Inhabilitaciones, presiones al elector y judicialización de partidos políticos son algunos elementos que enturbian las elecciones en Venezuela. Fredy Gutiérrez, constituyente de 1999, defiende el voto en el exterior y reitera que la nacionalidad venezolana “la ostenta quien está dentro de la República y quien está fuera, y ambos, bajo lo dispuesto en la Carta Magna, tienen el derecho a votar”. Para Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia e integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria que negocia en México, las condiciones mínimas son las que recomendó la misión de la Unión Europea

Vanessa Davies

Lo hizo como si se tratara de una receta de cocina ampliamente conocida pero no siempre bien ejecutada. Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para las elecciones regionales y municipales Venezuela 2021, presentó los ingredientes para que el país disfrute de procesos electorales en los que la población realmente pueda elegir. Esta lista de requerimientos, que Santos hizo pública el 22 de febrero de este año, incluye 23 recomendaciones generales, siete de ellas prioritarias. La número dos se refiere a la prerrogativa de la Contraloría General de la República de inhabilitar candidatas y candidatos “mediante un proceso administrativo y sin notificación oportuna”. La número cuatro alude a la necesidad de que el CNE actúe si en las campañas electorales se gastan recursos públicos.

Resucita el escenario de diálogo en México, que en la ronda más reciente se centró en la agenda de atención humanitaria, y el recetario de Isabel Santos vuelve a ser protagonista. Pero más que un blanco o negro ¿cuáles son los grises que los sectores políticos democráticos deben defender? ¿Son los mismos ingredientes para el mismo menú, o para un menú diferente?

“El objetivo de nuestra Constitución fue la instauración de una democracia protagónica en la cual los venezolanos participaran directa o indirectamente en el ejercicio de la función pública. En tal sentido, el protagonista de la obra es el ciudadano”, destacó Fredy Gutiérrez, abogado y constituyente de 1999. Y recordó -en entrevista para Polítika UCAB– que el voto, para que sea tal, “está rodeado constitucionalmente de garantías ineludibles”.

En el tema electoral hay una agenda clara, y es la que describió la Unión Europea para una elección competitiva, manifestó Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) e integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria que participa en el proceso de negociación de México con el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. “Las organizaciones políticas y todos los ciudadanos tenemos que organizarnos para ejercer la presión que tenemos que hacer” para conseguirlas, ratificó Guanipa en rueda de prensa en la sede de PJ el pasado 30 de noviembre. Hay algo “a lo que nunca vamos a renunciar”, confirmó Guanipa a Polítika UCAB: “Que cada voto pueda elegir y que cada voto se convierta en decisor del futuro y no solamente en parte de una farsa o de un sainete”.

El “paquete mínimo”

Estas son algunas de las condiciones fundamentales que deberían acompañar los próximos procesos comiciales.

Sin inhabilitaciones a conveniencia. En la Constitución “se estableció el voto como expresión de la voluntad de cada persona”, reiteró Gutiérrez, y apuntó que “inhabilitados están los menores de edad, o condenados con sentencia firme”. En los hechos no es así. Entre 2002 y 2015 la Contraloría General de la República inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos, como lo registró Acceso a la Justicia; la mayoría (148), en el año 2009. Disidentes del chavismo también han sido víctimas de esta práctica, como el mayor general Miguel Rodríguez Torres (encarcelado e inhabilitado en 2018).

Para las venideras elecciones se necesita “la habilitación de todos los dirigentes políticos para poder ejercer sus derechos”, apuntó Guanipa.

Sin presiones. El proceso electoral “debe ser libre. No puede estar sujeto a situaciones dolosas o maquinaciones fraudulentas”, subrayó Gutiérrez. “Es inaceptable que se lleve de la mano al ciudadano a expresar su voluntad por una opción que no es la de su real preferencia. Tampoco se debe admitir que se ejerza violencia sobre su decisión. Ni el Estado ni organizaciones políticas pueden directa o indirectamente condicionar al votante a dispensarle alimento, salud, empleo u otra prestación a cambio del voto por una de las alternativas en juego”.

Pero las presiones existen, y prueba de ello son los puntos de colores instalados en las cercanías de los centros de votación, las listas de electores y la manipulación con las cajas CLAP o la entrega de bonos.

Una persona, un voto. “Es fraudulento que una persona vote tres o cuatro veces, alegando que es, por ejemplo, mujer, indígena, y ciudadana, entre otras condiciones”, condenó Gutiérrez. Por otra parte “la manifestación de voluntad debe ser de quien está ejerciendo el voto, y en ningún caso puede ser legalmente delegable mediante autorización o poder notariado u otra forma”, expresó. No obstante, el voto acompañado -adultos mayores, personas con discapacidad- se ha señalado como un mecanismo para favorecer el sufragio por el oficialismo.

Realmente secreto. El secreto del voto es un elemento fundamental para la democracia, porque se convierte en un muro de contención ante amenazas y presiones. Es, como lo señaló el constituyente, “la comunión de uno con uno mismo al exteriorizar el consentimiento por la preferencia política que haya escogido”. Sin embargo, en el país se ha llegado al punto de solicitar a funcionarios públicos que fotografíen el comprobante de votación para verificar por quién sufragaron.

