Leonardo Vera

En un artículo publicado recientemente en la revista cultural Prodavinci,  indicamos que la estrategia mal concebida para contener la inflación en Venezuela, que tuvo como uno de sus pilares el congelamiento de los salarios y de las pensiones y jubilaciones de los dependientes del sector público, fracasó. La inflación en Venezuela siguió galopando y aquel salario mínimo de 130 bolívares que se fijó en marzo de 2022 y que equivalía a 29 dólares mensuales, hoy equivale a 5,3 dólares al mes (o 0,18 centavos de dólar al día). Más de 5 millones de jubilados y pensionados reciben eso como ingreso y no sabemos con exactitud cuántos cientos de miles de trabajadores en el sector público viven con tablas salariales congeladas.

Desde septiembre del pasado año, en el marco de la mesa de Diálogo Social promovida por la Organización Internacional de Trabajo, el gremio empresarial y los representantes del movimiento laboral han estado a la espera de una propuesta de ajuste en los salarios oficiales y particularmente en el salario mínimo, pero en el gobierno ha privado el silencio y la inacción.

El problema es que mientras más se dilata la respuesta, más crece la brecha y la deuda social. También las necesidades financieras para dar una respuesta efectiva.

Por no atender este problema y reconocer el fracaso del congelamiento, dignificar hoy al ejército de dependientes del sector público (aun dejándolos con grandes privaciones), es desde el punto de vista financiero una labor titánica.

Son cerca de 5 millones de pensionados y jubilados y quizás cerca de 1 millón seiscientos mil trabajadores cuyas tablas deben ajustarse linealmente con el incremento del salario mínimo. Si tomamos el valor de la cesta de alimentos que pública el Observatorio Venezolano de Finanzas para el mes de febrero (388 dólares al mes) y la dividimos entre dos adultos por hogar, para que cada adulto dependiente tenga un ingreso mínimo mensual de 194 dólares, las necesidades de recursos en un horizonte de 12 meses llegarían a unos 15.500 millones de dólares anuales. Eso representa (al tipo de cambio de hoy) más de 2 veces el presupuesto de la nación aprobado por la AN de Maduro en diciembre pasado. En un escenario alternativo llevar el salario mínimo a 100 dólares, le costaría al Estado 6.700 millones, casi el presupuesto completo de la nación. Esa es la magnitud del desafío.

Así que lo que nos queda es apelar a una dosis de realismo y a la responsabilidad política e indagar qué solución financiera nos puede ayudar. La solución no puede venir por la vía del financiamiento del Banco Central y el impuesto inflacionario, como tampoco desde la carga que supone ponerle más impuestos a empresas y ciudadanos enflaquecidos por la crisis. Cualquiera de esas opciones nos pondría al borde de un cataclismo inflacionario y productivo que nos retrocedería a los peores años de la crisis.

La solución que proponemos es compleja por lo que supone importantes desafíos. Pero los venezolanos deben entender que la magnitud de los problemas económicos que nos abruman requiere compromisos y soluciones de gran envergadura.

Lo primero que necesitamos entender es que la brecha entre el ingreso efectivo y el ingreso “digno” de los dependientes del sector público es tan grande, que las mejoras en los salarios de los docentes, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de las dependencias del sector público y de las pensiones y jubilaciones, sólo puede ser atendida con ajustes parciales y progresivos. En el camino para poder sostener la carga que esto conlleva para las finanzas públicas, debemos apostar por una economía que pueda crecer sostenidamente a lo largo de los próximos años.

Lo segundo, es que mientras la inflación siga galopando, aceptar una fórmula donde el salario y las transferencias por pensiones y jubilaciones se marque en bolívares es firmar una claudicación. En Venezuela desde un pasaporte hasta la gasolina se marca hoy en dólares. Los precios de bienes y servicios se marcan en dólares. Es decir, el gobierno y el sector empresarial se protegen marcando precios y tarifas en dólares. Los trabajadores y el personal que ha culminado su vida laboral no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda clase.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) no impide marcar los salarios en una unidad de cuenta o moneda diferente al bolívar. En su artículo 129 sólo señala que “deberá pagarse en moneda de curso legal”. El gobierno bien puede pagar salarios y pensiones y jubilaciones en bolívares, si le da la gana, pero que los marquen como ellos mismos lo hacen contra el ciudadano en petros, en dólares, o en euros y que sea la gente que decida en qué activos o monedas poner sus ingresos.

