Tomada de Stephanie Lecocq, Reuetrs

El Senado francés examinará este martes el proyecto de ley denominado «el que rompe, paga», impulsado tras los disturbios del 17 de octubre para endurecer las sanciones contra responsables de daños materiales. La propuesta prevé elevar las penas de prisión de uno a tres años, aumentar las multas de 15.000 a 45.000 euros e incluir el uso de drones judiciales y la suspensión de cuentas en línea.

El texto amplía la responsabilidad civil a quienes permanezcan en el lugar de los destrozos tras una orden de dispersión y contempla el embargo de prestaciones sociales para facilitar la indemnización de las víctimas.

En paralelo, el Ejecutivo presentó una enmienda que le permitiría solicitar el bloqueo o desindexación de plataformas digitales que no retiren en una hora contenidos que inciten a la insurrección, atentados o uso de armas. Para otros mensajes que inciten a delitos graves como agresiones, robos o destrucciones que alteren el orden público, la norma fija un plazo de retiro de hasta veinticuatro horas.

La medida busca evitar la propagación de la violencia en redes sociales y ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial francés encargado de recibir denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.

Por otra parte, la izquierda alerta sobre posibles consecuencias para la libertad de manifestación, mientras defensores de la reforma afirman que la ley busca distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes cometen delitos.