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La negociación de las sanciones

Tomada de Supuesto Negado

EDITORIAL

Benigno Alarcón Deza

Una vez cerrada la etapa de prenegociación con el memorando de entendimiento presentado el pasado 13 de agosto en México, las expectativas se centran en la etapa que comienza en septiembre, donde el eje central girará en torno a las sanciones, cuyo alcance hay que comprender para determinar hasta qué punto es factible que pueda haber acuerdo

No cabe duda de que la instalación de la Mesa de Negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición mayoritaria, conformada por el G4+ y liderada por Juan Guaidó,  ha polarizado fuertemente a la opinión pública venezolana, especialmente entre quienes se autodenominan opositores. Por un lado, están quienes apoyan incondicionalmente a la oposición y celebran el proceso de conversaciones iniciado el pasado viernes 13 en México, y por la otra, quienes ven en este proceso la reedición de las tácticas oficialistas de intentos anteriores. Adicionalmente, destaca el grupo de los que se aferran a una acción internacional de fuerza como única alternativa, pese a que existen claros indicadores de que tal alternativa está hoy fuera de toda consideración.

Lo que vimos el pasado viernes 13 fue la culminación de una etapa de prenegociación, caracterizada por atender más a la forma que al fondo, en donde –entre otras cosas- se define quiénes serán los representantes de las partes y la condición en la que actúan (representantes plenipotenciarios, como es el caso de Jorge Rodríguez, o si sus actuaciones están sujetas a consulta posterior), la sede para los encuentros, la aceptación de los mediadores, conciliadores o facilitadores del proceso y las condiciones de su participación, la definición de los temas a ser negociados, entre otros aspectos que en ocasiones incluyen hasta la forma de la mesa y la distribución  en torno a la cual se sentarán las partes.

El memorando de entendimiento, así como los discursos iniciales de Gerardo Blyde, en representación de la plataforma unitaria de oposición, y de Jorge Rodríguez, en representación del régimen liderado por Maduro, dejan ver la clara existencia de una brecha que será difícil de conciliar entre las posiciones. Mientras los representantes de Maduro se centrarán en el reconocimiento de la legitimidad de su gobierno y el levantamiento de las sanciones, la oposición lo hará en la demanda de condiciones y una agenda electoral con garantías de cumplimiento que permitan una salida democrática al conflicto político venezolano, teniendo como único punto de apalancamiento, en un proceso que resulta tremendamente asimétrico a favor del gobierno, las sanciones internacionales, cuyo levantamiento el régimen demanda como precondición para continuar en la mesa de negociación.

Maduro y sus aliados, conscientes del uso de las sanciones por la oposición como fulcro, y ante la imposibilidad de pasar la página de Guaidó y el G4+, como era su intención tras la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre y el intento de incluir en la negociación a las “otras oposiciones”, pretende  ahora persuadir al nuevo gobierno de los Estados Unidos de sumarse a la mesa de negociación para dejar de lado y restar poder de negociación a la oposición y buscar un camino alternativo para lograr una solución a la presión y las sanciones que están afectando financieramente al gobierno. En respuesta a ello, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró recientemente que lo que se necesita es ver “un progreso significativo” y que el régimen de Maduro entable “conversaciones sinceras con la oposición”, que resulten en una “solución negociada integral a la crisis venezolana”.

¿Cuáles son los aspectos clave del memorando de entendimiento?

Si bien el escenario para la oposición no es el más optimista, es importante resaltar que la puesta en escena en México luce correcta. Las formalidades protocolares televisadas, así como la visibilización de las agendas y condiciones acordadas en boca del jefe de la facilitación noruega, generan cierto nivel de compromiso ante la comunidad internacional y contribuyen a mejorar la confianza en lo interno, lo que no ocurrió en procesos anteriores, lo que acarreó como una de las principales críticas el desconocimiento –o más bien ocultamiento- de la agenda de temas a tratar.