Voto en el exterior. La votación de los venezolanos en el exterior es un punto polémico, ya que hay millones de personas fuera del país a quienes no se les ha facilitado la participación. La Plataforma R4V calcula que hay 7,1 millones de venezolanos refugiados y migrantes dispersos en el mundo (datos de noviembre de este año). Fredy Gutiérrez dictaminó que la nacionalidad venezolana “la ostenta quien está dentro de la República y quien está fuera, y ambos, bajo lo dispuesto en la Carta Magna, tienen el derecho a votar”.

De los 7,1 millones de venezolanos fuera del país “dos millones están en Colombia, y si Colombia ha regularizado a todos los venezolanos que están allí ¿cuál es el obstáculo para que puedan inscribirse en el Registro Electoral?”, interrogó Guanipa. Con el nuevo gobierno colombiano y el restablecimiento de las relaciones binacionales parece que no hay excusas para que los migrantes residenciados en la nación hermana se inscriban y sufraguen.

Capacidad sancionatoria del CNE. Para Súmate -tal como lo destacó en un pronunciamiento público el pasado 22 de noviembre- es imprescindible reforzar las facultades del ente comicial “mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña y evitar el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas”.

Escrutinio a los fondos públicos. La utilización de medios públicos para la difusión exclusiva del mensaje del oficialismo, el empleo de vehículos y cuentas en redes sociales de instituciones públicas para hacer proselitismo por una opción política, el uso de fondos públicos para una parcialidad son prácticas ampliamente descritas en el actual proceso político.

En octubre de este año Súmate interpuso una denuncia ciudadana “en virtud de la utilización de bienes y recursos del patrimonio público desde enero hasta octubre de este año 2022 por parte de quien ejerce el poder Ejecutivo Nacional, ciudadano Nicolás Maduro, al utilizar la plataforma de medios de comunicación social del Estado en actos públicos en beneficio de la parcialidad política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”. Con estas acciones, sentenciaron los accionantes, se viola la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. No ha habido un pronunciamiento del CNE al respecto.

Actualización y democratización del Registro Electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y dirigente juvenil de Fuerza Vecinal, planteó que hay más de 2 millones de jóvenes fuera del Registro Electoral (RE).

Se calcula que 1,5 millones de jóvenes que viven en Venezuela no están inscritos en el RE, explicó Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven. En 2024 este número podría duplicarse “si no se hace algo para inscribirlos”. Para 2020, de acuerdo con Cedeño, había unos 700 mil jóvenes radicados en el exterior y fuera del RE.

Tomás Guanipa atribuyó el rezago en la inscripción “a que la política del CNE y del régimen de Maduro es que nadie sepa que tiene derecho a votar, y que para votar tiene que inscribirse en el Registro Electoral”. Incluso, acusó al ente comicial de “hacer de la inscripción un proceso clandestino”.

Organizaciones políticas como Fuerza Vecinal y Voto Joven han solicitado al CNE que instale puntos móviles de actualización del RE. La petición ha caído en saco roto.

Partidos políticos sin injerencia. La judicialización de los partidos (de todos los signos ideológicos) ha enrarecido el clima nacional. El Tribunal Supremo de Justicia designó directivas para las organizaciones opositoras Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei; también, para las organizaciones oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos. Aunque posteriormente echó para atrás la decisión que afecta a Primero Justicia, esta espada de Damocles pende sobre todos los partidos si se convierten en “incómodos”.

De cara a nuevas consultas Tomás Guanipa precisó que es imprescindible que los partidos “no sigan estando secuestrados por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Observación electoral. En el año 2010 el Reglamento en Materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral le hizo honor a su nombre: reemplazó la observación electoral internacional por el acompañamiento, y dejó la observación únicamente en manos de organizaciones venezolanas. El acompañamiento, además, se circunscribió a las organizaciones internacionales que sean invitadas por el CNE, o que sean autorizadas por el ente comicial si así lo solicitan.

El reglamento del CNE aclara que ambas actividades “se ajustarán a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano sobre la materia, en particular, a los principios de supremacía constitucional, legalidad, soberanía, integridad e inviolabilidad territorial, autodeterminación de los pueblos, no injerencia, imparcialidad, transparencia y respeto a las normas y autoridades electorales”.

Pero hubo un cambio en 2021 para los comicios regionales y municipales. Incluso, el CNE autorizó la presencia de la misión de la Unión Europea tras más de una década sin observación. El informe presentado por el Observatorio Electoral Venezolano sobre las elecciones de 2021 llama la atención sobre “la buena señal de apertura hacia una observación internacional plural”, mas alerta que este cambio “no puede desvanecerse con declaraciones agraviantes que desde el poder buscan deslegitimar misiones de observación”.

Composición del CNE y presión popular

A juicio de Fredy Gutiérrez, en un debate sobre el voto y las garantías para su ejercicio no se debería omitir “la composición del Consejo Nacional Electoral y sus delegaciones regionales y municipales, porque quienes integran estos organismos tienen, legalmente, que actuar con equilibrio e imparcialidad”. Tampoco debe quedar de lado la composición de la Sala Electoral del Tribunal: “Es importante examinarla, toda vez que el desequilibrio y la parcialidad de sus integrantes haría que el proceso eleccionario no sea limpio al dirimir las controversias que se puedan suscitar”.

Mientras dirigentes políticos participan en un proceso de negociación “que puede ser duro, pero es muy necesario, también tiene que haber una presión de calle” para conquistar mejores condiciones electorales, remarcó Guanipa. Este 2022 ha estado caracterizado por las protestas, aunque no necesariamente para sufragar en condiciones menos adversas. Pero la reescritura de este recetario por la democracia apenas comienza.