Opinión y análisis

La seguridad ciudadana ¿una revolución retrospectiva?

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Seguridad Pedro GonzálezPor: Pedro González Caro / Jueves, 22 de mayo de 2014

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 322 establece: “La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”. Estas consideraciones de rango constitucional, aunadas al nuevo enfoque de los problemas de seguridad, abren una amplia gama de participación que no se circunscribe solamente al ámbito militar, ya que la Nación exige que sus intereses se basen en la amistad y en las relaciones recíprocas del Estado y la Sociedad, implicando necesariamente la integralidad de sus acciones sobre la base del valor, la habilidad y la constancia, en la formación de un espíritu nacional derivado de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado como son, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Los cambios que se operan en el mundo han introducido grandes y profundas transformaciones en la dinámica de las regiones, ya sea en sentido local o en marcos referidos a los países e inclusive hasta en los continentes. Desde este marco referencial, Venezuela es un país que ha avanzado con paso bastante firme hacia una democracia sólidamente establecida que ha sido capaz de superar difíciles momentos históricos en los últimos años.

Es un país básicamente modernizado, pero en ese proceso todavía le falta lograr algunos rasgos esenciales de la modernización que le permitan obtener una condición en la que se garantice en una forma corresponsable, entre el Estado y la Sociedad Civil, el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, en los ámbitos de aplicación de los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación de los derechos humanos, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad. (Grafico1)

Grafico 1. Corresponsabilidad en la Seguridad

Gráfico 1. Corresponsabilidad en la Seguridad

La corresponsabilidad en la seguridad

Gil (1985) La Seguridad y Defensa, tal como está concebida por los organismos responsables, está determinada por los aportes complementarios que puedan hacer los diversos campos del poder en los ámbitos: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, tanto a la Seguridad y Defensa como al Desarrollo Integral de la Nación pues estos conceptos son parte de un todo indivisible que se conoce como Poder Nacional, (p.18). Estos aportes estarán fundamentados en la disposición constitucional que establece que la seguridad es corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil y que ese principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Con este planteamiento el autor en referencia deja ver, en una primera aproximación, la importancia que tendrá el desarrollo, para un país, dentro de los nuevos conceptos de seguridad de Estado, en el entendido de que solo con una condición de desarrollo sólido estable y para todos el estado podrá garantizar la condición de seguridad, paz y sosiego que exige la sociedad.

Si se acepta como se ha planteado que la seguridad es una sensación que se obtiene al garantizar la satisfacción de los intereses nacionales, por medio del correcto uso del poder, sería entonces necesario aceptar también, como ya se ha dicho, que la seguridad implica el bienestar de la población y que por consiguiente se obtiene, con el desarrollo y con las necesarias acciones de defensa en los diferentes ámbitos; siendo por tanto, dos aspectos de la política nacional que atienden a un objetivo común que es el bienestar. Es decir, ahora estaremos defendiendo en la medida en que participamos en el desarrollo y de esta forma alcanzamos la seguridad, conformándose entonces, el triángulo Seguridad-Defensa-Desarrollo en el que los tres conceptos están irreductiblemente relacionados. (Grafico 2)

La participación en el desarrollo implica que dentro del marco de la corresponsabilidad en materia de seguridad, el Estado deberá, en tiempo de “no conflicto,” promover y generar las condiciones necesarias y suficientes que permitan a la sociedad civil participar desde cualquiera de sus ámbitos de actuación particular y de sus propias competencias en esta actividad, de esta manera estará garantizando el sostenimiento logístico de la defensa militar, en caso de agresión, en este momento podría decirse que el ciudadano contribuye a la seguridad del Estado y que sin lugar a dudas es necesaria para garantizar la propia seguridad ciudadana.

Sin embargo, la nueva forma de participación en el proceso de defensa conduce así mismo, a generar las condiciones en las cuales se estarán garantizando la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, mediante un proceso de desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional, entre otras. Estas necesidades están referidas a todas aquellas vinculadas con la seguridad personal y de sus bienes particulares así como de los elementos culturales básicos que constituyen la nacionalidad, de esta forma el Estado a la seguridad ciudadana, conformándose una relación simbiótica que ofrece mutuos beneficios.

Grafico 2. Triangulo Seguridad Defensa Desarrollo

Gráfico 2. Triángulo Seguridad Defensa Desarrollo

La concepción de Seguridad y Defensa en Venezuela se construyó sobre arraigadas convicciones geopolíticas y geoestratégicas que tuvieron su gestación desde los orígenes de la República y que se vieron significativamente reforzadas por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollada durante la guerra fría. Se trata de un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos, tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría, nacía con ella el concepto de enemigo interno del Estado que no era otro que el mismo ciudadano a quien debía proteger.

Como consecuencia de estos fundamentos teóricos y doctrinarios se encuentran con gran preponderancia elementos conceptuales como el de Territorialidad, Soberanía, Enemigo Interno, Enemigo Externo entre otros. Esta fundamentación conceptual condujo durante casi todo el siglo XX a mantener una dimensión estrictamente militar del tema de la Seguridad y muy particularmente aquel ligado a la seguridad del Estado, en detrimento de la seguridad del ciudadano con lo cual se rompe el equilibrio de la relación Estado-Ciudadano.

