Juan Manuel Trak / 30 de octubre de 2014

Uno de los elementos fundamentales de cualquier régimen democrático es la confianza, sobre ella descansa buena parte de las percepciones que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones políticas y su relación frente a ellas. La confianza es una expectativa sobre el comportamiento de los actores (individuales o institucionales), que implica la creencia en que los demás van a cumplir con las obligaciones asociadas a las posiciones sociales que tienen. De este modo, en la medida que se cumplan estas expectativas las personas son capaces de predecir el posible comportamiento y anticipar así su reacción.

Cuando se habla de confianza en las instituciones políticas el tema es más complicado. La propia dinámica del poder genera en muchos ciudadanos desconfianza en los principales actores políticos. Los partidos políticos, el poder legislativo y el gobierno nacional suelen ser las instituciones que mayor desconfianza generan, en la medida que en ellos se concentra el debate y los escándalos políticos; por lo que cabe esperar que la gente muestre poca confianza hacia ellos. Sin embargo, por encima de la diatriba política existen instituciones que sirven para dirimir los conflictos o por lo menos tienen capacidad de estar por encima de ellos. Entre esas instituciones destacan los organismos electorales, los cuales están llamados a organizar y administrar los procesos de elección en condiciones de libertad, justicia y transparencia. Confiar en las instituciones electorales implica la creencia en que su actuación va a garantizar igualdad de trato a los actores políticos en competencia y que las normas van a ser aplicadas por igual.

Lamentablemente, para mayoría de los venezolanos el Consejo Nacional Electoral no es confiable. Según los datos del Estudio de Percepción Ciudadana sobre el Sistema Electoral, realizado por el Centro de Estudios Políticos en el marco del Proyecto Integridad Electoral Venezuela, 56% de la población confía poco o nada en el CNE. De hecho, 3 de cada 5 venezolanos (56,4%) cree que el CNE no es ni parcial ni autónomo. Esta desconfianza tiene consecuencias en la disposición de ir a votar, pues de ese 56% que confía poco o nada, 84% no cree que valga la pena ir a votar en las elecciones organizadas por el CNE. De modo que esta institución que está llamada a generar confianza en los venezolanos para que solucionemos los conflictos de manera pacífica a través del voto, está impulsando a una parte importante de la población a no participar, ya que no cumple con sus obligaciones de árbitro imparcial.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral es una institución fundamental para garantizar la paz y gobernabilidad del país. La coyuntura actual nos da la oportunidad de exigir y emplazar a la Asamblea Nacional que la selección de rectores se ajuste a los criterios de despartidización, imparcialidad, confiabilidad, autonomía y eficiencia que exige la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Quienes vayan en sentido contrario a lo dispuesto en la normativa y a las expectativas que tiene la gente sobre el CNE pone en riesgo la estabilidad y viabilidad política del país.