EDITORIAL

Benigno Alarcón Deza

Una vez disipada la burbuja del “Venezuela se arregló”, el país arrancó el nuevo año con un clima enrarecido ante las protestas de docentes y trabajadores de la administración pública por reivindicaciones salariales. La respuesta del gobierno es que no hay dinero para mejoras salariales por culpa de las sanciones, cuando la realidad es que sí hay recursos procedentes, no solo de la venta de crudo, sino también de negocios con oro, otros minerales y criptomonedas, entre otros. Paralelamente, el venezolano se vuelve a enfrentar al flagelo de la delincuencia que ha repuntado en los últimos meses y que incrementa el clima de inseguridad que había bajado considerablemente en 2020 y 2021. En medio de todo esto, la población sigue esperando un cambio político, básicamente a través de la elección de un candidato único opositor a través de la primaria; sin embargo, los dirigentes de la oposición siguen divididos y, en muchos casos, tratando de sustituir la primaria por un mecanismo de consenso

El retroceso económico

Mientras los docentes, jubilados y trabajadores de la administración pública se mantienen en las calles de todo el país protestando y exigiendo un salario digno, el gobierno apuesta al desgaste al tiempo que inicia acciones de acoso y amenazas contra algunos dirigentes gremiales. Hasta ahora el régimen solo ha argumentado que no hay dinero para aumentar salarios por culpa de las sanciones, abonando a su propia narrativa que apunta a aprovechar el momento de debilidad de la oposición y de pragmatismo de una comunidad internacional, que ya no tiene expectativas de cambio, para lograr el desmontaje de la presión internacional y obtener más recursos.

Haciendo un balance de lo que fue 2022 en materia económica, hay que destacar que en el primer semestre se observó una cierta recuperación, pero en la segunda mitad del año el panorama cambió. El flujo de ingresos cayó como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania. A PDVSA le está costando mucho vender el crudo y cobrarlo, porque ya no tiene a Rusia que servía de intermediario.

En el primer trimestre de 2022 se observó una importante recuperación del consumo, en el segundo fue moderada y en los dos últimos se inició un retroceso. Esto último sorprende tomando en cuenta que allí están incluidos los meses de noviembre y diciembre que son de mayor actividad comercial. Esta caída fue básicamente a raíz del repunte inflacionario que se observó en agosto y noviembre, como consecuencia de la devaluación, lo que impactó de forma significativa el ingreso de los trabajadores.

En cuanto a importaciones, hay que destacar que el gobierno ya casi no hace compras en el exterior. Esta actividad ha quedado prácticamente en manos del sector privado, y puede seguir creciendo este año porque los costos de fletes se han venido reduciendo y por el colapso de la política cambiaria. El gobierno se ha visto forzado a gastar más en bolívares y las ventas de divisas no pueden mantener el flujo que requiere el mercado, lo que genera presión sobre la tasa de cambio. En este caso, lo único que luce factible para el gobierno es flexibilizar aún más la dolarización, permitiendo los préstamos en dólares, eliminando el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y accediendo a que los medios de pagos en divisas se puedan conectar con los bancos internacionales. Cuando se obliga a la gente a pagar en bolívares y no se le permite hacerlo en dólares a través de su banco, esto pesa mucho. Esto refleja que, al parecer, el gobierno está dejando de escuchar a sus asesores ecuatorianos y se resiste a avanzar en la apertura a la dolarización. Lo que lleva a pensar que el país tendrá un año complicado, incluyendo una escalada de la conflictividad social por el tema de los salarios.

Pero volviendo a las sanciones, es necesario aclarar cuál ha sido el alcance y aquí hay cinco puntos clave para el gobierno. Primero, el gobierno pasó a manejarse en efectivo y eso tiene complicaciones, como tener que vender a descuento y con intermediarios. Por esa razón, entre los años 2018 y 2021 ha perdido por descuentos e intermediarios cerca de 30 % de su ingreso por venta de crudo. En segundo lugar, le cuesta mucho hacer cualquier tipo de negocio por el aislamiento comercial al que está sometido. Y por más que digan que alimentos y medicinas no están sancionados, hay complicaciones. El tercer elemento es la exclusión de nuestro sistema financiero del sistema internacional, no existe la capacidad para hacer transacciones con bancos internacionales. El cuarto punto es que hacer negocios con Venezuela tiene un sobrecosto. Mover mercancía a nuestro país es cuesta arriba, no solo por las sanciones sino también por el sobrecumplimiento de las organizaciones que están involucradas en las transacciones.

En base a esta situación, el régimen viene ejecutando una estrategia de victimización, en la que ha logrado involucrar a voceros del sector privado venezolano para difundir la idea de que no hay ingresos por las sanciones, pero en realidad ha generado recursos adicionales, por la venta del oro y otros minerales, operaciones con criptomonedas, entre otras actividades que se desarrollan tanto de manera legal como al margen de la ley, y en muchos casos con el apoyo de aliados internacionales como Turquía e Irán, entre otros que se suman a socios ya tradicionales del régimen como lo son China, Rusia y Cuba . Estos ingresos suman entre siete y nueve mil millones de dólares y no los 700 millones de los que habla Maduro.

