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El TSJ contra el Estado de derecho

Transparencia Venezuela

Trino Márquez

El tipo de magistrados que integran el nuevo Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, foro donde el PSUV posee una amplia mayoría, no sorprendió a quienes rastrean el curso de la política nacional. Son casi todos militantes o activistas del chavismo, aunque, forzados por las circunstancias, algunos se hayan visto obligados a romper el carnet del partido  oficialista antes de asumir los papeles institucionales. En la Sala Constitucional, la más importante del TSJ, todos se identifican con el Gobierno. Nicolás Maduro, con esas designaciones tan sesgadas, demostró cómo el poder se desplazo hacia él.

 A pesar de que cabía esperar que en la composición  del cuerpo judicial predominara el madurismo, sí desconcertó el nivel de descaró e insolencia con el cual actuó el régimen con esas designaciones. La evaluación internacional del gobierno en  materia de derechos humanos resulta muy precaria.

A partir de las denuncias introducidas por los abogados de los familiares de las víctimas en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Maduro –a raíz de la violación de los derechos humanos y los crímenes cometidos en las manifestaciones de 2014 y 2017, y el asesinato de dirigentes políticos como Fernando Albán, militares como el capitán Rafael Acosta Arévalo y jóvenes como Juan Pablo Pernalete-  el gobierno se acercó al fiscal Karen Karim con el fin de intentar limpiar el rostro del mandatario, ligado a la represión desmedida y a la brutalidad de los cuerpos de seguridad.

Antes, en 2020, Tarek William Saab había actuado en calidad de embajador de Maduro en La Haya. Allí se reunió con la entonces fiscal Fatou Bensouda, Más tarde, cuando Karim sustituyó a Bensouda, el gobierno invitó al nuevo fiscal a visitar Venezuela. Así podría constatar la pulcritud y el celo que Maduro ponía en el resguardo de los derechos humanos. Producto de ese acercamiento con el fiscal de la CPI, el magistrado ha visitado Venezuela en dos ocasiones. La última, pocas semanas antes de que Maduro designara el nuevo TSJ.

 La segunda visita de  de Karim dio como resultado el inicio del proceso que conducirá a la creación  de una oficina de la CPI en Venezuela, la cual se encargará de monitorear la situación de los derechos humanos en el país y procesar las denuncias que se formulen. Notable avance, sin duda.

Los logros alcanzados con la CPI y con el fiscal podrían conducir a pensar que el juicio contra Maduro se resolvería a su favor; o, simplemente, sería declarado sin lugar debido al limpio comportamiento del gobernante. Este objetivo es, me imagino, el que Maduro guarda in pectore. El comportamiento de Maduro conspira contra esa pretensión.

Antes de que Karim y la CPI alcanzaran el protagonismo que han logrado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, había elaborado un informe demoledor acerca del estado de los derechos humanos en Venezuela. Ese reporte significó un duro golpe para Maduro, pues había sido elaborado por la oficina de Bachelet, con quien el presidente venezolano creía mantener estrechas afinidades políticas e ideológicas razón por la cual encubriría los excesos del régimen. Maduro se equivocó. La descripción de los expertos al servicio de la Alta Comisionada fue minuciosa. En el informe presentado, el gobierno salió aplazado. Ese material sirvió de insumo para las acusaciones presentadas en La Haya.

Finalmente, encontramos las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro, debido al sistemático quebrantamiento de los derechos humanos y la opacidad de los procesos electorales, especialmente de los comicios convocados en 2018, cuando fue reelecto para el periodo constitucional que comenzó el 10 de enero de 2019. Las sanciones le han infligido un daño letal al gobierno en numerosos flancos. Lo han obligado a sentarse a dialogar y negociar con el sector opositor que más desprecia, pero que es el único que cuenta con el respaldo de los factores de poder internacionales, entre ellos Estado Unidos, cuyo gobierno exige el respeto a los derechos humanos y la convocatoria a elecciones presidenciales libres, transparentes y supervisadas. En este terreno, el régimen mantiene una postura ambivalente: algunas veces se muestra interesado en dialogar, pero inmediatamente emprende acciones –como el nombramiento del TSJ- que anulan la posibilidad del acercamiento.

El perfil claramente oficialista y, aún peor, madurista, del TSJ representa la negación de los supuestos esfuerzos realizados por Maduro con la finalidad de adecentar y depurar el Poder Judicial (objetivos de la Reforma Judicial promovida por él); fomentar la probidad del aparato judicial exigida por la CPI; fortalecer el Estado de derecho reclamado por la oficina de la doctora Bachelet; y crear las condiciones mínimas de equidad, transparencia e igualdad que requieren el diálogo con la oposición y la búsqueda de compromisos para promover un ambiente electoral confiable.

Maduro designó un TSJ leal y sumiso a su jefatura. A esos magistrados poco les interesa preservar el Estado de derecho, aunque sí les importa mucho la permanencia indefinida del actual régimen en el poder. El país y las naciones amigas de Venezuela tomaron nota de ese hecho tan lamentable para la democracia.

@trinomarquezc

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