El desfalco al país podría superar los 120 mil millones de dólares mientras que la economía “negra” o ilegal se estima en 30 por ciento

Francisco Olivares

El país aspira a unas elecciones libres y generar una transición a la democracia que logre reponer las instituciones y las libertades para la sociedad civil. El llamado a las primarias como una fórmula para reconstruir el liderazgo opositor y utilizar el derecho a elegir como parte del camino hacia esos objetivos encuentran fuertes barreras que no serán fáciles de superar. Entre ellas la corrupción desde el alto poder que ha permitido el fortalecimiento de una “casta burocrática” con alto poder económico que domina la economía nacional y maneja extraordinarios ingresos de la llamada “economía negra” bajo un casi total control de las instituciones del país.

Solamente en corrupción el desfalco podría superar cerca de 120 mil millones de dólares, mientras que la economía negra, según estiman los expertos, genera entre 25 y 30 por ciento del Producto Interno.

Un reciente estudio de Transparencia Venezuela sobre economías ilícitas señala que “estamos ante organizaciones que han logrado tejer importantes redes nacionales e internacionales gracias al apoyo de un grupo de funcionarios públicos corruptos que conviven, apoyan y promueven estas acciones para obtener beneficios”.

La economía negra se ha fortalecido a través de los vínculos con los gobiernos aliados y sus empresas, en la industria de hidrocarburos, oro y otros minerales estratégicos. Al mismo tiempo, el crimen organizado, las bandas armadas y el narcotráfico han establecido lazos con factores del estamento de poder, como ocurre en muchos países del continente, que permiten el flujo del tráfico a través del territorio.

De acuerdo con cálculos realizados para el informe sobre “economías ilícitas” por la consultora en economía y finanzas, Ecoanalítica, anualmente la red de corrupción es capaz de generar 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional. En cuanto al tráfico de oro, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares, pero en promedio solo unos 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales, es decir, que más de 75% es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado.

Una élite de 200 mil personas

Ese poder económico en manos de una pequeña élite que expertos estiman en cerca de 200 mil personas, constituye el más poderoso obstáculo para que el sector democrático y quienes aspiran a un cambio puedan lograr una transición, pues para ellos, en un escenario de recuperación de los poderes públicos, este sector perdería gran parte de sus privilegios, la autonomía para actuar y el riesgo de ser juzgados por corrupción y legitimación de capitales. Por el momento, ese poder económico está resguardado por el poder militar cuya institución ha sido alineada a la ideología promovida desde el chavismo, incorporando a los más importantes jefes castrenses a la administración pública y a las empresas del Estado, en el marco de un cambio fundamental que ha sido la alineación política al gobierno chavista y sus alianzas internacionales.

Desfalco por corrupción

Nicolás Maduro y su principal vocero, el exmilitar, Diosdado Cabello, se esfuerzan por explicarle a los miles de trabajadores de la docencia y de empresas del Estado, que diariamente salen a las calles a protestar en todo el país, porque reciben sueldos que pueden promediar apenas entre 20 y 50 dólares por mes, que no hay dinero para ofrecerles un salario que les permita vivir. La razón que esgrimen son las sanciones internacionales que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado a operaciones financieras y empresas del Estado que han incurrido en corrupción, lavado de dinero y extorsión en operaciones internacionales.

Refugiados en los despachos y urbanizaciones resguardadas por los cuerpos de seguridad, la imagen que ofrecen a la población es la de un sector muy privilegiado que suele estar protegido por caravanas de escoltas muy distantes de los problemas que aquejan a la población en las necesidades más elementales, como la comida, la salud y los servicios.

Investigaciones de Transparencia Venezuela registran 316 casos de alta corrupción, apropiación indebida del patrimonio público, en los primeros 20 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (1999 a 2020), y que se encuentran en procesos en tribunales en varios países. La investigación logró identificar el desfalco de dineros públicos en 145 casos con un monto 67 mil 883 millones, 499 mil dólares. En el robo se precisó la participación de altos funcionarios del gobierno, altos jefes militares y allegados. Ese monto robado del patrimonio venezolano es equivalente a 7 veces las reservas internacionales de Venezuela que, a la fecha del 9 de diciembre de 2021, cuando se cierra dicha investigación, correspondía a 10.856 millones de dólares.

