Maykel Navas

A inicios del presente año fue introducido al Legislativo un paquete de leyes, que comprende un conjunto de normas que según sus promotores pretende reducir la potestad que se ha arrogado el Poder Judicial, sobre todo, a partir de la Revolución Constitucional de 1992. De tal manera, que lo que se busca en primer lugar es “desjudicializar” la política. Para ellos, los jueces de la alta corte nacional se han convertido en un tribunal político que bloquea el desempeño del Ejecutivo y el Legislativo. Con la desventaja, antidemocrática, de no haber sido seleccionados por el pueblo en elección. Los responsables de elaborar la reforma son: Yavir Levin, ministro de Justicia, y Simcha Rothman presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset, ambos del partido Sionismo Religioso.

Simcha Rothman sostiene que la democracia israelí fue secuestrada por una élite que ha perdido la mayoría de las elecciones y detenta el poder a través de unos seudo reyes-filósofos, quienes solo responden a su poder personal y a su tendencia política liberal, de manera tal que han ido quitándoles el poder real a los hombres y mujeres representantes del pueblo, quienes han sido legítimamente electos.

Ambos funcionarios sostienen que el plan de reformar el sistema judicial es democratizarlo, no reducirlo, ni restarle alcance o importancia. Afianzando la condición religiosa de la propuesta y la coalición con la idea: «Sión será liberada con justicia» (Isaías 1:27).

En cierta medida, el Poder Judicial tiene un gran dominio sobre la sociedad israelí. Se ha llegado a esa situación, porque el Estado de Israel no tiene una Constitución formal (igual que el Reino Unido, Canadá, entre otros) que garantice, por lo menos formalmente, una separación de poderes que se sirvan de contrapeso entre ellos y además especifique y resguarde los derechos fundamentales de todos en el país. Esta falta nació durante la fundación del Estado en 1948, debido a la imposibilidad del primer ministro y padre fundador de Israel, David Ben-Gurión, de acordar con el variado e influyente cuerpo religioso, judío, la realización de Carta Magna. La mayoría de los rabinos sostuvieron la tesis que las escrituras sagradas y religiosas tenían las normas necesarias para el funcionamiento de la nación.

Es importante mencionar que el Estado de Israel se constituyó y aún lo es, como un Estado judío, con toda la importancia y connotación religiosa que tiene con respecto a sus vecinos. Sólo quedó, entonces, diferir la discusión y tratar de redactar esa carta fundacional en un futuro. Sin embargo, hasta hoy no se ha logrado.

El Estado de Israel es una democracia parlamentaria que no elige directamente al primer ministro, éste surge de una mayoría parlamentaria. El presidente del país (figura electa, simbólica y protocolar), llama al líder de esa mayoría y lo autoriza a formar gobierno. Esto significa que dos de los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) son controlados por una tendencia. Ante esta situación surgió el Poder Judicial como en contrapeso constitucional y controlador de los otros dos poderes. Situación que hoy rechaza la nueva coalición gubernamental y es el origen del paquete de Leyes Básicas que busca revertir esa situación.

 Reafirmando lo anterior, ante la ausencia de una Constitución el Legislativo ha ido promulgando una serie de leyes, a lo largo de la existencia del país: Leyes Básicas. Estas Leyes Básicas han sido agrupadas y con el tiempo se han constituido en un cuerpo doctrinario constitucional de garantías y derechos de los ciudadanos. El poder estatal que ha realizado ese corpus ha sido, hasta hoy, el Poder Judicial, específicamente el Tribunal Supremo (o Corte Suprema), otorgando la posibilidad de vetar, derogar o paralizar cual ley o decreto de los otros poderes. Entonces podemos insistir en que el Tribunal Supremo se ha convertido en el único contrapeso de la estructura constitucional del Estado de Israel.

Una particularidad del Poder Legislativo israelí es que presenta cierta falencia para diferenciar entre las leyes constitucionales y las otras de menor rango. Todos los instrumentos legales promulgados por la Knéset pueden ser aprobados por mayoría simple, sesenta y un votos, o sea, la mitad más uno del total de ciento veinte. No se requiere mayoría calificada para formular una Ley Básica (u orgánica como se conoce en otros países). Lo único que cambia una ley de otra es el nombre que se le asigna (en este caso Ley Básica).

Es por esa razón, que la actual coalición gubernamental (de sesenta y cuatro diputados) tiene una sólida mayoría y ha introducido la reforma de Leyes Básicas y la formulación de otras de largo alcance, con la plena convicción de que serán aprobadas cambiando el equilibrio y contrapeso a favor del Legislativo y el Ejecutivo que, como mencionamos antes, parten de la misma coalición gobernante.

