Trino Márquez

Los recientes asesinatos masivos cometidos por dos jóvenes de apenas 18 años de edad en un supermercado en Búfalo, cerca de Nueva York, y en una escuela primaria en Texas, han colocado una vez más en la agenda del debate norteamericano el tema de la venta de armas  sin mayores restricciones a la población civil.

La gravedad de esos sucesos, el hecho de que Estados Unidos es el único país donde esos episodios se repiten constantemente  y el enfoque con el cual están aproximándose al espinoso tema de la violencia social  al expresidente Donald Trump, otros dirigentes del Partido Republicano y líderes de opinión pública, obligan a reflexionar acerca del futuro de la libertad y la democracia estadounidense, la más importante del planeta. 

    La opinión de Trump –expresada con total claridad en su discurso ante la Asociación Nacional del Rifle (NRA), cúspide del lobby de las armas-, las declaraciones públicas de Ted Cruz y Marco Rubio, dos importantes parlamentarios del Partido Republicano, y las opiniones de algunos destacados periodistas de la cadena Fox (vinculada al PR), muestran una imagen distorsionada de lo que es la libertad individual.  

Resumiendo, la idea principal consiste en que las personas mayores de 18 años poseen el derecho constitucional a armarse para defender su vida y sus bienes. Este es un derecho incuestionable  e inalienable. 

De esa autorización se han aprovechado los sectores más conservadores de Estados Unidos y, sobre todo, el poderoso lobby representado por la NRA, para impedir cualquier disposición federal que coarte de forma severa la adquisición de armas de fuego, incluidas las más mortíferas, que se venden libremente en el mercado. Los ciudadanos para obtener un arma solo necesitan mostrar una certificación en la cual comprueben  haber cumplido 18 años y carecer de antecedentes penales. Con estos requisitos pueden dotarse de un arsenal. Permitir que la gente se arme se hace en nombre de la libertad. Sin embargo, el mismo valor no rige para que un joven compre una cerveza. Para ello necesita haber llegado a los 21 años. La libertad está asociada con la posibilidad de matar, de acabar con la vida de otra u otras personas, no con el placer de disfrutar un licor suave como la cerveza.

  Las proposiciones de quienes defienden esa visión agresiva de la sociedad son aterradoras.  Los defensores del armamentismo señalan que los maestros, profesores y vigilantes de los centros educativos deben armarse. Los colegios tienen que convertirse en trincheras donde la transmisión de conocimientos no está vinculada con los valores más elevados del ser humano, sino con el temor a que entre al recinto escolar un psicópata decidido a asesinar a quien se la atraviese por delante, y con la factibilidad de repelerlo. 

Esta visión del proceso educativo y la sociedad marcha a contracorriente de la evolución de las naciones democráticas de Occidente, donde los valores de la libertad se encuentran más arraigados. En Europa, e incluso en América Latina, la tendencia desde el siglo XIX –cuando se forman los Estados nacionales dotados de una constitución, ejércitos profesionales, cuerpos de seguridad especializados y un aparato judicial de alcance nacional- se dirige a despojar de las armas a los civiles, acabar con los ejércitos particulares de los gamonales locales y concentrar el ejercicio de la violencia legítima en el Estado, sometido este a regulaciones  estrictas para preservar los derechos individuales y las garantías constitucionales. En ese camino evolucionaron, de forma desigual, la inmensa mayoría de los países democráticos. Este rasgo no acabó con las armas en manos particulares, pero redujo sensiblemente la posibilidad de que los particulares anduviesen armados alegremente y resolviendo, de acuerdo con su criterio, problemas que debían dirimir los órganos jurisdiccionales o los cuerpos de seguridad del Estado.

Para conseguir un arma, un ciudadano está obligado a cumplir un conjunto de engorrosos trámites. Las armas son para los militares y la policía, cada vez más controlada, profesionalizada y eficiente en la prevención de delitos y en la represión.

 La vía propuesta por la NFA y la mayoría de los republicanos y, hay que admitirlo, de una franja del Partido Demócrata, apunta en la dirección opuesta. La manera de defenderse de los ‘malos’, como los llama Trump, es que los ‘buenos’ se armen, o mejor, se blinden. De acuerdo con ese grupo confrontacional, mejor es retornar al Far West; al mundo de los vaqueros, sin sentido de la ley y de un orden que debe respetarse. Mejor es vivir en el estado de naturaleza donde se imponen los criterios del mejor armado y de quien tiene mayor puntería. Todo es preferible a construir una sociedad civilizada, con Estado de derecho, desarmada, con cuerpos de seguridad profesionales, guiada por valores ciudadanos fundados en la solidaridad, el respeto  a la vida, a la diferencia y a la dignidad del otro.  

Me sorprende aún más el razonamiento de esos grupos guerreristas porque dicen ser cristianos. ¿Cómo se puede ser cristiano si proclaman quebrantar el primer mandamiento, no matarás, con la dotación de armas para todos los ‘buenos’? 

 En Brasil, acosado por severos problemas de violencia derivados del narcotráfico, una de las proposiciones de distintos gobiernos ha sido desarmar a la población civil, canjeando las armas por ciertos privilegios. Con esta política se han logrado notables éxitos.  Los norteamericanos deberían aprender de esa experiencia. La libertad nada tiene que ver con la distribución irresponsable de armas letales. Al contrario, la acaba.

    @trinomarquezc