A partir de 1998 se ha dado en Venezuela un proceso de cambio y de replanteamientos en diversos ejes temáticos de los cuales algunos aún se encuentran en proceso de construcción. Uno de los ejes que ha sido alcanzado a nivel conceptual es el concerniente al de la seguridad y defensa, con una nueva propuesta de transformación cívico- militar, es decir, los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional que, en esencia y por su propia naturaleza, son parte integrante del Estado, están llamados a integrarse y jugar un rol preponderante junto a un “nuevo” actor como lo es la sociedad civil a quien se le exige una participación activa y protagónica en el marco de un nuevo modelo de Democracia Participativa, que pretende reemplazar a la Democracia Representativa.

En este nuevo contexto el tema de la Seguridad de la Nación, íntimamente ligado a la Defensa y al Desarrollo integral y el papel que juegan la sociedad civil y la Fuerza Armada en la nueva institucionalidad que sustentan, es que se conjuga una triangulación de un nuevo modelo que demanda repensar los enfoques que sirvieron para brindar soporte a las explicaciones teóricas de la doctrina de Seguridad de la Nación y que hoy día no responden a la dinámica socio-política del proceso antes señalado y que pretende la refundación de la República.

El texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren el espacio geográfico nacional.

Considerando que entre los principios fundamentales de la Constitución de la Republica, se encuentra que el fin esencial del Estado es la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, y el ejercicio democrático de la voluntad popular, es imperativa la conclusión de que el Estado se debe al ciudadano y que éste (el Estado) ha sido concebido para su protección en tanto, es el Ciudadano el centro de toda la actividad que el Estado despliega para darle cumplimiento a los principios fundamentales consagrados en el texto constitucional, entre los cuales destaca el que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que se consideran amenazas. Es decir, el Estado existe para la protección del Ciudadano y no el Ciudadano para proteger al Estado.

De acuerdo a los preceptos constitucionales la Seguridad se obtiene como resultado de la acción corresponsable entre el Estado y la Sociedad Civil en siete (07) ámbitos: Económico, Político, Social, Cultural, Geográfico, Ambiental y Militar, ahora el Estado está en la obligación de desplegar todo su potencial para alcanzar su objetivo frente a una nueva dimensión del conflicto, en la cual los principios antes mencionados obligan a los actores del Estado, entre los cuales se encuentra la Fuerza Armada y toda la estructura y órganos de seguridad ciudadana, a reformular su doctrina en atención a estos nuevos lineamientos.

El espíritu del Concepto de Defensa Integral propuesto en el texto de la Ley Orgánica de Seguridad la Nación, cuyo enfoque de los problemas de seguridad identifica como amenazas a la seguridad: la pobreza, la desnacionalización, el terrorismo, la corrupción, el problema de las drogas ilícitas, la inmigración ilegal, la minería ilegal, los ilícitos informáticos, la pesca ilegal, la legitimación de capitales, el secuestro, la extorsión, el deterioro ambiental, el abigeato, la piratería, la delincuencia común, la delincuencia organizada, la inseguridad jurídica y la inseguridad personal, entre otras, exige inexorablemente, una modalidad de actuación por parte del Estado, que rompe los paradigmas vigentes en los cuales el tema de la inseguridad es abordado desde una perspectiva únicamente militar. En tal sentido, y frente a la gran variedad de amenazas a las que está sometida la sociedad y consecuentemente el estado, se requiere el establecimiento de un conjunto de políticas y estrategias, con lo cual se abre una amplia gama de participación que no se circunscribe solamente al ámbito militar ni a la acción represiva de los órganos de seguridad, toda vez que se identifican amenazas no tradicionales, ni militares exclusivamente, sino que por su propia naturaleza exigen la participación “integral” de todos los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas, ya que hoy día nos estaremos defendiendo participando activamente en el desarrollo del país, debido a que ello significa brindar libertad de maniobra en el proceso decisorio del Estado.

La Defensa Integral de la Nación quedó definida en el documento preliminar que al efecto generó el Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los diferentes asuntos relacionados con la defensa integral, como el conjunto de decisiones y acciones políticas formuladas y coordinadas por el Poder Público Nacional, con apoyo de las instituciones públicas y privadas, las personas naturales y jurídicas, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y demás espacios geográficos y el desarrollo integral de la Nación, claramente diferenciada de la tradicional concepción que la identificaba generalmente con el empleo exclusivo de los medios militares.

Siendo consecuente con la nueva conceptualización, no podrá entonces, ningún sector de la sociedad asumir individualmente la defensa integral, sino que actuando en forma conjunta y coordinada con todos y cada uno de los sectores de la sociedad, cada uno desarrollará las acciones de defensa en el ámbito de su competencia que en forma integrada conformarán la denominada DEFENSA INTEGRAL

La pregunta obligada es entonces ¿qué es lo que defendemos?, ¿cómo haremos esa defensa, considerando la nueva amplitud del conflicto? Evidentemente que ante una nueva dimensión de conflicto se requiere también una nueva dimensión de la defensa, que es lo que pretende la conceptualización de la Defensa Integral en los ámbitos Económico, Político, Social, Cultural, Geográfico, Ambiental y Militar.

