Tomada de El Diario

Pedro González Caro 09.11.26

En el marco de nuestra serie de reflexiones sobre «La Democracia de la Verdad», resulta indispensable examinar cómo el autoritarismo contemporáneo no solo recurre a la coacción material, sino también a la colonización del sentido común mediante el engaño semántico. Frente a la exigencia ciudadana de una transición democrática genuina, el régimen venezolano ha ensayado un nuevo artificio discursivo: sustituir la idea de cambio político por una supuesta «transformación democrática». Los invito a que analicemos juntos esta trampa narrativa, en la que el poder pretende erigirse simultáneamente en verdugo y salvador, para desenterrar las certezas éticas que nos corresponde a todos defender.

El lenguaje como campo de batalla: «Mismo musiu con diferente cachimbo»

La perversión del lenguaje ha sido una herramienta central del autoritarismo en Venezuela. Así como en su momento sustituyeron el término negociación por el de diálogo para despojar el proceso de incentivos reales de rendición de cuentas y convertirlo en un espacio de dilación, hoy presenciamos un nuevo giro retórico: el reemplazo de la transición democrática por una supuesta «transformación democrática».

No se trata de una simple preferencia léxica. La «transformación» que propone la vocería del régimen busca transmitir la idea de un cambio controlado, gradual y autorregulado desde el propio poder que cometió los abusos. La paradoja es descarada y reveladora: el mismo grupo que construyó el aparato de persecución, la tortura institucionalizada y el desmantelamiento del Estado de derecho, pretende erigirse como el único actor capaz de «desmontar» la barbarie. Pretenden que la sociedad acepte que el verdugo es el único capacitado para administrar la justicia porque conoce al Estado “desde adentro”.

La ética de la verdad frente al cinismo institucional: Entre el abuso y la desjusticia

Frente a este discurso manipulador, la Democracia de la Verdad exige llamar a las cosas por su nombre. Los hechos recientes y las admisiones públicas del propio régimen desmantelan por completo la narrativa de la «transformación».

Aquí no nos encontramos ante meras irregularidades o imperfecciones del sistema; estamos frente a un escenario flagrante de desjusticia, donde no hay una simple falla operativa del aparato judicial, sino la inexistencia misma del Estado de derecho como garantía protectora. Como hemos sostenido en nuestra tesis sobre la «normalización de la desviación» presentada en el Congreso de Gobernabilidad, Liderazgo y Gestión de la UCAB, los regímenes autoritarios operan desplazando progresivamente los límites de lo tolerable, convirtiendo esta desjusticia estructural en una conducta cotidiana e institucionalizada.

La confesión de miles de procesados y detenidos por motivos políticos demuestra que el control del poder no ha descansado en la legitimidad, sino en el terror de Estado. Al mismo tiempo, al hablar de reformas parciales al sistema de justicia, admiten lo que la ciudadanía ha denunciado durante años: que las instituciones arbitrales no son confiables ni independientes.

A esta desjusticia se suma una violación institucional flagrante: la prolongación indebida en el ejercicio del poder por más de diez meses, cuando la Constitución de manera clara y taxativa solo autoriza un lapso de un mes tras la declaración de una falta absoluta del presidente. Seguimos esperando el cumplimiento de la norma constitucional en medio de un ejercicio espurio del poder. Como ya advertimos en nuestra entrega anterior en Politika UCAB (La Democracia de la Verdad: legitimidad, elecciones y la reconstrucción del sistema), la reconstrucción del sistema político no admite prórrogas arbitrarias ni falsas legitimidades sustentadas en la costumbre al margen de la Constitución y la ley.

Asimismo, liberar a personas bajo medidas cautelares, regímenes de presentación y prohibición de salida del país no constituye un restablecimiento de garantías; es el uso de la puerta giratoria y la libertad condicional como instrumento de control social dentro de esa misma lógica de desviación normalizada. Mientras las inhabilitaciones políticas de ciudadanos, la intervención y el secuestro de las tarjetas y símbolos de los partidos políticos sigan vigentes, la representación política continuará manipulada. Presentar este cuadro de opresión atenuada como el camino a la «normalidad» no es transformación: es la perpetuación del modelo autoritario con un maquillaje aceptable para la comunidad internacional.

Maquillar la ley no es justicia: Derogación total vs. reforma parcial

La respuesta del espacio cívico y de las organizaciones de derechos humanos ante este escenario ha sido contundente. El anuncio de «revisión» o «reforma parcial» de las leyes que han servido para perseguir a la sociedad civil resulta profundamente insuficiente e inaceptable.

Este entramado de normas y regulaciones aprobadas a lo largo de décadas no puede ser simplemente «mejorado» ni «suavizado», porque nació con el propósito expreso de erradicar la disidencia y restringir las libertades fundamentales de asociación, expresión y manifestación. Se trata de textos normativos inconstitucionales en su origen y contenido, incompatibles con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La reconstrucción del espacio cívico en 2026 requiere la derogación total de este cuerpo normativo autoritario. No se puede edificar un Estado de derecho sobre los cimientos de la persecución legalizada ni con paños calientes institucionales.

La verdadera transición: Restablecimiento del Estado de derecho

La transición democrática no es una concesión del poder saliente ni una reforma cosmética impulsada por quienes violaron los derechos humanos. Una transición ética y auténtica exige el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales, la devolución de los derechos a la ciudadanía y el retorno al principio cardinal de la separación de poderes.

Para que exista una ruta democrática real, el proceso debe garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, asegurando que la impunidad no sea la moneda de cambio. Requiere también la restitución inmediata de la plena libertad cívica y política, sin medidas cautelares ni persecución contra la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. La «transformación» que ofrece el régimen no es más que un intento de perpetuar el control cambiando el nombre a las cadenas; la «Democracia de la Verdad» exige la restitución plena e innegociable de la libertad.

Desmantelar la desjusticia no ocurrirá aceptando atenuantes ni reformas cosméticas dictadas por los mismos ejecutores de la arbitrariedad. La verdadera «Democracia de la Verdad» apela a la conciencia ética de una ciudadanía que rechaza la normalización de la desviación y exige, sin ambigüedades ni dilaciones, la restitución plena e incondicional de la libertad. El cambio real no se administra desde el engaño de la «transformación»; se conquista imponiendo la fuerza inquebrantable de la verdad institucional.