El fracaso de las negociaciones que tanto el gobierno interino como los aliados norteamericanos mantenían con actores clave del régimen de Maduro para lograr un acuerdo que permitiera dar inicio al proceso de transición, que se puso en evidencia tras los hechos del 30 de abril, y aparentemente involucraba a instituciones clave como la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo de Justicia, siembra dudas sobre quienes estaban realmente participando en una negociación para facilitar un cambio político y quienes lo hacían para infiltrar el proceso y desmontarlo. Asimismo, se puso en evidencia, una vez más, que las Fuerzas Armadas de un país difícilmente se dividen y confrontan entre ellas, así como la capacidad del gobierno y sus aliados (Cuba y Rusia principalmente) para desarticular acciones en contra del oficialismo a través de una consolidada infraestructura de inteligencia política y militar.
Tras este episodio se ha suscitado un incremento de los costos para la oposición por ser, de nuevo, objeto de una razia que se ha materializado en apresamientos y desapariciones forzadas, como las del Vice-Presidente de la Asamblea Nacional (AN) Edgar Zambrano y del diputado Gilbert Caro, el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de unos dieciséis diputados ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, a lo que podría sumarse la muerte en condiciones extrañas de algunos oficiales activos
Una de las consecuencias más importantes para el gobierno es… Seguir leyendo.
