuales momentos«.

Durante este evento, celebrado los días 16 y 17 de julio, más de una decena de expertos dieron a conocer la realidad del Derecho Penal en el país y sus principios de aplicación, a la luz de sus experiencias profesionales y educativas. La ponencia de la doctora Magaly Vásquez llevó por título «Del derecho a la libertad, a la libertad como favor».

A propósito del reconocimiento y en virtud de su trabajo, El Ucabista conversó con ella para conocer su opinión acerca del panorama jurídico de Venezuela. «Es muy grave que en los últimos años se haya institucionalizado el empleo de la justicia penal como medio para neutralizar a los adversarios políticos», dijo -entre otras cosas- sobre el tema.

¿Cuál es su visión acerca de la justicia en Venezuela en este momento y qué futuro le ve a la administración de justicia?

«Constituye lugar común afirmar que las instituciones están en crisis. Lastimosamente, de ello no escapa el sistema de justicia venezolano en todas las áreas. Sin embargo, me atrevería a decir que es en el ámbito penal donde la situación es más dramática.

Por lo menos durante las últimas dos décadas, la justicia penal venezolana ha venido en franco deterioro, lo cual obedece a diversos factores entre los que destaca la falta de autonomía e independencia de los jueces y fiscales, la corrupción policial, el “pranato” que se ha instaurado en el sistema penitenciario, la falta de recursos y graves problemas de infraestructura. Todos son problemas de mucha gravedad, pero resulta emblemática la sujeción de los jueces y fiscales a los lineamientos del Poder Ejecutivo.

En Venezuela, hoy día, verdaderamente no se administra justicia, pues se utiliza el aparato de represión penal como medio para neutralizar a la disidencia, no sólo privándola de libertad sino incidiendo en muchos otros derechos, como la libertad de expresión, de asociación, etc. Estimo que en Venezuela se impone una verdadera y profunda reforma del sistema de justicia y hago énfasis en lo de ‘verdadera’, pues la reciente instrucción del presidente Nicolás Maduro de iniciar una ‘revolución judicial’, está muy lejos de ese cometido, al confiarse tal responsabilidad a personas guiadas por razones ideológicas y no técnicas.

Si efectivamente se quiere que en nuestro país regrese la seguridad jurídica y personal, favoreciendo el retorno de las inversiones y el regular desenvolvimiento de los ciudadanos, se debe comenzar por asegurar la independencia de los jueces, retomar la carrera de los fiscales del Ministerio Público, despolitizar la policía y el sistema penitenciario, y dotar de recursos tanto en el ámbito económico como de talento humano, a los distintos órganos que conforman el constitucionalmente llamado ‘sistema de justicia’”.

 

¿Qué cree que hay que modificar del andamiaje jurídico e institucional?

«Más que modificar el andamiaje jurídico, de lo que se trata es de cumplir con buena parte de sus previsiones. Recién mencionaba el problema de falta de autonomía e independencia de los jueces, lo cual se puede solventar con simple voluntad política, aplicando las disposiciones constitucionales y organizando los concursos públicos de oposición que allí se establecen para el ingreso y ascenso en la carrera judicial. En Venezuela el problema no es de leyes pues podría afirmarse que hay hiperinflación hasta en el ámbito legislativo, dado que pretende resolverse cualquier problema o situación con la aprobación de una ley.

Institucionalmente sí se imponen algunas reformas, así, por ejemplo, en lo que respecta al sistema de justicia penal, el Ministerio Público debe recuperar atribuciones que, en virtud de reformas legales o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se han trasladado a los jueces. Igualmente debe revisarse la actividad de los cuerpos policiales, cuya actuación está plagada de excesos y actuaciones lesivas de la Constitución y la ley, particularmente en el marco de operativos supuestamente ejecutados en aras de la seguridad ciudadana. También se hace necesario evaluar la actuación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pues no se justifica la existencia de un Ministerio con la única finalidad de gestionar el sistema penitenciario. Precisamente en este punto, el Estado venezolano sigue actuando al margen de las normas, pues no se ha concretado la administración descentralizada de los establecimientos penitenciarios por parte de los gobiernos estadales o municipales, tal como lo dispone la Constitución en su artículo 272″.

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