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La reconstrucción de la administración pública de Venezuela

Tomada de Ciberturista

Eglé Iturbe

¿Qué ha pasado para llegar a esta situación?

La Administración pública nacional de Venezuela (APN) ha sido progresivamente desmantelada en las últimas dos décadas por razones ideológicas, la falta de conocimiento y las consecuencias de su gestión. Los elementos más resaltantes de este proceso obedecen a cinco importantes razones básicas:

1-Concentración del poder en la Presidencia de la República

La Constitución de 1999 sustituyó la calidad de la democracia representativa por la de una democracia participativa y protagónica; lo cual ha permitido que los presidentes de la República desde ese año hayan asumido la representación del pueblo. Desde la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, el poder público se centró en Miraflores. De allí se decidían los nombramientos de los cargos principales y se decidían las principales políticas públicas. Con la llegada de Nicolás Maduro, esta concentración del poder en pocas manos se agudizó y aumentó el papel de los militares en la administración pública. Los nueve Consejos Presidenciales del Poder Popular [1]se instalaron y muy pocas veces se reunieron, y no han tenido muchas oportunidades de generar lineamientos y orientaciones al gobierno revolucionario (art 5°de Ley).

2-  Irrespeto a la Constitución y pérdida de la separación de poderes

Tanto Chávez como Maduro han gobernado por encima de la Constitución. Chávez recibió de la Asamblea Nacional cuatro leyes habilitantes que le permitieron gobernar todo su período con toda libertad, aprobando y reformando leyes,[2] con lo cual neutralizó lo que se le había negado en el Referendo Consultivo (2/12/2017), iniciando así el proceso de introducción al Socialismo del Siglo XXI. Durante el gobierno de Nicolás Maduro se aceleró la transición al proceso socialista, el irrespeto a la Constitución y la desaparición de la separación de poderes han convertido al gobierno en una autocracia y han reforzado el poder presidencial.

3- Inestabilidad de los equipos de gobierno, selección inadecuada y complejidad en el proceso de toma de decisiones

La duración promedio de los ministros en sus cargos, salvo contadas excepciones no supera en promedio los 18 meses, lo cual impide la visión de mediano plazo y la instrumentación de las políticas públicas, debido a que los equipos directivos de los ministerios son cambiados cuando llega un nuevo ministro y se pierde todo lo que había hecho el titular anterior. También es usual que un ministro sea rotado por varios despachos sin que tener la experticia para esos cargos. Ha habido ministros en siete ministerios y un porcentaje elevado ha estado al menos en tres misterios[3].

Los criterios de selección de los ministros y para la mayoría de los cargos, responden a  la lealtad hacia la revolución (miembros del PSUV) y pertenencia a las FANB, lo cual no garantiza el conocimiento y la experticia necesaria para manejar un organismo que debe coordinar y decidir sobre las políticas públicas de un sector, en coherencia con los demás sectores.

En la administración pública nacional se crearon instancias administrativas intermedias entre el Presidente y los ministros de los despachos, Se crearon los vicepresidentes sectoriales por áreas (VPS) a los cuales los ministros tienen que responder; y se dividió el Consejo de Ministros en dos niveles, en  el primer nivel se toman las definiciones conceptuales y solo acuden los VPS con el Presidente, y  en el segundo nivel, asisten los ministros, se toman las decisiones tácticas y operativas. Estos han pasado a ser funcionarios de tercer nivel. Todas las decisiones de políticas públicas son expuestas al país por boca del Presidente de la República, a veces sin conocimiento del ministro respectivo.

4-Crecimiento de la administración pública.

A lo largo de estos 22 años se ha pasado de 18 ministerios, que recibió Chávez en 1999, a 34, casi el doble, y el empleo público se ha cuadruplicado. Además del número de ministerios, se ha incrementado el número de órganos y entes adscritos a estos. Para 1999 se tenían 313 órganos y entes adscritos a los ministerios, y para el 2020, ya había 1.754 (5,6 veces), de los cuales 962 eran empresas, donde al menos, la mitad, fueron producto de la política de expropiaciones realizada a partir del 2004. Una parte sustantiva de las empresas expropiadas están inoperativas, se logró la quiebra de la principal empresa petrolera de Venezuela PDVSA, por despido de su tren gerencial, con las consecuencias habidas en la producción petrolera; y así mismo se logró la pérdida de las principales empresas básicas de Guayana, en acero y aluminio; el grave deterioro del sistema de generación eléctrica de GURI que ha llevado a los grandes y constantes apagones a nivel nacional. La agroindustria no se quedó atrás en esta pérdida de capacidad productiva, lo cual ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos.

5-Gobierno cívico-militar y participación de los militares en las actividades de la APN

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder se incrementó el número de funcionarios activos y retirados de la FANB en cargos de alto nivel en la APN,[4] a la fecha hay 10 ministros, apoyados en la declaración del establecimiento de un gobierno cívico -militar desde hace siete años. Gobierno que se inició con la creación de la GM Abastecimiento Soberano, cuyo jefe es el ministro de la Defensa y la preside, el mandatario nacional. En base a esta misión, al menos 90 generales tienen autoridad sobre distintas áreas de la producción y distribución   de alimentos y en la supervisión de los mercados, inclusive los municipales. Los militares han sido responsables a lo largo de estos años de las actuaciones en los ministerios sustantivos para la economía y los servicios, además de la defensa interna y la soberanía del país. Esta injerencia militar en la APN ha distorsionado los procesos de toma de decisiones, que deben ser horizontales, coordinándose las diferentes políticas públicas y produciendo cadenas de decisiones coherentes oportunas y de calidad. Aparte de esto, los militares controlan los puertos, aeropuertos, distribución e importación de las cajas CLAP, entre otros compromisos que dejan poco tiempo para la labor sustantiva de la defensa de la soberanía nacional.