Según lo establecido en el Memorando de Entendimiento, firmado el pasado 13 de agosto en México por Jorge Rodríguez, en representación del gobierno; Gerardo Blyde, por la Plataforma Unitaria de Venezuela; y Dag Nylander, por el Reino de Noruega; y publicado en la Gaceta Oficial número 6.637, se decidió llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral y progresiva, basado en una agenda, formato y pautas establecidas previamente, durante la etapa de prenegociación.

La agenda contempla siete puntos fundamentales: derechos políticos para todos;  garantías electorales para todos; cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de las sanciones; restauración del derecho a activos; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política y social; renuncia a la violencia; reparación de las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.

Asimismo, el Reino de Noruega será el facilitador del proceso mientras que el Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia serán los acompañantes. Igualmente, Noruega tendrá la responsabilidad de invitar y anunciar a los países que formarán el grupo de amigos del proceso.

Otro aspecto muy importante que merece destacarse es que se mantuvo el principio de integralidad de la negociación, según el cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo cual ha sido siempre muy mal interpretado por opinadores de oficio desconocedores de las metodologías de resolución de conflictos. La integridad lo que busca es aumentar las probabilidades de un acuerdo en una negociación que es típicamente suma-cero, integrando intereses de manera tal que pueda construirse un acuerdo final y definitivo que sea atractivo para ambas partes, sobre todo para el oficialismo que controla el poder, y para quien toda concesión, en principio, se traduce en una pérdida.

Pero, ¿de qué sanciones hablamos?

Además del tema del reconocimiento de los poderes –exigido por Maduro- y el cual pareciera estar implícito en el memorando de entendimiento, el énfasis del gobierno se ha centrado en el levantamiento “inmediato” de las sanciones y el control de los activos y cuentas de la República, lo que depende principalmente de la decisión de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En este punto, debe tomarse en cuenta que el oficialismo se ha empeñado en igualar todas las sanciones. Pero es importante destacar que en el caso venezolano dichas sanciones provienen de fuentes distintas, como es el caso de las que se basan en la Ley Patriota establecida en 2001 a raíz del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York; y las órdenes ejecutivas de Obama, que afectan tanto a personas como instituciones.

En Estados Unidos, las sanciones son medidas administrativas implementadas, principalmente, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro. En este sentido, es una de las formas que posee EEUU para proyectar su política exterior. Pero no es la única. Por ejemplo, los países pueden ser “sancionados” si no cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo, la trata de personas, etc. Cada proceso está regido por una ley específica. Como son medidas administrativas, una misma persona puede ser sancionada varias veces.

Las sanciones aplicadas a través del Departamento del Tesoro pueden tener como objetivo a una persona investigada por los órganos policiales estadounidenses. Son procesos independientes (uno administrativo, el otro penal), que pueden converger en uno o varios individuos. Aunque el Departamento del Tesoro es el despacho encargado de anunciar la mayoría de las sanciones en casos como el de Venezuela, en este proceso también intervienen otras instancias, como el Departamento de Estado, toda vez que las sanciones no solo incluyen la confiscación de bienes y la congelación de cuentas, sino también la revocación de visas, por ejemplo.

Existen 36 programas de sanciones aplicados por el Departamento del Tesoro. En cada caso esto se traduce en medidas concretas, actas o leyes aprobadas por el Congreso, así como órdenes ejecutivas o decretos emitidos por el Presidente. En la era Chávez-Maduro, han aplicado sanciones basados en las actas Kingpin, Patriota y la de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil Venezolana. También en órdenes ejecutivas firmadas durante las presidencias de Obama y Trump.

Las sanciones pueden ser levantadas por orden judicial -pues son litigables en juzgados de EEUU- y por decisión de la administración estadounidense. En el caso venezolano, esto ha sucedido en tres oportunidades recientemente, para beneficio del general Manuel Christopher Figuera (exdirector del Sebin); María Alexandra Perdomo (esposa de Raúl Gorrín) y Mayela Tarascio de Perdomo (esposa del socio de Gorrín, Gustavo Perdomo), ambas en un mismo acto, y finalmente con un grupo de tanqueros petroleros incluidos en la lista negra.