La información que maneja esta investigación está basada en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela. La mayoría de estos casos de corrupción, lavado de dinero y extorsión, además de los que se procesan en Venezuela, están siendo conocidos en Estados Unidos, Colombia, Portugal, Argentina, España, Andorra, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y Perú. En total, la investigación ha identificado 21 países en donde hay juicios contra altos funcionarios venezolanos y allegados.

Los nombres que se repiten en este estudio, en tres o más investigaciones abiertas por corrupción en diferentes países son: Alex Nain Saab Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas, Claudia Patricia Díaz Guillén, Claudio Uberti, Javier Alvarado Ochoa, José Vicente Amparan Croquer, Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Omar Farías Luces, Rafael Ernesto Reiter Muñoz y Roberto Enrique Rincón Fernández. El sector público más afectado por las irregularidades administrativas es el petrolero, en el que fueron defalcados 42.742 millones de dólares en esas dos décadas. El Corruptómetro, el cual  coordina Transparencia Venezuela y tiene una alianza con los medios informativos Tal Cual, Runrunes y el Pitazo, también incluye investigaciones periodísticas que revelan graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos y datos aportados por reconocidos medios de comunicación. También forma parte de la investigación colaborativa “Chavismo Inc”, la Alianza Rebelde Investiga y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.

Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le siguen Argentina, con 15 casos y otros cinco en España. En cuarto lugar se ubican Portugal, Brasil y Ecuador, con cuatro juicios abiertos, mientras que en Suiza hay tres procesos.

Solo en EE.UU se identificaron 306 propiedades vinculadas a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2021, es decir, un promedio de 26 por año, durante más de una década.

Entre los años con mayor número de afectación de bienes en EE.UU, de propiedades de los señalados en corrupción con origen en Venezuela, destaca 2019 que registra 106; le sigue 2021 con 76; 2018 con 55, y 2020 con medidas judiciales contra 27 bienes. Como se puede observar, el último año de pandemia no fue obstáculo para que los corruptos siguieran haciendo negocios con 76 casos procesados solo en EE.UU.

La lista de bienes identificados se discrimina en 111 inmuebles (36%); 66 casos de dinero en efectivo (21%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y 2 yates (0,6%), entre otros.

Militares y el poder

Siguiendo una línea similar al modelo “cívico-militar” implantado en Cuba y otras autocracias como la de Irán, el chavismo en Venezuela ha logrado tener un control exitoso sobre la institución militar, alimentado, no solo por la doctrina ideológica “socialista y antiimperialista” que se promueve sobre la Fuerza Armada, sino por los privilegios económicos y el control sobre áreas importantes de la economía y la política que se les ha asignado desde el gobierno.

Un análisis de Transparencia Venezuela presentado a finales de 2021 revela que la presencia de representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene en importantes espacios como en las juntas directivas de al menos 103 empresas públicas y en 11 de 34 ministerios del Ejecutivo (32,35%), sin contar con las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa, la mayoría dedicadas a actividades que nada tienen que ver con fines castrenses.

La investigación de dos décadas revela que, hasta octubre de 2021, hay más militares “comandando” empresas públicas o como parte de sus juntas directivas que el año anterior; especialmente en manufactura, y mantienen el control en un sector tan estratégico como el agroalimentario.

En 2020, Transparencia Venezuela evidenció que militares activos y retirados formaban parte de las directivas de 96 empresas propiedad del Estado, de un total de 706 compañías identificadas para ese año. Los nuevos hallazgos indican que, para septiembre de 2021, existen registros de 905 nacionales e internacionales.

Por otra parte, la mayoría de las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa no tienen fines militares y representan 2,6% del total de 905 estatales. También mantienen su presencia en las empresas básicas centradas en el sector minero y metalúrgico, agua y electricidad. El holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha tenido 12 presidentes, de los cuales siete han sido militares activos o retirados.