Otro aspecto importante que destacar es el cambio de política hacia el sector privado, pues ahora hay más pragmatismo. Y un factor adicional es el desarrollo de una economía negra que representa casi 20 % del PIB. De hecho, parte de la respuesta del gobierno al tema clientelar y cómo hacer frente a la necesidad de recursos es la creación o permisividad de una economía negra, que le da incentivos para no ceder (alcabalas internas, aduanas, puertos y aeropuertos, minerales como el coltán). Se ha montado una nueva estructura clientelar con actores que le ayudan a permanecer en el poder.

Sin embargo, y ante la permanente manipulación del gobierno con respecto a las sanciones y cómo afectan al país, es importante recordar que la crisis económica en términos formales en Venezuela comenzó en 2014, cuando aún no estábamos sancionados. La gran crisis de la escasez se produjo en 2015 y 2016 mientras que las primeras sanciones se dieron en 2017 como consecuencia de la represión contra la población en las protestas de ese año. Y la recuperación económica comenzó a darse en 2020, lo que revela que no todo tiene que ver con las sanciones.

El fin de la paz social

Parte de lo que fue la burbuja del “Venezuela se arregló” contó con dos componentes: la disminución de homicidios y la paz social. En cuanto a lo primero, hubo una reducción en los últimos dos años pero que ya se detuvo. Básicamente la violencia se redujo porque se perdieron las oportunidades del crimen como consecuencia de la crisis económica, la crisis humanitaria y la pandemia.

También desaparecieron los robos a bancos porque ya no había nada que robar. Esto generó por una parte la migración, forzada o no, de los delincuentes que generaban mayor escándalo en términos de violencia. Pero también se dieron las ejecuciones extrajudiciales; de hecho, en algunos municipios hubo más muertes vinculadas con la policía que por la delincuencia.

Pero en los últimos meses aparecen nuevas oportunidades de negocio para el crimen, como la dolarización que propicia la extorsión de comerciantes, gente que tiene acceso a dólares, lo que es el reinicio de los secuestros y la presencia de papel moneda. El crimen organizado se dedica a la extorsión, el narcotráfico y el lavado de dinero, y el desorganizado a robos y otros delitos.

La realidad es que hubo paz social en estos últimos dos años pero la explicación hay que verla de distinta manera. La crisis humanitaria dejó perpleja a la población, la cuarentena y la falta de combustible paralizaron al país, las remesas se convirtieron en solución para muchos. Parte de lo que  ha cambiado ahora es que el ciudadano –que antes permanecía recluido en su casa por la cuarentena- ahora vuelva a estar en la calle para producir y socializar, lo que vuelve a crear una dinámica víctima-delincuente.

Por otro lado, hubo esperanza en marzo 2022 cuando aumentó el sueldo mínimo pero luego la devaluación de agosto y noviembre hacen que se pierda la confianza en el bolívar. Se produjo un efecto en el que se generó una caída de las expectativas el año pasado y hubo mescolanza de mensajes del gobierno. Por una parte hablan de que Venezuela se arregló, que hay riqueza, que hay estadios y bodegones pero la mayoría ve una situación muy distinta. Y ahí se están generando demandas muy fuertes con relación a la dolarización del salario, que explica, aunque sea en parte, la protesta social.

¿La primaria para cuándo?

Cada vez hay más candidatos en la escena pero el proceso de la primaria sigue hasta ahora sin mostrar grandes avances, mientras el cronograma y fecha de la elección continua aun sin definirse. Según se pudo conocer, hay la intención de que en unas tres semanas la Comisión Nacional de Primaria esté dando a conocer el cronograma para la realización del proceso de selección del candidato unitario de la oposición democrática, que se estaría fijando para octubre de este año.

Uno de los aspectos que ha ralentizado el tema es el proceso de exploración con el Consejo Nacional Electoral (CNE), como era de esperarse. En diciembre hubo una reunión con las autoridades electorales del país a la cual asistieron los miembros principales de la Comisión de Primaria. Allí se planteó la posibilidad de crear una comisión técnica de enlace para tratar las diferentes áreas. Uno de los elementos fundamentales de la negociación con el CNE es en qué estaría dispuesto a colaborar y en qué condiciones, decisiones para las que el CNE no tiene autonomía y en las que Jorge Rodríguez tiene la última palabra.

Entre las solicitudes que se hicieron al CNE para el caso de la primaria es que se permita el uso de los centros de votación y la actualización del Registro Electoral así como que se garantice que las máquinas no usen las captahuellas. Pero si no hay acuerdos con el CNE, en la Comisión de Primaria estiman que aún los tiempos dan para hacer una elección autogestionada en octubre de este año.

