Un billón y medio de dólares de latinoamericanos se encuentran depositados en paraísos fiscales para eludir u ocultar fortunas de los controles financieros y sistemas de justicia internacionales. Gran parte de esos capitales provienen de la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. “La red corrupta enquistada en entes del Estado venezolano ha optado por ampliar su participación en un conjunto de actividades ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional”, sostiene la ONG Transparencia Venezuela

Francisco Olivares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de 2022 estima que el lado oscuro de la economía mundial asciende a siete billones de dólares (6,3 billones de euros) lo que representa 8% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Tal cantidad de dinero corresponde a operaciones ilícitas de la corrupción gubernamental, el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, evasión de impuestos, entre las muchas actividades. Tal volumen de riqueza se encuentra oculta en centros financieros en los llamados territorios offshore, o en países que admiten y se financian con estos capitales conocidos como “dinero negro”. El Foro Económico Mundial lo estima entre 8 y 15% del PIB mundial.

Venezuela se ha convertido en uno de los países cuya economía depende en un importante porcentaje de las actividades ilícitas. Firmas y especialistas han  estimado que llegaría a 25% del PIB. El reciente escándalo de corrupción en el que el gobierno venezolano acusó de corrupción a altos funcionarios, empresarios y personas vinculadas presuntamente con el exministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, es una muestra de cómo ha operado en el país la llamada “economía ilegal” y sus nexos con el crimen organizado.

Aunque la cifra oficial reconoce el robo de 3 mil millones de dólares, voceros vinculados al oficialismo estiman un desfalco que podría llegar a 23 mil millones de dólares. Para comprender el alcance del daño a la economía, en 2022 Ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano fueron de US$ 25 mil millones. Es decir, que lo desaparecido sería  equivalente a casi el total de los ingresos del año pasado por petróleo. Solo en materia de corrupción, en 20 años, en la industria petrolera, se contabilizan 127 procesos judiciales para un monto de 42 mil millones de dólares en 16 países, incluido Venezuela.

Latinoamérica: corrupción y desigualdad

La economía ilícita genera miles de millones de dólares en pérdida para los países y afecta principalmente a la población más vulnerable, reduce la posibilidad para los gobiernos de hacer inversiones en materias de salud, infraestructura, educación y alimentación, al tiempo que promueve y favorece al crimen organizado mientras limita las inversiones y desarrollo hacia la economía formal. Generalmente el brazo de las economías ilícitas o “negra” mantiene vínculos con los estamentos del poder, financia políticos, penetra sistemas judiciales y se integra a través de empresas de fachada al estamento formal de los países.  

Latinoamérica es la región del mundo con mayor proporción de riqueza en paraísos fiscales. Se estima que 1,5 billones de dólares pertenecientes a ciudadanos latinoamericanos se encuentran depositados en bancos ubicados en paraísos fiscales. Según el Reporte Global de Riqueza (2017), difundido por la firma Boston Consulting Group (BCG) y publicado en el diario El País de España, esta cifra equivale a 28% de la riqueza de la región, que para ese año se estimó en 5,4 billones de dólares. Los paraísos fiscales más utilizados por los latinoamericanos están en las Islas Vírgenes, Bermudas y Caimán. En Europa destacan Holanda, Suiza, Luxemburgo, Bailía de Jersey, Singapur y Hong Kong. Además del dinero ilícito, grandes fortunas y ganancias lícitas de corporaciones se ocultan en estos paraísos para evadir impuestos generando grandes pérdidas a los Estados.

“La pérdida de billones de dólares representa una amenaza para nuestro bienestar. Contribuye a un debilitamiento de la confianza en las instituciones y socava la capacidad de los gobiernos para abordar problemas económicos prioritarios como son la desigualdad y la pobreza”, señala David Lipton, economista estadounidense, quien se desempeñó como director interino del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2019. En un estudio junto a los analistas Alejandro Werner y Carlos Gonçalves, publicado en septiembre de 2017, advirtieron el auge de la corrupción en Latinoamérica y sus efectos señalando los esquemas para ocultar activos, que fueron revelados en la filtración informativa “Papeles de Panamá”, de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, cuya principal función era de hacer de intermediario para ocultar activos millonarios hasta los escándalos de Petrobras y Odebrecht que se extendieron a varios países del continente e involucraron a expresidentes y altos funcionarios. El FMI señala que “las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la región”.

Para Lipton, Corrales y Gonçalves los indicadores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. “Entre los costos que suelen ser evidentes en  América Latina están un menor suministro de bienes públicos (lo cual perjudica desproporcionadamente a los pobres), niveles más altos de desconfianza en la sociedad, menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y extranjera”, expresan los especialistas.