Lo que se defiende fundamentalmente es la supervivencia de la Nación, comprendida ésta como un conjunto de elementos asociados también a esos ámbitos. Se defiende, ciertamente a la tierra, el territorio y a los ciudadanos, se defiende la Patria que es la herencia ancestral y a la vez el acervo patrimonial que se deriva de ella; pero el concepto de Patria incluye también valores y elementos espirituales que integran la cultura de una nación tal como lo propuso su santidad Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad (p. 32), se desprende entonces, de esta lógica de pensamiento, que las acciones de defensa deberían estar orientadas hacia la defensa de la “Venezolanidad” la cual ha sido definida en la Concepción Estratégica Naval 2005, de la Armada de Venezuela, “Proyectando la Defensa” como “Todo aquello que ha permitido al venezolano ser”; que en esencia es la garantía de la supervivencia de la Nación, frente a un conflicto de cualquier naturaleza y eso solo será posible , anticipando mediante procesos lógicos de planificación, el desarrollo de actividades desde y en todos los ámbitos en que se ejercen los principios de seguridad para fortalecer la Identidad Nacional.

Las preguntas que son necesarias formular en el proceso de reconstrucción doctrinaria de la defensa y derivadas de la primera, son entonces: ¿quién defiende?, ¿qué tipo de defensa ha de desarrollarse ante esta nueva y amplia gama de amenazas que no pueden ser atendidas solo con la estructura militar?

La sociedad en el ejercicio de su corresponsabilidad con el Estado para darle cumplimiento a los principios de seguridad de la nación, debe desarrollar acciones de defensa orientadas a garantizar la supervivencia de la nación en los términos antes señalados garantizando así la salvaguarda de los principios de seguridad y dentro de las competencias que cada uno de los diferentes sectores que la sociedad tiene. Por su parte el Estado mediante la acción coordinada de cada uno de sus órganos debe también desarrollar las acciones de defensa que permitan que los ciudadanos ejerzan plenamente su ciudadanía para mantener el estado de derecho y garantizar el orden interno, entendido como el estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la Constitución y las leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas (Art 18 Ley Orgánica de seguridad de la Nación).

La participación de la sociedad civil en el proceso de defensa integral estará justamente en “integrarse” a ese proceso desde su actividad diaria propiciando condiciones para el desarrollo en cada uno de los ámbitos de su competencia.

El concepto de seguridad ha recorrido un largo camino desde aquellas concepciones fundamentadas en la doctrina de seguridad nacional, sin duda ha evolucionado, se ha desplazado del centro y razón de ser de la seguridad al Estado, para reemplazarlo por el ciudadano. Sin embargo, en la práctica el ciudadano se siente desprotegido y por el contrario se ve obligado a ejercer su ciudadanía como una forma de garantizar la supervivencia del Estado en detrimento de su propia libertad.

La situación de violencia en Venezuela se ha agravado en unas proporciones que eran difíciles de imaginar hace poco tiempo. Hace diez años Venezuela tenía las mismas tasas de homicidios que países como Brasil y México; en la actualidad esos países mantienen sus tasas iguales o, incluso, ha disminuido; mientras en Venezuela la tasa de homicidios casi se ha triplicado. Disponer de estas informaciones nos causan gran dolor, pero si queremos buscar respuestas adecuadas, debemos preparar a nuestras instituciones para brindar oportuna respuesta a los ciudadanos y fundamentalmente a las victimas frente a la criminalidad y la violencia.

Los ciudadanos están frente a un Estado que ciertamente exige la participación ciudadana en un nuevo enfoque de los problemas de seguridad, y descarga sobre los hombros de la sociedad una responsabilidad que le es propia. El Estado se ha visto desbordado por el problema mismo, y los ciudadanos por su parte, en un intento por mantener a flote los conceptos más básicos de nacionalidad y nación, derechos humanos y libertad, han decidido actuar en ejercicio de su ciudadanía, exigiendo al Estado el cumplimiento de su responsabilidad en materia de seguridad, estas actitudes retadoras y exigentes de respeto a los derechos y a las libertades son interpretadas por el Estado como una nueva forma de conspiración que atenta contra su propia estabilidad con lo cual reaparece la “Doctrina de Seguridad Nacional”

Me pregunto entonces, hemos sido testigos realmente de un proceso pragmático de evolución del concepto “De la seguridad de estado a la seguridad de las personas”?, o solo se trata de una evolución teórica que no se traduce en resultados reales, a los cuales está también asociado un cambio situacional en el que la seguridad de las personas suponga un estado de paz y sosiego que conduzca a la garantía de progreso y desarrollo y promueva los derechos humanos y el ejercicio pleno de las garantías constitucionales.

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