Tomada de runrun.es

Alonso Moleiro

En el año 2003, el gobierno de Hugo Chávez toma la decisión de instaurar en el país un sistema de control de cambios y anuncia la creación de la institución que lo regiría, la Compañía Nacional de Administración de Divisas, Cadivi.

Consumado el fracaso del famoso Paro Petrolero, Miraflores tomaría una decisión económica, que también era política, que Hugo Chávez se había comprometido a no ejecutar cuando era candidato presidencial, pero que ahora tenía en sus manos, en calidad de regalo, como un inevitable desiderátum de las circunstancias.

 La creación y vigencia de Cadivi durante sus 17 largos años de vida tuvo importantes consecuencias en el desarrollo social y económico del país. Las tenemos a la vista.

Una vez tomada la decisión de captar para sí todo el dinero de la nación, en un contexto de millonarios ingresos petroleros, Hugo Chávez reclamaba para sí su misión como un factor redistribuidor de la propiedad y la renta social. La tendencia se endurecería con el paso de los años, y los controles y fiscalizaciones, que en ocasiones tenían un sesgo militar, incluyeron progresivamente a las tasas de interés y de precios.

La decisión de tomar toda la renta nacional para administrar al país a través de procesos burocráticos y politizados, una circunstancia que el chavismo asumió como legítima, tuvo, junto a la ola de estatizaciones y la burocratización de la economía –hiperinflación, escasez, recesión y empobrecimiento-, consecuencias letales sobre el futuro y la vida de la ciudadanía, sobre las cuales, como de costumbre, nadie en el gobierno chavista ha sido capaz de hacerse cargo.

Los ilícitos de Cadivi se fueron cocinando a fuego lento, cabalgando sobre el diferencial cambiario y su escala perfecta para la coima, abriéndose paso ante el silencio del alto gobierno a pesar de las innumerables advertencias hechas.

Una historia tras otra, como una palanca perfecta para financiar el activismo electoral, corromper a las autoridades y maniatar y chantajear a los usuarios. La suma total de los montos desaparecidos, como en casos similares de la era chavista, ha sido desproporcionada y obscena: unos 25 mil millones de dólares perdidos, alejados irremediablemente de la inversión social, los planes de desarrollo y el futuro de nuestros hijos.

Entre las muchas historias de casos de corrupción y atentados a la moral pública ejecutados por la clase política chavista estos años, el de Cadivi, -como el de Cencoex, su continuidad administrativa-, cobran una relevancia especial en virtud de su carácter sistémico. Entre la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, en 2013, se consumó la necrosis.

Con el fraude continuado de Cadivi quedó reblandecido el espíritu contralor de las Fuerzas Armadas, se anarquizó el proceso económico, se alejó la inversión y se truncaron las posibilidades de desarrollo de la nación. Se corrompió por completo a un país entre consignas patrioteras cursis, frivolidades electorales y un ejercicio implacable y progresivo de la censura.

Se han registrado historias gravísimas de corrupción antes y después de Cadivi en este tiempo, en Pdvsa, en el Plan Bolívar, en Corpoelec, la CVG, Mercal y el Fondo Chino. Cadivi ha sido, sin embargo, el experimento marco que le ha puesto contexto a esta nueva oportunidad perdida. La historia de su desenlace condena irremediablemente en los libros de historia futura a sus dos grandes responsables políticos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Ahora que la podredumbre administrativa del chavismo sale inevitablemente a flote con el caso El Aissami, luego de una larga secuencia de disimulo, es oportuno recordar a Cadivi, un hito en la historia de la corrupción administrativa local, el fraude continuado que enterró el futuro de la República