Tomada de Crisis Group

Elsa Cardozo

La alerta sobre la situación de Venezuela difundida por más de sesenta políticos y académicos de la Mesa de Reflexión Latinoamericana, que incluye la firma de la expresidente de Chile Michelle Bachelet y ex Alta Comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, es una de las más recientes manifestaciones latinoamericanas de preocupación por la situación de Venezuela.

A los numerosos apoyos al Acuerdo político de Barbados, le han seguido manifestaciones regionales de crítica o rechazo ante la inhabilitación de la candidata presidencial elegida por la oposición; también ante las desapariciones forzosas e irregularidades de los procesos contra dirigentes de su partido y contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. A esas expresiones de solidaridad con los venezolanos ya se habían sumado las alertas sobre el  proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Se añaden en los últimos días muchos otros pronunciamientos contra la suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

El comunicado de la MRA se encuentra entre los pocos llamados de atención –como el de la Secretaría General de la OEA y  los de la Iniciativa Democrática  de España y las Américas– que explícitamente se refieren a lo que se juega en el camino a las elecciones presidenciales: la consolidación dictatorial.

Los más de sesenta políticos y académicos firmantes desde once países latinoamericanos cumplen con recordar el Consenso de Brasilia, suscrito en mayo del año pasado por los gobiernos de Suramérica. Destacan que allí se acordó, por especial insistencia del gobierno brasileño, “no reiterar confrontaciones ideólógicas que determinaron el inmovilismo de anteriores proyectos de integración”. Pero también recuerdan muy oportunamente el compromiso de entonces sobre la importancia de coherencia en la gobernabilidad que, en el citado Consenso, se define como compromiso “con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos”. La verdad es que en todos esos renglones es inocultable el descarrilamiento venezolano.

Es muy oportuno el recordatorio porque los presidentes del vecindario suramericano que mayor énfasis pusieron desde el año pasado en la normalización de relaciones y en el interés en mantener abiertos canales de comunicación con el gobierno de Venezuela, han tendido a silenciar o matizar sus referencias al deterioro de la situación del país y a su pérdida de institucionalidad democrática. Así ha sido en el caso del gobierno de Gustavo Petro y, mucho más, entre la justificación y el silencio, en el de Lula da Silva. Ambos siguen siendo considerados como actores regionales muy importantes por su posibilidad de incidir en favor de la recuperación democrática de Venezuela.  Las posiciones de estos dos países, con sus variantes, han tendido a centrarse en la búsqueda de acuerdos para proteger y atender intereses propios, tratando de contener los múltiples desbordamientos regionales de la situación venezolana –migratorio, ambiental, de criminalidad y violencia–pero bajo la sombra de los incumplimientos que defraudan a vecinos y al conjunto regional. Así lo ilustran el perturbador manejo político y militar venezolano de la legítima reclamación del territorio Esequibo, el apalancamiento político de la relación con las disidencias armadas colombianas y los vacíos de gobernabilidad que facilitan el desbordamiento de ilícitos.

En buen momento, el documento comentado cierra con el reclamo de “los mayores esfuerzos regionales, de las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que [la] tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide” en Venezuela.  

Prescindir de esos esfuerzos pretendiendo favorecer la integración regional, con la idea de sumar consensos de “sur global” o para sumarse al desafío del orden internacional desde el grupo BRICS+ (mientras la única propuesta concreta es la de que se eliminen todas las sanciones, suponiéndolas la causa de todos los males)  da la espalda a  la integración y, desde luego, a los venezolanos. La atención y el apoyo regional son fundamentales en un momento en el que la mayoría del país se moviliza y organiza en torno a la legítima aspiración y urgente necesidad de cambio de rumbo.  Lo hace enfrentando a un gobierno empeñado en su continuidad, que se resiste a cumplir las condiciones para un proceso electoral libre, competitivo, creíble y respetado, delineado en el marco del Acuerdo de Barbados que fue suscrito con aliento, en presencia y con aplausos de las democracias latinoamericanas.

Conviene recordar, una y otra vez, que Venezuela ocupa los últimos lugares globales y regionales en índices tan significativos como los de Estado de derecho, democracia y  transparencia,  a los que se añaden datos presentes y tendencias sobre la emergencia humanitaria y en materia de emigración, e informes sobre crimen organizado y depredación ambiental. Más grave aún es la incesante acumulación de evidencias sobre graves violaciones de derechos humanos, en la escala de crímenes de lesa humanidad. De allí lo rebuscado y ofensivo de los  argumentos para justificar la mencionada  expulsión de los miembros y suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a partir de razones que niegan la esencia del régimen universal de protección de esos derechos.

Este incompleto recordatorio, antes que leerse como signo de derrumbe definitivo e inevitable con el que hay que transar, debería ayudar a revalorizar las respuestas de las democracias latinoamericanas en exigencia de cumplimiento del Acuerdo de Barbados antes, durante y después del proceso electoral presidencial.  La mayoría de las reacciones recientes sugiere que esa actitud puede fortalecerse y que la oferta electoral democrática de reconstrucción humana, institucional y material puede alentar el respaldo a lo que puede significar un desafío en lo inmediato, pero también un giro de consecuencias favorables para toda la región. Esos son los alcances de la oportunidad democrática que, en medio de enormes costos y riesgos, están cultivando los venezolanos.