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Por: Juan Manuel Trak / Jueves, 15 de mayo de 2014

Desde el 10 de abril, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empezó un proceso de diálogo con el gobierno con la finalidad de resolver la crisis política que vive el país. Dicho diálogo, televisado en cadena nacional, fue una oportunidad para enmarcar el debate político y establecer los puntos de una agenda de trabajo que permita llegar a puntos mínimos de acuerdo, que logren un mínimo de gobernabilidad. Luego de un mes la MUD decide congelar el diálogo como consecuencia de la falta de compromiso del gobierno para cumplir los acuerdos y por la escalada de represión brutal a la que han sido sometidos los estudiantes en las últimas semanas.

Para aquellos grupos de oposición que apoyaron el diálogo el costo político fue alto: sus bases más radicales los consideraron “colaboracionistas”, cobardes y traidores, perdiendo legitimidad en parte de su electorado más duro. Sin embargo, el costo de no asistir hubiese sido mayor: desde el punto de vista internacional la MUD hubiese perdido el prestigio y la legitimidad como interlocutor válido ante organismos internacionales y los gobiernos de otros países, lo cual permitía reforzar al gobierno de Maduro la idea de la oposición “golpista” y desleal que busca mecanismos no democráticos para alcanzar el poder. A lo interno, no presentarse a ese diálogo hubiese sido una oportunidad perdida para comunicarse con una parte del país a la cual la Mesa de la Unidad es incapaz de llegar por falta de recursos, medios de comunicación y capacidad organizativa. Así, no asistir era mucho más costoso que hacerlo.

Pero más allá de lo anterior, estar sentado en la mesa de diálogo con el gobierno le da algo de poder a la MUD. Antes del 10 de abril gobierno y oposición solo sostenían algunas reuniones formales sobre temas puntuales como coordinación de políticas de seguridad, pero el debate político sobre los grandes temas nacionales quedaron relegados a guerras de declaraciones en los medios de comunicación. Ahora, sentados en una mesa con representantes de UNASUR y del Vaticano, la MUD tiene capacidad de exigirle al gobierno que tome decisiones para solucionar la crisis nacional. Evidentemente el gobierno no ha hecho caso de dichas exigencias, pero en este caso la intransigencia por parte de Maduro va en contra de su propia estabilidad y prestigio ante sus socios de UNASUR, razón por la cual el congelamiento del diálogo por parte de la MUD ha sido acertado.

En paralelo, el movimiento estudiantil sigue en la calle, el gobierno responde únicamente a través de la represión, la persecución y la humillación de los universitarios. La represión solo muestra que Maduro no tiene respuesta ante las demandas de la juventud venezolana: el futuro es cada vez más sombrío en términos económicos, la inseguridad sigue azotando barrios y urbanizaciones del país, arrojándolos a elegir entre emigrar o luchar. Al día de hoy, 15 de mayo de 2014, más 3000 mil personas han sido procesadas durante las manifestaciones, la mayoría de ellas han sido detenidas por el mero hecho de ejercer su derecho constitucional a protestar. Con estas acciones el gobierno busca meter miedo en la gente, lograr la “paz de las dictaduras”, es decir, aquella que se sostiene no porque la gente esté conforme con el orden establecido, sino porque oponerse al mismo genera costos vitales muy altos como la prisión, el exilio o la muerte.

Así, la conjunción de las consecuencias del diálogo y la reacción del gobierno a las protestas impiden al gobierno mantener su fachada democrática, a esta hora es incapaz de disimular su naturaleza militar y autoritaria. La pregunta que hay que hacerse es si Maduro no es también una víctima del militarismo existente en el gobierno, Ramos Allup lo expresó de mejor manera en su cuenta de Twitter: “Viendo como están las cosas creo q debe incluirse el nombre d Nicolás Maduro entre los presos políticos q deben ser liberados inmediatamente”.

El gran problema de Maduro es que no es capaz de tomar decisiones autónomamente. El primer ejemplo de lo anterior fue el 14 de abril de 2013, luego de que Henrique Capriles exigiera una auditoría total del proceso electoral denunciando irregularidades en las elecciones presidenciales; Maduro aceptó dicha auditoría en su discurso de victoria en Miraflores. Posteriormente la auditoría no se dio en los términos acordados, Maduro fue sometido a presiones desde su propio gobierno para impedir que se diera ese proceso y fue incapaz de imponer su decisión. Otro ejemplo de esta incapacidad de tomar decisiones está en el plano de las políticas económicas, cuando prometió flexibilizar el control de cambio a mediados de 2013, medida impedida por el ala más radical del tren económico e implementada únicamente cuando la situación económica se tornó crítica en diciembre del mismo año. Ahora la situación es similar, Maduro da señales de estar de acuerdo con la libertad de Iván Simonovis con una comisión de la verdad “neutral”, pero las contradicciones internas dentro del chavismo son muy fuertes como para que tome un decisión que permita abrir una válvula de escape a la ingobernabilidad que vive.

Esta situación muestra, entre otras cosas, el nivel de debilidad de Nicolás Maduro dentro del propio gobierno. Prisionero de sus propios radicales, es incapaz de ejercer la autoridad dentro de sus propias filas y tener autonomía frente a las presiones que le son impuestas por las diferentes facciones dentro del chavismo. Por lo que cabe preguntarse, con quién hay que sentarse a dialogar entonces, porque con el presidente parece que no es.