La mayoría de los altos funcionarios del régimen, civiles y militares están sometidos a sanciones por los Estados Unidos, por corrupción y violación de los derechos humanos. El régimen, por su parte, ha decidido que no dejará el poder “ni con votos, ni con balas”, lo cual hace muy difícil una solución negociada para la transición a un gobierno democrático.

¿Qué hacer para reconstruir la administración pública?

Como puede verse en el diagnóstico anterior, la reconstrucción del país una vez alcanzada la democracia política, no será fácil. El país tiene 7 años de caída consecutiva del PIB  y se ha logrado tener una economía 90% menor de lo que era en 1999. Se despilfarró y malbarató con la corrupción el mayor volumen de recursos provenientes del petróleo desde el inicio de la era democrática; la salud, la educación, los indicadores sociales de nutrición y alimentación; los salarios de los trabajadores públicos y de los pensionados y jubilados, que no alcanza los $2 mensuales con la hiperinflación más alta del mundo por 54 meses consecutivos.

Sacar el país adelante será tarea de los venezolanos que estamos en el territorio, con la ayuda de la diáspora y de los países amigos, pero la responsabilidad será de todos. Lo primero que tenemos que rescatar son los valores perdidos en estos años, la cultura y la educación al lado de la salud.

 Lo segundo será la capacidad productiva interna con la ayuda del sector privado y los organismos multilaterales como el FMI, El BM, el BID y la CAF, además de la activación de la industria  petrolera para que contribuya con recursos fiscales para incrementar el nivel de reservas internacionales, estabilizar el dólar y cubrir los gastos fiscales, es decir, una adecuada política macroeconómica.

Todo lo anterior pasa por tener una administración pública capaz de producir las políticas públicas necesarias, oportunas y de calidad, para lograr estos objetivos. No es fácil lograr la reconstrucción de la APN de inmediato, se requiere un proceso de transición que inicie la identificación de la situación en que se recibirá la APN, ya que no hay indicadores confiables del empleo en el sector, de la calidad de los funcionarios disponibles, de las duplicaciones de funciones por la gran cantidad de ministerios existentes y por las violaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Estatuto de la Función Pública. Tampoco se conocen las posibilidades de financiar la operación de la APN a través del presupuesto y de los niveles de endeudamiento necesarios.

Para avanzar en este período de transición se proponen las siguientes actividades.

  1. Pacto Nacional entre los sectores vinculados a las actividades productivas

En el mismo deben participar:

  1. el gobierno nacional que se encargará de definir las prioridades de las políticas públicas inmediatas; reconstruir las instituciones; definir número y responsabilidades de estas y de sus órganos adscritos; garantizar los recursos para las importaciones; recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera; dotar de servicios básicos a las zonas productivas y mantener el orden público para garantizar una transición en orden.
  2. Los productores y empresarios privados se deberán comprometer a garantizar la producción y distribución de los bienes necesarios para la canasta básica al inicio, en el campo agrícola, industrial y comercial;  apoyar la utilización de las empresas públicas inactivas, en cuanto sea posible; recuperar el empleo productivo y garantizar a los trabajadores una remuneración digna, siempre contando con el apoyo del sector público a través de las políticas fiscales, arancelarias y crediticias.
  3. Los trabajadores deben comprometerse a mejorar la productividad; acordar con el gobierno y sus patronos formas de atender sus legítimas aspiraciones en las condiciones que la situación del país lo permita.
  4. Los dirigentes de los partidos políticos y la sociedad civil organizada, deben contribuir siendo las correas de trasmisión de los requerimientos legítimos de los ciudadanos a las autoridades ejecutivas y legislativas, para promover y apoyar los acuerdos necesarios, facilitando el proceso de transición.
  5. Al lado de las acciones concretas para recuperar la institucionalidad de la administración pública, debe avanzarse en la solución de la crisis multifactorial que ahora afecta a toda la población en lo económico, lo social, la alimentación y la salud, agravada esta última por el covid-19, que llegó para quedarse. Para ello deben tomarse las medidas necesarias de emergencia y así paliar la situación inmediata, mientras se avanza en soluciones más permanentes.
  6. Iniciar de inmediato dos tareas importantes:
  7. seleccionar y capacitar funcionarios públicos para que se incorporen a la nueva institucionalidad dentro de las normas previstas en las leyes de la APN, con captación dentro de las normas y con niveles de remuneraciones adecuados.
  8. Iniciar de inmediato el diseño de la APN que regiría al finalizar el período de transición, el modelo de institución moderna, eficaz y con las tecnologías del futuro. Para eso debería seleccionarse un grupo de expertos que trabajen en ese tema. No debería pensarse en una estructura de la APN mayor a 15 ministerios, cuando mucho, 18, y reducir a la mitad los órganos y empresas que hoy existen, empezando por eliminar los que tiene solo fines políticos y actividades duplicadas e innecesarias.

No será fácil, pero con un gobierno democrático y la voluntad de todos, lo podremos lograr en un tiempo no mayor a un quinquenio.


[1] Decreto 2.161 en GOE 6.209 del 29 de diciembre de 2015

[2] Dicto 158 nuevas leyes y e introdujo reformas a 77

[3] Análisis de los gabinetes de gobierno desde 1999 a la fecha. (EIB)

[4] A la fecha hay ministros militares en los despachos de Agricultura productiva y tierras, alimentación ,Pesca, defensa, despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, energía eléctrica, hábitat y vivienda, obras públicas ,relaciones interiores, justicia y paz , transporte y nueva frontera de paz

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