Tomada de El Clarín

Alex Fergusson

Desde hace más de ocho años, antes de que se aplicaran las sanciones al gobierno, los jubilados, profesores, médicos, enfermeras y, en general, trabajadores del sector público, han tomado incesantemente las calles para exigir reivindicaciones laborales y salariales, sin obtener respuestas por parte del Estado.

El último aumento salarial decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue en marzo de 2022. En ese entonces, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial de ese momento.

Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar a finales del año pasado e inicios del 2023, escasamente sobrepasa los 5 dólares. En marzo de este año, para adquirir la canasta alimentaria familiar (alimentos para una familia de 5 personas), se necesitaban 98 salarios mínimos, es decir, unos 510,88 dólares, con una inflación acumulada en 67,7 %, en solo cuatro meses, mientras que la inflación interanual fue de 501 %, y la actividad económica del país registró una caída de 8,3%, en comparación con el mismo período del año pasado.

Desde hace más de un año se intensificaron las protestas de casi todos los sindicatos y gremios del sector público, exigiendo salarios “dignos”. De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 2.814 protestas documentadas que ocurrieron en cada trimestre del 2022 y en el primero de 2023, 2.165 estuvieron orientadas a exigir derechos laborales. Una expresión de la magnitud de la crisis.

Como respuesta oficial, el presidente Nicolás Maduro anunció el Día del Trabajador, que el salario mínimo se mantendrá en 130 bolívares mensuales para todo el mundo (equivalente a 5,25 dólares a tasa oficial), y en vez de eso decretó ajustes en el denominado “bono de guerra” y en el “bono de alimentación”, que no es recibido por todos los trabajadores, sino por una parte de los jubilados y empleados públicos, particularmente si pertenecen al partido de gobierno o son cercanos a él.

Ambos bonos, según dijo, se “actualizarán periódicamente” a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En síntesis, se trata de una burla más para el pueblo trabajador, pues en lugar de un aumento del salario mínimo (el más bajo del continente), el gobierno optó por “bonificar” el salario con aportes (popularmente llamados los bonos del hambre) que son insuficientes, ocasionales y que no tienen incidencia salarial, a los efectos del cálculo de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones, y otros beneficios asociados al salario, establecidos en las leyes venezolanas.

Es decir, la mayor desmejora laboral del país en nuestra historia contemporánea.

En opinión de los dirigentes sindicales y gremiales, “este es un gobierno que se ha dedicado de manera sistemática y continua a pulverizar el salario. En 2018, a través de una resolución pulverizó las conquistas que nos habían costado 30 y 40 años de lucha … así, quedó evidenciado que no son las sanciones lo que mantienen a este país en la situación en que está, sino más bien es una política de Estado de crimen, con la que se pretende implementar una esclavitud moderna en Venezuela. Se robaron el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y el dinero de los trabajadores … los bonos son utilizados para dar la sensación de que está tomando en cuenta a los adultos mayores y a los trabajadores”.

Para colmos, esta nueva burla ocurre en medio del escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y otras instituciones del Estado, desvelado hace dos meses y del cual aún se desconocen cifras precisas, pero que, según la información disponible, podría superar los 100 mil millones de dólares.

El descaro del gobierno llegó a extremos sorprendentes al señalar: “es un milagro económico que hayamos podido hacer estos aumentos (…) hemos estado luchando con un bono de guerra, haciendo más con lo que tenemos (…) yo he venido madurando cómo mejorar los ingresos en el transcurso de estos meses hasta que podamos tener la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario del trabajador venezolano”.

Durante un acto a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, pidió a los trabajadores “resistir con fuerza hasta que se logre la recuperación total del salario” e insistió en atribuir la falta de recursos a las sanciones de la comunidad internacional y a la trama de corrupción en la estatal PDVSA.

Por su parte, todos los líderes de los partidos opositores dijeron acompañar la indignación de los trabajadores venezolanos y cuestionaron que millones de jubilados y pensionados sean marginados y abandonados. “No hubo aumento, solo el cuento repetido de la guerra económica y las sanciones, los anuncios son el colmo del descaro (…) y un mejor país con salarios justos solo será posible a través del cambio político”.