¿De qué es responsable el gobierno?

Daniel Fermín A.  / 23 de abril de 2015

Las declaraciones recientes de algunos altos funcionarios públicos hacen que nos preguntemos ¿De qué es responsable el gobierno? A la crisis económica, caracterizada por una inflación desbordada, escasez de alimentos y medicamentos, desabastecimiento, alto costo de la vida y devaluación acelerada de la moneda, la llaman guerra económica.  Es culpa de Fedecámaras, de la “oligarquía”, del imperio.  A la violencia espeluznante que diezma a la juventud y enluta a familias venezolanas todos los días la llaman “plan político para desestabilizar” y paramilitarismo.  La violencia política, que arremete contra el derecho a manifestar y a expresarse de la ciudadanía, la niegan de plano, la llaman “show mediático” y a sus perpetradores “colectivos de paz”.  A estas se le suman otras frases, ya más antiguas.  La crisis eléctrica achacada a iguanas y, cómo no, a la desestabilización y sabotaje; los cortes de agua por culpa de El Niño y de La Niña…

¿Se equivoca alguna vez el gobierno? Pareciera que no.  Muy en abstracto, los voceros oficiales hablan, de vez en cuando, de la autocrítica, de corregir errores que nunca precisan al detalle y que terminan nunca siendo su culpa ni su responsabilidad.  ¿El reclamo ciudadano? Eso no es con ellos.  De hecho, si ese pueblo que el discurso oficial ha intentado monopolizar alza la voz, se está prestando a los intereses perversos de los enemigos de la patria.  Así, el gobierno que todo lo controla termina no siendo responsable de nada.

Carlos Romero abre nuestra sección de Opinión y Análisis con este tema.  En su columna Debate Ciudadano, Romero escribe “El municipio y la crisis en la prestación del servicio de agua potable”, una crítica contundente a la política de Estado en cuanto al racionamiento y suspensión del agua.  Romero establece una relación directa entre el servicio de agua potable por tuberías y la calidad de vida de la población, y argumenta que, siguiendo el mandato constitucional, son los Municipios los llamados a acompañar a la ciudadanía en el reclamo de una mejor prestación de servicio por parte de los organismos competentes.  Tras detallar el incumplimiento de esta función básica por parte del gobierno nacional, Romero plantea la Comisión de Vecinos, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como una instancia para la vigilancia del servicio público desde lo local, y concluye abogando por una alianza entre el gobierno municipal y los vecinos para la sensibilización ciudadana.

En su columna Posmonición Política, Héctor Briceño presenta el artículo “El dilema de la oposición”, que viene a complementar su entrega anterior, “El dilema del chavismo”.  Briceño parte del hecho de que, al igual que el chavismo, la oposición está conformada por intereses, actores e ideologías diversas, cohesionadas por una fuerza interna y otra externa.  La fuerza interna vendría siendo la visión de pluralidad democrática, mientras que la externa es la necesidad de supervivencia.  Luego de detallar el funcionamiento de la oposición, el artículo analiza el declive en la popularidad del oficialismo y cómo este coloca a la oposición a las puertas del poder político.  Es esta cercanía al poder la que, plantea Briceño, hace necesario que la oposición resuelva su dilema, que resume en los siguientes términos: “¿Cómo conciliar los diversos proyectos y visiones de país que conviven en su interior? ¿Cómo mantener la unidad más allá de la lucha contra el autoritarismo?”.  Relaciona el éxito de un potencial gobierno de oposición con la posibilidad que tenga de encarnar una alternativa “coherente, incluyente” e integradora, y apuesta a que el éxito de un gobierno de esta naturaleza es el éxito de todo el país.

Nuestro Espacio Plural trae hoy el tercer aporte de Guillermo Ramos Flamerich, titulado “La violencia en la no violencia”.  Este excepcional escrito inicia con la dolorosa descripción de los sucesos que rodearon el asesinato del niño Kliuverth Roa a manos de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, y los relaciona con la iconografía de la Revolución, cuyo hilo conductor, plantea el artículo, es la violencia.  Arguye Ramos Flamerich que el combustible del proyecto político que gobierna Venezuela es la confrontación y acude a la No Violencia como un recordatorio de luchas pasadas que puede inspirar la lucha del presente.  “Si el movimiento es No Violento, ¿Qué hacer con la violencia creada desde el poder?”.  Esa poderosa interrogante orienta las conclusiones de este artículo, que coloca en la construcción de la esperanza la salida a nuestra grave situación.

