El sector oficial podría aprovechar la atomización de la oposición “para adelantar los eventos electorales y tratar de imponerse a pesar de ser una minoría”, subraya Rafael Simón Jiménez, exparlamentario y expresidente del CNE. En cambio, el analista Daniel Santolo afirma que el gobierno de Maduro no tiene ninguna presión que lo obligue a medirse antes del último trimestre de 2024, a menos que ocurra un hecho extraordinario. Todo es posible en la baraja de la política venezolana

Vanessa Davies

En un rompecabezas político hecho de sobresaltos y sorpresas no sería la primera vez que el chavismo -o, realmente, el madurismo- altera la fecha de las elecciones presidenciales. La muerte del mandatario Hugo Chávez -formalmente comunicada el 5 de marzo de 2013- obligó a repetir los comicios a los pocos meses de una consulta que también se hizo por adelantado. El 14 de abril de 2013 se enfrentaron Nicolás Maduro y Henrique Capriles, en un proceso en el que el primero se impuso con 50,61% sobre su contendor, que obtuvo 49,12% (datos oficiales del Consejo Nacional Electoral-CNE).

La próxima consulta debía llevarse a cabo antes de cumplirse los seis años del periodo presidencial. De acuerdo con el madurismo, un proceso de negociación que la dirigencia opositora abandonó a última hora llevó a un adelanto de las elecciones, que se concretaron el 20 de mayo de 2018. Hasta ese momento la mayor parte de la oposición reconocía a Maduro como presidente constitucional. Pero desde ese 20 de mayo buena parte de las organizaciones políticas calificaron de ilegítimo el mandato de Maduro, lo que dio pie a la juramentación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como “presidente interino” reconocido como tal por un conjunto de países. La herida de la crisis institucional, ya severa, se profundizó aún más.

Nuevamente el cambio de fecha de las elecciones presidenciales se abre como una posibilidad; y esta vez, en un país que, tal como lo describen las recientes encuestas de Delphos y Datincorp, está desencantado del oficialismo y también del liderazgo opositor. El dirigente político que ha dibujado abiertamente este escenario es Rafael Simón Jiménez, exdiputado y exvicepresidente del CNE, quien ha llamado a los sectores que adversan a Maduro a prepararse para un proceso inesperado. Sin embargo, Jiménez confirma a Polítika UCAB que celebrar comicios antes de 2024 puede depender de dos factores:

a)“El interés del gobierno en procurar una fecha y un escenario que sean ventajosos para sus intereses electorales, como mayo del 2018, cuando los comicios presidenciales tradicionalmente fijados para el último trimestre del fin del periodo presidencial fueron adelantados para mayo de ese mismo año, aprovechando las divisiones y contradicciones que entre los distintos factores opositores surgieron a partir del fracaso de las negociaciones de República Dominicana y la decisión abstencionista de un sector”.

b) “Un acuerdo político que satisfaga la permanente demanda de los sectores opositores del denominado G-4, que aboga por unos comicios presidenciales y parlamentarios ‘legítimos’. Eso sería el resultado de un pacto político que seguramente generaría una mega elección que involucraría todos los cargos de elección popular”.

La llamada fiesta electoral podría ser un hecho en 2023 o antes del último trimestre de 2024. Estas elecciones, de ser en 2023, “solo podrían realizarse ‘legalmente’ (es decir, con apego a la legalidad, en lo que el gobierno no siempre es respetuoso) si fueran el resultado de un consenso o negociación política”, expone Jiménez. Ciertamente podrían materializarse antes de diciembre de 2024 porque “la Constitución ni la ley electoral establecen fecha cierta, pero sí establecen una duración para el periodo presidencial (seis años) y una fecha definida para la toma de posesión (10 de enero del año en que se inicia el periodo presidencial); por lo que, al igual que en 2018, pudiera establecerse cualquier fecha dentro de ese año”.

Sin presión no hay elección

El analista político Daniel Santolo, en cambio, no ve factible que las elecciones se concreten antes de 2024. “En este momento el menos interesado en un adelanto de elecciones presidenciales es el gobierno. Además, en este momento el gobierno no tiene ninguna necesidad, ninguna presión, nada en lo absoluto que lo obligue políticamente a adelantar las elecciones presidenciales”, razona. Por el contrario, Santolo evalúa que el gobierno de Maduro se encaminó a resolver el problema de las sanciones internacionales, y políticamente hablando “se encuentra consolidado”. Maduro, según su análisis, “logró unificar su partido y logró ser el jefe de su partido”.

