Tulio Ramírez

Las consecuencias de implementar un modelo político y económico que no estimuló la inversión privada, generó un ambiente de inseguridad jurídica para los capitales nacionales y extranjeros, dilapidó los enormes recursos provenientes de la venta del petróleo, desechó la meritocracia como criterio para la selección de la burocracia gubernamental, desestimuló el esfuerzo del trabajo y estimuló la diáspora de millones de venezolanos.

Tales desaciertos hicieron de Venezuela, el país con mayor nivel de inflación del mundo y con los salarios más bajos de la región. La escasez de alimentos cada día se agudiza más y el cada vez menor poder adquisitivo de la moneda impide que más del 80% de la población tenga acceso a un buen número de productos de la dieta diaria. La Fundación Cáritas señalaba que para marzo de 2020 “la desnutrición infantil en Venezuela subió al 26% (…) y las familias no encuentran suficientes alimentos o medicinas” (2023).

En cuanto a los adultos mayores la situación de su manutención después de haber trabajado por lo menos 25 años en la administración pública es cada vez más desoladora. La pensión de vejez, que es el monto que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) paga mensualmente al trabajador después de que se retira tras cumplir al menos 750 semanas cotizadas y 55 años en el caso de las mujeres, o 60 años en el caso de los hombres, es para más del 60% de los jubilados, la única fuente de ingresos.

Las políticas económicas que trajeron como consecuencia la devaluación de la moneda nacional han desvanecido de manera continuada el poder adquisitivo de la pensión. Según cifras oficiales en Venezuela hay 5.003.987 pensionados.  Desde 1995, el gobierno decretó que el monto de la pensión sería igual al salario mínimo.

Una pensión en el 2020 era el equivalente a 311 dólares mensuales. Para enero de 2023 la pensión es de Bs. 319,26 lo que equivale a 17,16 dólares al mes. La Cesta Básica, según el CENDAS, está para la misma época en 395,0 dólares. Con el monto percibido el pensionado podrá adquirir apenas el 4% de esa cesta. El detalle es que la Canasta Alimentaria no incluye medicamentes ni costos de los servicios de salud. Así entonces, la inflación constante aleja a los pensionados de la posibilidad de adquirir alimentos y medicinas. Agrava esta situación, el que la posibilidad de ser auxiliados por sus descendientes disminuye por efectos de la diáspora. Las escasas remesas recibidas, cuando existen, no compensan el gasto necesario para vivir.

En lo que respecta a la atención sanitaria a los sectores más vulnerables de la población es literalmente grave. Si nos referimos a la atención en instituciones públicas, hay que destacar la notable escasez de medicamentos, falta de mantenimiento, escasez de personal médico y paramédico debido a la diáspora, los precarios sueldos al personal de salud, la falta de servicios públicos de manera estable como agua y electricidad, deterioro de las unidades de ambulancia y el cierre parcial o total del servicio prestado de manera primaria en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), los cuales son los centros de atención más cercanos a la comunidad.

Si nos referimos al servicio de salud de gestión privada, la índole y naturaleza de los problemas son de otro tenor, pero que afectan directamente a la población en general. La atención en estos centros supone una erogación muy alta de dinero, imposible de pagar por el venezolano promedio, cuyos salarios, en el mejor de los casos, ronda los 15 dólares mensuales. Por otra parte, las pólizas de seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, son imposibles de pagar por el venezolano común y las otorgadas por contratos colectivos con la administración pública ofrecen una cobertura tan irrisoria que ni siquiera permiten la admisión al centro de salud. Menos de un 30% de la población tiene la posibilidad de ingresar a una clínica privada.

La Encuesta Nacional de Hospitales realizada en 2018, arrojó en su diagnóstico algunos indicadores sobre las dificultades en su funcionamiento y atención. Por ejemplo,  un 88% de los establecimientos presentaban escasez de medicamentos, 79% en materiales médico quirúrgicos y 84% en catéteres y sondas. Por otro lado, la creación de la Misión Barrio Adentro, lejos de ser un aliciente al Sistema Público Nacional de Salud, se convirtió en un modelo paralelo que ha obstaculizado el desarrollo del área. Numerosos recursos se han destinado sin los resultados esperados.

En 2017 el Dr. Julio Castro señalaba que “existe una regresión en la situación de la salud en Venezuela. En promedio, el país retrocedió unos 25-30 años. La situación caracterizada por la dificultad para conseguir medicamentos, la crisis de los hospitales a nivel nacional y el resurgimiento de enfermedades por falta de cumplimiento de estrategias preventivas, enmarca al 2017, como el peor año en desempeño de salud en la historia republicana de Venezuela” (citado por González, 2018). Luego de 2018, la situación empeoró. Por una parte debido a la pandemia, y por otra, a la debacle económica que incentivó la hiperinflación y la cada vez mayor precarización de los sueldos de los venezolanos.

Si bien para más del 80% de la población el acceso a una atención hospitalaria óptima es materialmente imposible, el sector que más sufre es el de los adultos mayores. Para solo ofrecer un ejemplo, un frasco de insulina de 100 unidades se consigue en el mercado a un costo de 30 dólares, un pensionado con condición diabética no puede adquirir ese vital medicamento para mantener estable sus niveles de azúcar, situación que se agrava por el hecho de que en los hospitales públicos la existencia de este medicamente es prácticamente nula.

Esta crisis se ahonda en los centros de salud del sector rural, prácticamente cascarones vacíos, con la presencia, en el mejor de los casos, de un médico sin un stock mínimo de medicamentos para atender las emergencias. En los sectores de la Venezuela profunda, nuestros compatriotas acuden a la medicina tradicional ante la no existencia de un servicio eficiente de salud y la imposibilidad de acceder a la medicina privada.

La situación es la misma cuando se trata de personas con algún tipo de discapacidad. A pesar de que en Venezuela existe una ley que protege a estos ciudadanos, la atención especializada se ha vista afectada por la migración de especialistas  y la cada vez menor capacidad de las clínicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para proveer atención a este sector de la población. Algunas organizaciones no gubernamentales que han implementado programas de ayuda a las personas con discapacidad presentan dificultades cada vez mayores para donar medicamentos, dispositivos o terapias por los altos costos que suponen, e igualmente, la escasez de profesionales.

Si bien el 80% de los venezolanos presenta problemas severos al momento de optar por los servicios de salud, es la población de pensionados y las que poseen algún tipo de discapacidad, quienes presentan la mayor vulnerabilidad para acceder a estos servicios. Su situación está directamente asociada con las pésimas políticas económicas implementadas durante el llamado período de la revolución bolivariana. 

Referencias

CARITAS (2023) Ayúdenos a luchar contra la desnutrición infantil en Venezuela. En: https://www.caritas.org/ayudenos-a-luchar-contra-la-desnutricion-infantil-en-venezuela/?lang=es

Encuesta Nacional de Hospitales (2022) Boletín Nro. 12. https://www.encuestanacionaldehospitales.com/copia-de-otras-encuestas

González, G. (2018) La crisis del sistema de salud en Venezuela. Salus, vol. 22, núm. 1, pp. 6-7,

2018. En: https://www.redalyc.org/jatsRepo/3759/375956270002/html/index.html