Hasta ahora, han sido cinco leyes que han prendido las alarmas y las protestas de la sociedad. Este paquete sólo espera una última discusión para quitarle, definitivamente, poder a la Corte Suprema. Con el peligro cierto de que los elementos extremistas de la coalición aprovechen ese cambio para institucionalizar sus convicciones segregacionistas, discriminatorias y totalitarias.

Estas leyes tienen la finalidad de arrebatar las facultades que tiene, de hecho (basado en el derecho consuetudinario), el Tribunal Supremo, de revisar la constitucionalidad de cualquier Ley Básica sancionada por la Knéset. El tribunal no va poder pronunciarse, y actuar en consecuencia, cuando una ley colide con principios democráticos básicos, como la libertad, o la igualdad, por ejemplo. Así mismo, niega la posibilidad de vetar, revocar o derogar cualquier Ley Básica; le arrebata así, y esto hay que repetirlo, toda posibilidad de control sobre el Ejecutivo y el Legislativo.

La reforma alcanza a la Fiscalía general de la nación. Se le quitan las atribuciones de controlar al Ejecutivo y al Judicial, sobre todo, le arrebata la posibilidad, que tiene en este momento, de acusar e iniciar juicio a todos los integrantes de los poderes del Estado. La actual fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha advertido, en relación con esta reforma, el peligro de instalar en Israel una «democracia de nombre, pero no de esencia».

Otra de estas leyes, se enfoca en reformar el Comité de Selección de los jueces. Esta es una parte clave en el paquete de reformas. Hasta hoy, este comité está compuesto por una representación de cada uno de los poderes, además, cuenta con representantes de los jueces y del colegio de abogados.  Con la nueva normativa, se busca aumentar la influencia en la elección de los jueces (tanto los del Tribunal Supremo como los de Distrito) del Ejecutivo y del Legislativo, dominando las futuras elecciones de magistrados. Los promotores alegan que en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc., el Ejecutivo designa los jueces de la Suprema Corte. Sin embargo, no dicen, que en esas democracias existe un sistema de contrapesos más institucionalizado. En todo caso, si dos poderes controlan el Comité de Selecciones, al final, terminarán por controlar todos los poderes del Estado por una misma facción gobernante.

En esa misma línea, la coalición gobernante anunció, antes de desatarse la ola de manifestaciones y protestas, que éstas eran las primeras de un paquete más grande de quince leyes para la reforma del sistema judicial. Incluían diez leyes, rechazadas por los partidos de oposición, sociedad civil, intelectuales y varios elementos que conforman la sociedad israelí. Así mismo, son muchas las personalidades de todos los sectores nacionales quienes temen la implementación de un Estado policial controlado por facciones extremistas.

La crisis ha golpeado al propio seno de la coalición gobernante, a finales de marzo el ministro de la defensa Yoav Gallant (miembro del partido Likud) solicitó, en pro de la seguridad de Israel, detener y pasar la reforma a consulta, la respuesta del primer ministro Netanyahu fue destituirlo del cargo. Aunque dos semanas después lo restituyó en el mismo. En tal sentido, podemos señalar a los pilotos de la defensa aérea y bomberos quienes decidieron sumarse a las protestas, quienes luego fueron convencidos de deponer su actitud. Las presiones de los aliados internacionales también se han hecho presentes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido prudencia, los grupos de solidaridad de Europa y USA se han pronunciado en contra de la reforma.

La situación ha escalado al grado de amenazar la seguridad interna. Los ataques de grupos terroristas contra la población se han intensificado, esto ha llevado a la otrora desafiante coalición, a solicitar a los manifestantes suspender las protestas e iniciar un diálogo para acordar otras vías en la reforma; proposición que la oposición señala como una estrategia de distracción por parte del Ejecutivo para la desmovilización de la protesta, con el fin de aprobar la reforma una vez controlada la situación.

En todo caso, la situación sigue tan tensa y peligrosa para la democracia de esa nación, cada sábado, desde enero, en la ciudad de Tel Aviv se reúnen cientos de miles de ciudadanos que temen perder sus derechos democráticos y piden, con razón y rabia, que su país no transite por los caminos ya recorridos por sociedades como la húngara, la polaca o la venezolana, quienes perdieron la esencia de sus sistemas y hoy son regímenes con serias deficiencias democráticas, con democraturas o estados iliberales, impuestos a partir de leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por mayorías circunstanciales en el Poder Legislativo.