Al mirarlo con esos lentes, ¿por qué tendría el oficialismo que “poner el pie en el acelerador” y medirse en 2023? “Primero, viola la Constitución, y no creo que el gobierno vaya a caer en eso”, argumenta Santolo en entrevista para Polítika UCAB. Tampoco prevé que las concrete antes de diciembre de 2024, “a menos que sea políticamente necesario”. Con una variación de fechas “no gana absolutamente nada”, sentencia. El año 2023 y el mismo 2024, de acuerdo con su análisis, le permitirían al madurismo ganar fuerza “para llegar con un país estable, mejorando en algo la economía, como lo están diciendo las encuestas”. Su conclusión es que, a menos que ocurra un hecho extraordinario, “veremos simple y llanamente las elecciones para 2024”, con una fecha impuesta por el gobierno y una oposición nuevamente fraccionada.

Como el oficialismo “monitorea la realidad del país día a día”, recuerda Jiménez, lógicamente evaluará en favor de sus intereses lo que mejor le convenga para proseguir en el poder. Tres factores inclinarán la balanza: “La situación del país y la posibilidad de mejorar la situación de los sectores políticos y sociales que le son afectos. La condición de sus adversarios, particularmente su grado de fractura y atomización. Su apresto electoral, no solo en cuanto al funcionamiento de su estructura y maquinaria política, sino las ventajas que puedan derivarse de su tradicional uso de los recursos públicos en función de sus intereses”.

El archipiélago opositor

Con un nuevo secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, un anuncio de primarias y un evidente relanzamiento del diálogo gobierno-oposición, los factores que quieren desplazar al madurismo se hallan sumergidos en su propio día a día. Si se anticipan las presidenciales, ¿en qué condiciones se encontraría la oposición para afrontarlo? “Si el gobierno adelanta las elecciones la pela que le va a dar a la oposición va a ser gigantesca”, augura Daniel Santolo. “La oposición anda totalmente extraviada en lo que se refiere a una candidatura presidencial. Esas primarias que se están planteando en el G4 son única y exclusivamente para definir el jefe del G4, el jefe de ese grupo; son para resolver sus problemas internos. Pero de allí no sale un candidato que derrote al gobierno, y eso es una realidad”.

En la oposición más de 20 nombres “suenan” como presidenciables. En el oficialismo solo resuena uno: el de Nicolás Maduro.

Si la oposición representada por Juan Guaidó y el G4 reclaman elecciones transparentes, señala Rafael Simón Jiménez, deben acompañar esa demanda con “la preparación de un apresto electoral que les permita encarar ese evento presidencial y/o parlamentario en el momento en que se convoque”. Esto es lo que parece dictar el sentido común de la política, aunque la realidad indica lo contrario: “Una simple constatación nos permite apreciar el estado de división, atomización y confusión que viven las distintas versiones opositoras, lo que permite predecir que el gobierno pudiera aprovechar tal circunstancia para adelantar los eventos electorales y tratar de imponerse a pesar de ser una minoría,  gracias a la ineptitud y la capacidad ilimitada e infinita de equivocarse que tiene el liderazgo opositor”.

En estas condiciones, afirma Santolo, “para nadie será una sorpresa que Nicolás Maduro los derrote en 2024”.

Si los apetitos personales quedaran a un lado, ¿qué es lo deseable para Venezuela? Lo describe Jiménez: “Poder trazar una ruta electoral que permita conocer con tiempo razonable la fecha de los eventos electorales, para la legitimación de todos los representantes populares”. En cambio, “una elección sobrevenida, cuya fecha se fije unilateralmente por el gobierno, amén de confusión y desinformación puede generar desconcierto y eventualmente abstención en el electorado”; elegir a un mandatario con 20% o 25% de apoyo “puede ser formalmente legal, pero carecería de legitimidad y representación”. Y en poco ayudaría a resolver el conflicto institucional que sigue deshilachando a Venezuela.