Trino Márquez

Chile se ha convertido en un ejemplo de ese camino lleno de vaivenes, contrastes y matices en los que se mueve el proceso político en Latinoamérica. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, es expresión de ese movimiento insurreccional, incendiario, que se desató en el país del Cono Sur durante 2019. Como se recordará, las protestas callejeras destruyeron estaciones del metro, farmacias, hospitales, automóviles particulares. Una parte del patrimonio urbano construido con el aporte financiero de los ciudadanos y el esfuerzo de los trabajadores, fue demolido porque los manifestantes estaban indignados porque las desigualdades sociales durante  décadas se habían ensanchado, en vez de reducirse.

En aquellos meses vimos un Chile desconocido para sus vecinos.  Observamos a una sociedad dominada por la ira y los deseos de revancha contra los ricos que –según la versión de los insurgentes- se habían apropiado de gran parte del producto nacional. Los jóvenes que se enfrentaban a la policía en las barricadas exigían una educación universitaria y una salud pública gratuita, una seguridad social que les costara muy poco a los contribuyentes. El ideario populista, o socialista, si se prefiere, fue enarbolado como estandarte. El espíritu de la época catapultó a Boric hasta la jefatura del Estado.

Una vez instalado en el palacio La Moneda, el joven mandatario trató de cumplir con una de sus promesas: modificar la Constitución de 1980, aprobada durante la era de Augusto Pinochet. Era una aspiración loable: luego de tres décadas de haberse instalado el sistema democrático, había llegado el momento que la democracia tuviese sus propia Carta Magna. Una que subrayase la naturaleza civil, republicana, plural, inclusiva e igualitaria del Estado y la sociedad.  Sin embargo, este tono mesurado que debía contener la nueva Constitución no fue comprendido por algunos de los factores que integraban la mayoría parlamentaria, vinculada fundamentalmente  con los partidos y grupos que habían motorizado las protestas, a pesar de las sabias advertencia de Boric, quien a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República había entendido que pueden ganarse elecciones con un lenguaje de izquierda, pero hay que gobernar con el sentido común que recomienda la cautela pragmática. El proyecto de reforma constitucional elaborado por los viejos extremistas  de izquierda asustó tanto a los chilenos, desde los colocados en el polo de la derecha hasta los más moderados, que fue rechazado de forma categórica en septiembre de  2022, al ser votado en un referendo popular. El miedo frente a la desmesura  fue tan grande, que el país se movilizó hasta las urnas electorales para decirles «No» a los extremistas.

El naufragio de ese nuevo proyecto constitucional –elaborado a contrapelo de las opiniones del propio Boric, quien se vio obligado a defenderlo aunque no lo compartía plenamente- obligó a la élite política a buscar una salida negociada. Se entendía que los chilenos querían otra Constitución, pero no la diseñada con el predominio de la izquierda extremista. Colocados ante la disyuntiva, los ciudadanos preferían la conservadora Carta pinochetista. En esa pugna salió ganando José Antonio Katz, rival de Gabriel Boric en las pasadas elecciones presidenciales. Katz se había opuesto frontalmente al cambio de la Constitución.

La búsqueda concertada que se produjo luego del fracaso llevó a concebir el Consejo Constitucional, instancia que se elegiría en una consulta popular. Esta fue la votación llevada a cabo el pasado domingo 7 de  mayo. Allí el péndulo electoral se movió claramente hacia la dirección opuesta de donde se había ido cuando Boric obtuvo la victoria. El bloque de la derecha, conformado por el  ultraderechista Partido Republicano, dirigido por Katz, y el más convencional Chile Seguro, se quedaron con la mayoría de los representantes. Mientras la izquierda, Unidad para Chile, de Boric, la centroizquierda de Todo por Chile, y el populista Partido de la Gente, pasaron a ser minoría, y bastante reducida a la hora de votar. Son 34 votos contra 16; más de las tres quintas partes requeridas para las decisiones que ameriten la mayoría absoluta.

El Consejo Constitucional redactará la futura Constitución en consulta con el equipo de expertos designado por el Congreso Nacional. Esa proposición tendrá que ser sometida al juicio de los votantes en un  referendo popular en diciembre próximo. Será el pueblo el que decida cuál es la Carta Magna que servirá de marco general durante las próximas décadas. Cuál será el Estado constitucional y de derecho que regulará la vida de esa nación. Las organizaciones triunfantes, ya lo dijo Boric, deberían aprender de la experiencia reciente: los chilenos no quieren que impere una supremacía sectaria. Ninguna visión ultraconservadora o ultraliberal va a prevalecer de forma avasallante, como tampoco pudieron imponerla los izquierdistas el año pasado. La hegemonía parece estar condenada a hundirse.

Los chilenos, al moverse de un extremo a otro, les dijeron a los partidos y a la dirigencia que quieren sensatez, sindéresis, inclusión, aunque el triunfo de la derecha haya sido categórico. Se trata de vivir en un país en el que quepan todos, no únicamente quienes militan en el campo de las ideas de una determinada concepción del Estado y la sociedad. Chile podría representar el camino que Venezuela debería seguir cuando salgamos del disparate en el que vivimos.

         @trinomarquezc