Para el FMI entre los negocios ilegales más lucrativos está el tráfico de drogas que genera unos 750 mil millones de dólares al año, las falsificaciones de productos, 650 mil millones, y las actividades ilegales vinculadas al medio ambiente, entre 20 mil y 40 mil millones. Entre otras actividades criminales que se destacan en ingresos ilícitos se encuentran el tráfico de personas, el tráfico ilegal de petróleo, oro y armas. Advierte el FMI que “esta economía en la sombra alimenta una cadena de sobornos y malas prácticas administrativas que pueden poner en riesgo la estabilidad de los Estados”. Además indican que puede darse en altos cargos políticos hasta uno “insignificante” en el nivel burocrático. “Cuando está tan generalizada y arraigada, la conducta corrupta puede convertirse en la norma”.

El crimen organizado representa 1,5% del PIB mundial y genera seis veces más ingresos de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo y esta cifra es equivalente al 7% de las exportaciones mundiales, según estima la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Solo el tráfico de drogas mueve aproximadamente 320.000 millones de dólares anuales. La cocaína, 85.000 millones y los opiáceos, 68.000 millones. Son las dos sustancias que más dinero generan. En el caso de la cocaína, la mayor parte del dinero se genera en Estados Unidos, con 35.000 millones de dólares y Europa occidental, con 26.000 millones, los dos mayores mercados de esta droga, según indica la ONUDD. La mayoría del tráfico proviene de los países productores: Colombia, Perú y Bolivia.

Narcotráfico y economía en Latinoamérica

Un estudio de Global Financial Integrity estima que el narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano. En el ranking de la región ubican a Colombia como el principal exportador de cocaína.  Venezuela suele quedar fuera de las mediciones dado que la información oficial no es confiable. Algunos analistas estiman que es el principal país de tránsito de la droga que va al mercado estadounidense y europeo. En el territorio nacional comienzan a localizarse zonas de producción. Las bandas que operan en los países de tránsito, como Venezuela y Panamá, pueden recibir entre 20 y 25%  de las ganancias globales del narcotráfico, mientras que las dos terceras partes se concentran al final de la cadena. 

Venezuela y el crimen organizado

Aunque no existen cifras oficiales del monto expoliado al patrimonio público venezolano en los últimos 20 años, dada la impunidad y opacidad que existe en los organismos públicos, investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares. “En las últimas dos décadas, los sistemas de control y los órganos de justicia en Venezuela permitieron que se produjeran cientos de casos de gran corrupción que implicaron un desfalco sin precedentes en la nación, provocando graves violaciones de derechos humanos” señala la ONG.

En un estudio de Transparencia Venezuela hasta 2022 analizaron las economías ilícitas con mayores volúmenes de operación en Venezuela, en las que participan los grupos criminales más poderosos.

De acuerdo con cálculos realizados para ese informe, la consultora en economía y finanzas, Ecoanalítica, estima que anualmente la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos. Solo los montos reportados por estos tres ilícitos representan cerca de una quinta parte (18%) del total de la economía del país, pues el PIB de Venezuela se ubica aproximadamente en 43.440 millones de dólares.

La minería ilegal

Otro aspecto que explora el estudio es la dramática y acelerada explotación del oro en el denominado Arco Minero del Orinoco donde convergen varias de las economías ilícitas. El trabajo describe cómo, pese a que la actividad de exploración y explotación de minerales está permitida en una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), y las leyes establecen que todo el oro debe ser vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela, la mayoría de los yacimientos auríferos se explota de manera ilegal y tan solo una mínima porción ingresa a las arcas nacionales.

De acuerdo con estimaciones, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero en promedio 500 millones de dólares ingresarían a las cuentas nacionales, es decir, que más de 75% es comercializado de manera ilícita, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad y defensa.

Las bandas criminales

El estudio analiza la conexión de las economías ilícitas con redes criminales transnacionales y desglosa las operaciones de trece de las principales organizaciones criminales que tienen presencia en Venezuela  y forman parte de economías ilícitas. Algunas de ellas son el Tren de Guayana; la banda de “el Toto” y “Zacarías”; La organización R; el sistema de “Negro Fabio”; la banda de “Juancho” y sus lugartenientes; los colectivos; el sindicato de Barrancas; el Cartel de Paraguaná; el grupo armado Yeico Masacre; el Tren de Aragua; las megabandas de El Koki y Richardi; así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Concluye el informe de Transparencia señalando que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado a nivel regional, lo que ha incrementado la brecha de desigualdad y la migración; además se perpetúa el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población y refleja  la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente a estos delitos.

La falta de independencia de las instituciones y en especial del sistema de justicia impide que en Venezuela se pueda resolver o al menos reducir las operaciones del crimen organizado y combatir la corrupción extendida en casi todos los niveles de la estructura gubernamental.

La destrucción del aparato productivo y la pobreza que se ha generado en el país, estimada en 75%, tiene un vínculo directo con el fortalecimiento de la red de corrupción enquistada en los entes del Estado como lo asegura Transparencia Venezuela.