Juan Manuel Trak / 13 de noviembre de 2014
A menos de dos meses para que termine el 2014, el país se siente agotado. Ha sido un año en el que los problemas económicos y sociales se han incrementado, al mismo tiempo que la conflictividad política ha dejado un saldo en muertos, heridos y presos políticos que han profundizado la transición hacia un régimen autoritario.
El informe redactado por Amnistía Internacional (AI) para el Comité contra de las Torturas de las Naciones Unidad da cuenta de lo anterior, entre febrero y julio de 2013 hubo 43 fallecidos en el contexto de las protestas contra el gobierno de Maduro; mientras que otras 870 resultaron heridas. Adicionalmente, Amnistía Internacional denunció ante la ONU el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, así como el uso de armas de fuego y material prohibido para control de manifestaciones públicas y la anuencia e instigación a grupos paramilitares progubernamentales a actuar en contra de cualquier manifestación.
Pero lo más dramático del informe no son estos datos agregados que dan cuenta de lo masivo de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, sino las torturas y tratos crueles que sufrieron ciudadanos venezolanos por expresar y manifestar sus posiciones contra el gobierno. Amnistía Internacional señala que el propio Estado ha reconocido 188 casos en este sentido; no obstante, considera que esta cifra es mucho menor por el miedo a las represalias que tienen las víctimas de estos crímenes.
Estos datos fríos pueden ser vistos con mayor crudeza al leer algunos relatos del informe:
“Entre estos casos se incluye el de Rafael Ángel Cardozo Maldonado, de 20 años de edad, quien vive con una discapacidad mental. Ángel fue detenido el 17 de marzo en un operativo realizado por el Ejército en la ciudad de San Cristóbal (Estado Táchira), cuando caminaba en dirección a su casa. Estuvo cinco días detenido y al menos un día incomunicado en un cuartel militar. De acuerdo al testimonio de su abogada en repetidas ocasiones el personal militar negó la detención de Ángel y le negó acceso al detenido. Desde el momento de su detención Ángel fue sometido a puñetazos y golpes en la cara con cascos, fue privado del sueño, amenazado con la muerte y de acuerdo con testigos, le hicieron usar una corona hecha con una cuerda y clavos conocidos como “miguelitos”, en la cabeza” (Amnistía Internacional, 2014, p.16).
“Wuaddy Moreno Duque, de 21 años de edad, regresaba en la madrugada del 27 de febrero de celebrar un cumpleaños a su casa en una motocicleta con otros dos amigos cuando se quedaron sin gasolina en la Grita (Estado Táchira). Unos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se pararon delante y les increparon que estaban participando en las protestas. Les trasladaron a una plaza enfrente del comando del Ejército en la Grita. Wuaddy relató lo siguiente: “Ahí fue cuando me quemaron todos los papeles… todo lo que tenía. Me quemaron eso y donde yo tenía las herramientas de la moto… sacaron el destornillador… y empezaron a calentar el destornillador y empezaron a quemarme. Y me decían que sí era yo el que estaba en las manifestaciones y nosotros decíamos que no. Y me quemaron a mí. A los compañeros que andaban conmigo los golpearon nada más.” Estuvieron en la plaza por dos horas donde además fue golpeado con bastones y luego fue trasladado al comando de la Guardia hasta la mañana siguiente cuando fue liberado sin cargos.” (Amnistía Internacional, 2014, p.17).
Estos casos son solo una muestra de las vejaciones denunciadas ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y que en Venezuela muy probablemente queden impunes. Adicionalmente a estos abusos cometidos parte de los cuerpos de seguridad del Estado, quedarán impunes los atropellos de los grupos paramilitares armados progubernamentales, quienes no en pocas ocasiones cumplieron el papel de represores en las manifestaciones.
Pero más allá de esta situación de violencia institucional, también hay que preocuparse por la pérdida de apoyo a la democracia y la reaparición de la demanda de un gobierno de mano dura. El Estudio de Percepciones Ciudadanas sobre el Sistema Electoral venezolano, realizado por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, muestra que 28,5% de la población cree que “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, mientras que 58,3% de la población considera que “para resolver los problemas es necesario un gobierno de mano dura”. Esto a pesar de que el 86% de los encuestados está de acuerdo con que “puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otras forma de gobierno”, al mismo tiempo que el 91% del país cree que las vías democráticas son las mejores formas de resolver los problemas del país.
Así las cosas, la democracia venezolana está bajo tortura. Desde las élites revolucionarias no existe intención sincera y franca de resolver los problemas del país a través de un diálogo abierto y plural. Por el contrario, sus acciones apuntan hacia que, en temas tan delicados como la selección de magistrados ante el Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, buscarán imponer nuevamente su hegemonía; contribuyendo con esto a que las tensiones se exacerben otra vez, que la gente pierda fe en el voto y que busque otros caminos para tratar de lograr los cambios que la sociedad desea.
Referencia
Amnistía Internacional (2014). Venezuela: Informe para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, 53a sesión (3-28 Noviembre 2014). Londres: Peter Benenson House.
Categorías:Opinión y análisis
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