El chavismo también tiene 14 embajadores, que han estado en el componente armado. Entre los candidatos provenientes de las FANB en las pasadas elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 resultaron electos la exministra de Defensa, Carmen Meléndez, en la Alcaldía del municipio Libertador, en Caracas; Gilberto Pinto, excomandante general de la Armada, en la Gobernación del estado Sucre; mientras que el militar retirado de la Aviación, Julio León Heredia, fue elegido en Yaracuy.

Por su parte la ONG Control Ciudadano identifica 44 entes de diferente naturaleza jurídica y empresas militares que se encuentran adscritos al Ministerio de la Defensa. En la panorámica incluye las zonas económicas militares especiales creadas. Resalta el tamaño y competencias que viene ejerciendo la burocracia militar, el salto cualitativo de competencias que ha asumido “alejándose de las funciones constitucionales que tiene asignada”.

La paz de las armas

Según indica el informe de Transparencia, la notable presencia castrense en las altas esferas del Estado le ha garantizado al sector militar acceso a inmensos recursos y gran capacidad de maniobra política. De allí que se estima que tiene un peso específico en el grupo que controla el país. A esto se suma que están en posesión de las armas de la nación con un papel determinante en el aparato represor para “mantener la paz social”.

El estudio de Control Ciudadano concluye que las características comunes que presentan las empresas militares no son capaces de exhibir dividendos ni transparencia pública de su gestión; los contratos y bienes y servicios son completamente opacos para la sociedad; se desconoce si están realizando las rendiciones financieras ante la Contraloría General de la República y Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional.

Las competencias asignadas no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB, ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la nación o aumentado el apresto operacional de los componentes armados. En general “son un archipiélago de empresas creadas para manejar recursos, con amplios márgenes de discrecionalidad, repitiéndose casi todas, en la misión estatutaria que tienen establecida”, indica el informe.

Nuevo escenario

Venezuela ahora ocupa los últimos lugares en los índices económicos, niveles de corrupción, libertades, seguridad y pobreza en el continente. Sin embargo, la estabilidad del gobierno de Maduro no se percibe amenazada en este momento. Las sanciones de EEUU y Europa han sido evadidas a través de los aliados internacionales del eje Rusia-China-Turquía-Irán. Hasta el momento el gobierno ha logrado controlar las manifestaciones sociales que encabezan los docentes del país con detenciones puntuales de líderes, especialmente de las empresas básicas.

La mayoría de las 905 empresas estatales se encuentran quebradas, semiparalizadas o trabajando con déficit de ingresos por lo cual, algunas se han ido entregando a sectores privados, aliados al gobierno.

En este escenario, el poder militar sigue jugando un rol fundamental junto a la cohesión que se mantiene en el partido oficialista, PSUV, a pesar de rivalidades en el sector de Diosdado Cabello y el madurismo, quienes han mantenido a raya algunos intentos de romper la hegemonía, con dirigentes como Rafael Ramírez y sus aliados que terminaron presos o en el exilio.

En la acera de enfrente se encuentra una oposición que en este nuevo proceso de primarias y búsqueda de unas elecciones parcialmente libres, deberá reencontrar el liderazgo perdido en la compresión de las nuevas realidades que se han consolidado en el último año. Hasta el momento ninguno de los líderes que se encuentran en escena ha logrado esa cohesión y las estructuras partidistas aún no cuentan con la fortaleza necesaria. Esta distancia es aún mayor en las figuras independientes de la “antipolítica” que comienzan a ofrecer sus candidaturas, dentro y fuera de las primarias.

La oposición se mantiene desconectada de las manifestaciones que han surgido de la sociedad civil por reivindicaciones económicas, pero que en la medida en que se radicalizan comienzan a cuestionar el modelo implantado en Venezuela y se orientan hacia la exigencia de un cambio.

Ningún sector opositor ha podido establecer, hasta el momento, una política hacia el sector militar y la diversidad de posturas diluyen un mensaje que ofrezca opciones a quienes dentro del chavismo o el sector militar, que no disfruta de los privilegios, o que, siendo privilegiados, aspiran a sobrevivir en una futura transición.