El Tesoro puede levantar sanciones cuando se compruebe que hubo un error en la identificación del objetivo. Pero la razón más frecuente es que se demuestre la voluntad de un acatamiento de la norma o propósito manifestado por la administración. Esto facilita el levantamiento de algunas sanciones, mientras que otras tenderán a prolongarse.

De igual forma, algunas entidades sancionadas no necesariamente cesan de existir y funcionar. El Tesoro ejerce un control sobre sus finanzas -siempre y cuando fuesen manejadas a través de la banca estadounidense o mediante cuentas corresponsales en esa banca, antes de imponer la medida- y puede posibilitar que continúen operando a través de las llamadas “licencias”. Esto es lo que sucede con PDVSA, así como con algunas filiales y corporaciones asociadas.

En conclusión, por su naturaleza diversa, no es viable solicitar el “levantamiento de las sanciones” en términos genéricos, mucho menos si el gobierno de Maduro no da señales de tener una firme voluntad de cambio. El régimen ha generado una narrativa de acuerdo a la cual todas las carencias del país, incluidas vacunas, gasoil, medicinas, alimentos, etc, son consecuencia de las sanciones, y trata de sumar a esta narrativa a otros actores como “las oposiciones”, y los gremios, entre otras organizaciones, para que las sanciones sean revocadas, como si se tratara todo de un mismo grupo, lo que además de revelar ignorancia sobre el sistema de sanciones, le hace la tarea a personas que han sido incorporadas en la lista por favorecer organizaciones terroristas o de de tráfico de drogas, violadores de derechos humanos, y otros delitos atroces.

Aun así, es posible que se proceda a una revisión de las sanciones vigentes y se moderen o eliminen aquellas que ya no se justifiquen, hayan perdido utilidad, o cuyos costos y consecuencias estén siendo transferidos principalmente a la población, mientras otras podrían ser eliminadas o moderadas en la medida que se alcancen algunos compromisos de parte del gobierno. Asimismo, podría suceder en el caso de algunos individuos con los que se alcancen acuerdos a cambio de su cooperación o con organizaciones que, al recibir licencias, podrían operar en el contexto internacional para aliviar la emergencia humanitaria compleja. También la administración norteamericana podría considerar medidas para evitar el “sobrecumplimiento” de parte del sector financiero, que ha afectado el funcionamiento de empresas y organizaciones no gubernamentales. Mediante estas decisiones se revelaría con hechos la voluntad de la administración norteamericana para apoyar los avances que fueran posibles a través de la mediación noruega.

¿Cuál es el impacto de las negociacoines en las próxims elecciones regionales y municipales?

De cara a las elecciones regionales y municipales pautadas para noviembre de este año, quizá es poco lo que se puede hacer en México tomando en cuenta que el próximo encuentro de las delegaciones negociadoras se producirá el 3 de septiembre, y ya para ese momento se habrá cerrado el proceso de postulaciones.

Si se toma en consideración que hay pocas concesiones que puedan aún producirse de manera oportuna de cara a las elecciones de noviembre, cabe pensar que es irreal que la oposición –que aún no ha decidido si participará o no en el evento- tendría una buena actuación en ese momento. Sus resultados podrían ser similares a los del 2017 cuando el gobierno ganó la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías, con una participación de menos del 50% del padrón electoral. Esto es muy posible porque la mayoría de los principales partidos políticos de oposición están inhabilitados, sin contar que hay, como era de esperarse, una proliferación de candidatos que quieren participar en los comicios aun cuando sus partidos no lo hagan y hasta se han planteado primarias para escoger a los candidatos por estado, lo cual luce cuesta arriba dados los tiempos del cronograma electoral, lo que se traduciría, en una enorme dispersión del voto, que es la estrategia hacia la que el oficialismo apunta.  

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