En nuestra sección de Entrevistas Gabriela López conversa con Carlos Carrasco, Consejero Universitario de la UCAB, a propósito de su participación en el IV Foro de Jóvenes de las Américas, celebrado en Ciudad de Panamá el pasado 9 de abril.  Recomendamos ampliamente la lectura y difusión de esta entrevista, que viene acompañada de un extraordinario trabajo audiovisual, realizado por nuestra Edgiannid Figueroa.

En la sección Recomendados, presentamos la Carta Abierta de Ciudadanía Activa a la ONU, Unión Europea, OEA, Nuncio Apostólico, Unasur, Mercosur y Centro Carter, en la que presentan 20 garantías electorales para las elecciones parlamentarias en Venezuela.  Estas 20 garantías, cónsonas con las ideas del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela y las buenas prácticas electorales, son propicias para el desarrollo de un proceso íntegro y transparente que garantice la paz y el desarrollo de los derechos democráticos.

En esta edición nos complace anunciar la Biblioteca PIEV, que estrenamos con un apartado referido a la Normativa Electoral venezolana. Aspiramos a que este espacio crezca y junto al Monitor PIEV y La baranda electoral, que presentamos la edición pasada, permita que PolítiKa UCAB siga consolidándose como referencia nacional e internacional en materia electoral.

El gobierno maneja todo el poder político, económico, mediático e institucional.  El partido del Presidente controla la actual Asamblea Nacional.  Son fundadas las dudas sobre la independencia del Poder Judicial y, en general, de la sumisión de los poderes públicos al Ejecutivo.  El proyecto político que hoy está en el poder ha manejado los mayores ingresos de la historia de Venezuela.  Gozó, durante muchísimo tiempo, del favor popular.  Controlan un Banco Central cuya autonomía revocaron.  Manejan un severo control de cambio, controlan precios, alquileres, márgenes de ganancia.  Reciben créditos multimillonarios de China y armas de Rusia.  Estatizaron las industrias del cemento y la cabilla.  Presentaron más de 22 planes de seguridad, crearon un Ministerio de Asuntos Penitenciarios… y cuando estalla la crisis y se acaba el dinero, cuando la corrupción galopa libre, la violencia desbocada, la producción hace aguas; cuando la construcción está paralizada porque no cuenta con insumos, las colas se multiplican para comprar cualquier rubro, los talleres mecánicos no consiguen repuestos, y pare usted de contar, resulta que la responsabilidad no es del gobierno sino de alguien más.

Las tres frases a las que aludimos al inicio de este Editorial, referidas a la guerra económica, la violencia criminal y la violencia política no vienen de cualquier subalterno del oficialismo, sino del Presidente de la República, su Ministro del Interior y el Presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente.  Eso es sumamente grave.  ¿Hay una guerra económica o se trata del fracaso del modelo oficial? ¿De qué ha servido tanto gasto militar y compra de armas si cualquier paramilitar puede cruzar la frontera hasta llegar a los barrios de Caracas para adelantar su plan político desestabilizador? ¿Qué es entonces lo que ve la gente en la calle cuando presencia estos actos de violencia a diario, negados por el gobierno?

El gobierno corre el bulto mientras se multiplican los problemas, y lo hace en vano.  Lo de la guerra económica nadie se lo cree.  Los estudios de opinión dicen que más del 70% de los venezolanos culpa directamente al gobierno nacional por los problemas económicos y sociales que sufre la nación.

De modo que le toca al gobierno, a ese que todo lo controla, asumir su responsabilidad.  Ante la crisis, lo mínimo que debe hacer el gobierno es reconocer los problemas para poder corregir y avanzar.  Sin echarle la culpa a la vaca, requerimos de un gobierno serio y responsable que muestre a los venezolanos su compromiso con salir de la crisis.