Alex Fergusson

La información disponible sobre la relación entre el cambio climático y la ocurrencia de eventos socioambientales catastróficos, indica que solo durante el 2021 en todo el mundo, tuvieron lugar 432 eventos, un 40 % de ellos en el continente asiático, los cuales afectaron a más de 100 millones de personas y dejaron cerca de 10.500 fallecidos. Además, provocaron pérdidas económicas en el orden de los 25 mil millones de dólares.

De acuerdo con la ONU, hubo en los últimos 20 años, un promedio anual de 350 catástrofes de gran magnitud. Esos hechos generaron costos de 17.000 millones de dólares, y un impacto desproporcionado en países en vías de desarrollo con una pérdida aproximada del 1% de su PIB anual.

Lo ocurrido en 2021 representa, entonces, un aumento significativo en el número y magnitud de eventos, respecto al promedio de los últimos 20 años al que se refiere el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de las Catástrofes.

Allí se afirma que los peligros de eventos socioambientales se están incrementando de forma acelerada como consecuencia de los impactos del cambio climático. Está por verse lo que ocurrirá en este 2022 en la temporada de huracanes del Caribe y con los tornados en USA, que nos afectarán sin duda, pues se predice que habrá un mayor número y de mayor intensidad que en años anteriores, como ha venido ocurriendo.

No hay duda acerca de que la escasa aplicación de las medidas a las que nuestros países se comprometieron y la baja eficiencia para prevenir los riesgos de catástrofes socio-naturales, están entre los principales factores de este desastre.

En el caso venezolano, los pronósticos de los especialistas permiten prever un año de eventos socioambientales catastróficos, tal como hemos comenzado a ver desde el mes de abril. A estas alturas, casi medio país ha sido afectado por las lluvias.

Eso explica los desastres que están ocurriendo, especialmente en los estados andinos, el sur del lago de Maracaibo y los llanos, con las inundaciones y deslizamientos de tierra que ya acumulan miles de damnificados y cuantiosas pérdidas materiales en productos agrícolas y pecuarios, y acerca de los cuales el gobierno no dice nada.

Como si esto fuera poco, los expertos dicen que lo peor está por venir como consecuencia de los impactos del Cambio Climático frente a los cuales no tenemos, ninguna política de prevención, mitigación o adaptación.

El río Caroní, normalmente reducido en su caudal  en época de sequía, ha crecido tanto que ya llenó el embalse del Guri; y el río Orinoco amenaza con alcanzar antes de tiempo sus cotas máximas.

Ya sabemos, por las referencias históricas, el desastre que significa un crecimiento desmesurado del caudal del Orinoco, especialmente por sus efectos sobre los estados Apure, Amazonas, Bolívar, sur de Anzoátegui y Monagas, y el Delta, es decir todo el sur del eje Apure-Orinoco.

Súmele a eso, los efectos ambientales de las actividades en el Arco Minero del Orinoco, la inadecuada gestión de los residuos y desechos sólidos de origen doméstico, la calidad del agua, su contaminación y su inadecuada disponibilidad, la intervención en Parques Nacionales para el turismo y el poblamiento, la deforestación y el tráfico ilegal de madera, y la contaminación producto de los frecuentes derrames de la industria petrolera.

Lo cierto es que nos enfrentamos a las consecuencias del hecho de que la toma de conciencia sobre la importancia del componente ambiental para el desenvolvimiento de la sociedad y su economía, aún no ha sido suficiente para producir los cambios en el modelo tecno-económico y en la cultura de la producción y el consumo, requeridos para garantizar un bienestar humano, social y económico, en un ambiente sano.

Así que los procesos de deterioro de la economía y la sociedad y el deterioro ambiental que los acompaña, agravados en los últimos 20 años por la inacción o negligencia del gobierno y por los impactos del fenómeno del Cambio Climático, han avanzado más rápidamente que el proceso de comprensión del alcance, significado y aplicación del concepto de “desarrollo sustentable” plasmado en nuestra Constitución Nacional.

Y es que, en el modelo vigente, que no es ni socialismo ni capitalismo, todos los esfuerzos en favor de la sustentabilidad ambiental entran en conflicto con el concepto de desarrollo que sigue promoviendo la explotación de los recursos naturales con escasa agregación de valor, como es el caso de lo que ocurre en el denominado Arco Minero del Orinoco.

En consecuencia, la tarea de lograr una mayor sustentabilidad ambiental se torna cada día más compleja, debido a las particulares características de los procesos de deterioro ambiental que enfrenta el país.

Así pues, se está dando la confluencia y el acoplamiento de los procesos de deterioro económico, social y político, con el Cambio Climático cuyos efectos sobre el medio ambiente están comenzando a ser devastadores, y hasta irreversibles. Se trata de la interacción de procesos complejos cuya lógica apunta al desastre.

Es claro que, bien sea a través de políticas oficiales específicas, o por la acción de las comunidades organizadas, y mejor si ambas se dan simultáneamente, estamos obligados a hacer y a exigir que se emprenda un mayor esfuerzo para enfrentar el riesgo de catástrofes socioambientales.

Solo así podemos contribuir a salir de esta espiral de autodestrucción, casi suicida.

Ante estas realidades que continúan evolucionando, la tarea es entonces fortalecer el compromiso individual y colectivo, Estado y sociedad, y la preocupación en torno a los temas ambientales, así como a los de índole social y económica, pues si queremos sobrevivir al desastre que estamos creando, necesitamos lograr un modo de vida más justo y solidario con nosotros mismos y con la naturaleza.