Pero más allá de los problemas con el CNE, lo más complicado han sido los acuerdos políticos. Con una oposición que sigue dividida, a pesar de las consecuencias que tendría para el país que se pierda esta nueva ventana de oportunidad para impulsar un cambio.

Es importante recordar que, pese a la aversión que algunos sienten hacia la primaria, ningún precandidato  presidencial lo expresa públicamente debido al muy alto nivel de apoyo y la demanda de la sociedad para participar en la elección de su candidato, esto de acuerdo con las mediciones realizadas por múltiples encuestadoras. Pero de cara a los partidos, la primaria tiene el inconveniente de restarle poder a los acuerdos entre ellos al poner la decisión sobre la candidatura en manos de la gente. Esta situación genera una gran incertidumbre a los partidos y abre las oportunidades para que otros candidatos ajenos y sin compromiso con los partidos del G4, como es el caso de María Corina Machado, puedan imponer su candidatura.

Ante esta posibilidad, hay quienes insisten en el consenso como la mejor opción para elegir al candidato y probablemente esto no permite que la primaria avance al ritmo que se esperaba, porque hay actores jugando tras bastidores y que ponen obstáculos que frenan las decisiones. La otra amenaza es que el gobierno decida adelantar la elección un semestre o más, como hizo en 2018, esperar hasta octubre para tener un candidato le resta al candidato elegido un tiempo vital para organizar su equipo y su campaña, que puede hacer la diferencia entre ganar y perder en 2024.

En conclusión…

Durante enero, las manifestaciones de los empleados públicos, especialmente los del sector educativo, exigiendo ajustes salariales, han reflejado el clima de deterioro social que en los hechos sepultó la prédica del “Venezuela se arregló” que estuvo presente hasta mediados de 2022, cuando el leve repunte económico y la estabilidad cambiaria sufrieron un importante retroceso.

Ante estas exigencias, el gobierno ha vuelto a levantar el discurso de que por culpa de las sanciones no es posible aumentar salarios. Al régimen se le disminuyeron los recursos porque su intermediario petrolero, Rusia, tiene restricciones para comercializar crudo, pero ha creado otras fuentes de ingreso que en cierta medida amortiguan ese impacto y generan recursos para enriquecer a aquellos actores de los que depende su estabilidad, e incluso la capacidad para mantener el poder a través de la represión, que es justamente lo que las sanciones buscan evitar al reducir los recursos disponibles para premiar la lealtad incondicional de estos actores.

Es por ello por lo que resulta un sinsentido el lobbying de algunos actores políticos, económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales, a favor de un levantamiento incondicional de todas las sanciones sin que haya un avance en la negociación política, porque eso es lo único con lo que cuenta la oposición hoy para lograr que el gobierno ceda en alguna medida. Este lobbying solo puede explicarse por ignorancia o por motivaciones egoístas que miran a sus propios intereses individuales o corporativos y no a los de Venezuela. En por ello que resulta difícil de comprender que se haya aceptado el otorgamiento de la licencia a Chevron, que era de lo más importante en la estructura de sanciones. Los actores prodemocráticos involucrados  están en la obligación de atar el levantamiento de las sanciones a un programa de negociación política, y no es eso lo que estamos viendo en estos momentos.

En ese contexto, con bajas expectativas de cambio, tanto en la comunidad nacional como en la internacional, los esfuerzos del gobierno por normalizar sus relaciones con otros Estados e instituciones internacionales continúan, pese a la falta de institucionalidad y las restricciones a los derechos humanos y políticos, el gobierno insiste en su “legitimación” externa.

Surge la interrogante sobre cuál es el papel de la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina y la comunidad internacional democrática en general en cuanto a un posible abandono del caso venezolano, tomando en cuenta la pérdida de institucionalidad, del Estado de derecho, de condiciones de vida dignas para los venezolanos. Lamentablemente lo que está sucediendo es que se le está facilitando la vida a Maduro, y la posibilidad real de consolidarse.

No observamos perspectivas muy halagüeñas respecto al proceso de negociación, y no solo por los temas cuya discusión se demanda, que avanzan inevitablemente hacia las condiciones políticas y la elección presidencial de 2024, sino porque el régimen no está en una situación límite que haga de la negociación su alternativa obligada. Si éste no se percibe frente a esa amenaza inminente, no tendrá incentivo alguno para avanzar hacia un acuerdo negociado.

La expectativa sobre la primaria opositora se ha encontrado con obstáculos, especialmente por las pugnas internas que han generado retrasos en el proceso de su organización, incluso con la posición de algunos actores en favor de definir la candidatura a las presidenciales a través del consenso, lo cual generaría el rechazo por parte de los ciudadanos venezolanos que reclaman el derecho a elegir a su representante para la próxima elección presidencial.