La propuesta supone activar dos mecanismos que dependen sustantivamente de las negociaciones políticas que hoy se llevan en México.

Por un lado, el primer mecanismo consistiría en lograr un acuerdo político que permita utilizar los 5.000 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro que el país no pudo usar durante la pandemia (por la falta de reconocimiento que priva en el Fondo Monetario Internacional en torno a quién gobierna “legítimamente” en Venezuela). Si ese acuerdo entre las fuerzas políticas es robusto y creíble, tanto así como para que el Directorio Ejecutivo del FMI autorice la asignación y su correcto uso para una causa social provechosa, entonces los recursos podrían ir a un fondo especial (que hoy no existe) para atender a los 5 millones de pensionados que hay en el país. Este fondo de pensiones debe ser constituido con una estructura de gobierno (gobernanza) que garantice autonomía, transparencia y rendición de cuentas en el buen uso de los recursos. Llevarlos a la tesorería nacional o el sistema de seguridad social actual constituiría un grave error por el riesgo que se corre de que los recursos sean manejados por un entramado que carece de la calidad institucional y de los atributos mínimos para que no sean birlados o despilfarrados.

El fondo permitiría llevar las pensiones a 50 dólares mensuales hasta por el curso de 2 años. Al finalizar el segundo año, los 5.000 millones se extinguirían, pero el gobierno y la sociedad venezolana habrían ganado un precioso lapso de tiempo para discutir y poner en práctica un esquema que permita ir capitalizando el fondo y dotarlo de un diseño sostenible.

El segundo mecanismo consiste en atender los aumentos no sólo en el salario mínimo, sino en toda la escala salarial del sector público, a partir de unas contribuciones especiales que provendrían del aporte fiscal petrolero. La idea sería aprovechar las negociaciones en México para cerrar un acuerdo que permita multiplicar amplias licencias para las operadoras petroleras internacionales.

Llevar el salario mínimo de 5,3 dólares a 50 y en forma lineal en toda la escala salarial sobre un universo de 1 millón seiscientos mil de trabajadores dependientes del sector público, requiere de recursos por cerca de 854 millones de dólares a lo largo de un año.  

Si el precio promedio del crudo venezolano se ubica cerca de los 55 dólares por barril, y si las exportaciones pueden incrementarse como consecuencia de la entrada de las operadoras en unos 150 mil barriles en el curso de un año, entonces con un aporte fiscal de 30 por ciento sobre los ingresos se podría cubrir el incremento salarial por un año. El punto es que el 30 por ciento de los ingresos que generan esos 150 mil barriles se cosechan cada año. Un incremento salarial hacia el segundo año sería posible, pero depende de qué tanto se estime aumenten las exportaciones de crudo como consecuencia de la reconstrucción del sector de los hidrocarburos.

La inyección de recursos que está detrás de estos pagos y transferencias es muy grande y una buena parte de ella debería ayudar a recuperar el poder de compra y a reanimar sustantivamente la actividad económica. Desde luego, cuánto va a la demanda interna y cuánto va a la búsqueda de activos de cobertura (como el dólar),  depende de la calidad de las políticas de estabilización que pueda ir mostrando el ejecutivo. En cualquier caso, las filtraciones hacia el mercado cambiario no deberían generar inestabilidad allí, pues el financiamiento de ambos mecanismos (pensional y salarial) es puramente internacional y si los pagos se hacen en moneda local eso supondría una venta previa de divisas en el mercado cambiario que bien podría comprar el Banco Central, aumentando sus reservas internacionales.

La propuesta es desde luego gruesa y desafiante. Los detalles técnicos y la pericia que se impone en el plano de la negociación política no son menores. Juega a favor el que a estas alturas el gobierno de Maduro debería haberse percatado de que se encuentra en una verdadera encrucijada. El malestar social es creciente, y seguir jugando a la inacción es peligroso en un país donde las fuerzas sociales son impredecibles. Abrir el espacio de las garantías democráticas y el respeto por derechos ciudadanos a cambio de  potenciales palancas para promover mejor calidad de vida entre los venezolanos es un juego que en perspectiva beneficia a todos.