Benigno Alarcón / 07 de mayo de 2015

…las percepciones que tenga una burocracia militar compleja sobre sus necesidades internas tienen un peso significativo en la viabilidad de una transición democrática, especialmente cuando peligran los intereses vitales de la institución militar.

Como decimos en nuestro anterior artículo, la continuidad del proyecto oficialista dejó de ser políticamente viable, lo que implica que la tendencia al deterioro de su legitimidad es ya indetenible, por lo cual el escenario y las características de este juego son muy distintas a las que teníamos cuando Chávez vivía y ganar elecciones era aún posible.  Si el gobierno ganara las elecciones legislativas por un margen muy estrecho, lo que vendría a continuación sería búsqueda de su estabilización mediante el único camino posible que le queda a un gobierno que pierde su legitimidad, una mayor autocratización, lo que reducirá de manera significativa cualquier posibilidad de cambio por la vía electoral.  De ahí que esta elección resulte trascendental para el futuro de la Democracia en Venezuela.

En este ya complicado escenario electoral, con costos potenciales muy elevados para el gobierno, entra ahora un nuevo factor, la supuesta investigación internacional contra varios actores del alto gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por delitos que son procesables extra-territorialmente, lo cual eleva aún más los costos de perder el poder para quienes tienen en él su única garantía de impunidad.  Como hemos visto en muchos casos alrededor del mundo, lo que determinados actores gubernamentales están dispuestos a hacer para mantener el poder es directamente proporcional a los peligros y costos que implica su pérdida.  Es por ello que, de ser cierto lo que se dice sobre determinados actores políticos hoy en el poder, es difícil imaginar hasta donde se estaría dispuesto a llegar para no perderlo.

Los costos de salir del poder

Como dice nos Staffan Lindberg (2009), cuando se está en presencia de regímenes que, como el de Venezuela, han ejercido el gobierno de manera autoritaria, todo movimiento hacia la alternancia en el poder se convierte en una amenaza real a los intereses, el patrimonio, la seguridad y en ocasiones hasta a la vida misma de quienes se benefician del status quo. En tal sentido, un gobierno con vocación autoritaria que ha recurrido al uso de la fuerza para llegar al poder o para ejercerlo se encontrará ante un dilema cuando la presión por reformas democráticas o el poder de los grupos de oposición crece, que tendrá que ser resuelto considerando dos variables que están inter-relacionadas entre sí:

1. a) El costo potencial que para quienes gobiernan tendría cualquier decisión que pudiese incrementar el poder y la competitividad electoral de los grupos de oposición, poniendo en riesgo el poder, la riqueza, el estatus quo y la seguridad misma de quienes hoy ocupan el poder; y
2. b) El nivel de costos aceptables que el gobierno estaría dispuesto a soportar para mantener el poder, controlar a los opositores o incluso para imponer resultados electorales (ciertos o no), expresados no solo en términos de legitimidad nacional e internacional, sino también en pérdidas económicas para el país y para ellos mismos, y hasta represión que puede llegar a expresarse en vidas humanas.

Es así como la opresión (represión no solo física sino también expresada por otras formas de presión tales como apertura de procesos judiciales, fiscales, administrativos, manipulaciones clientelares, etc.) y la tolerancia, entendida como la disposición a permitir o negociar la transferencia del poder, se constituyen en las dos estrategias disponibles para el régimen y ambas tienen, como la práctica lo demuestra, costos y beneficios. En la medida que el costo de la opresión para el gobierno se vuelve inoperante o excede al de la tolerancia, mayores serán las posibilidades de que éste permita que se materialice una transición en poder a favor de actores de oposición (Robert Dahl, 1971).

Lamentablemente, la actual situación venezolana constituye un escenario opuesto al que Robert Dahl describe como de transición.  Los costos de tolerancia, o salida, de quien hoy ocupan el poder son desproporcionadamente más altos que los derivados del ejercicio represivo al que se está dispuesto para mantenerse en el poder, aún sin el apoyo popular, si se consideran las consecuencias que para muchos de estos actores tendría su salida del gobierno.  Estos costos de tolerancia son hoy incluso mucho más altos que en el pasado reciente en razón de las potenciales demandas y procesos que podrían iniciarse en su contra por delitos relacionados con la violación de derechos humanos y las investigaciones iniciadas por el gobierno norteamericano, de acuerdo a lo reseñado esta semana por The Wall Street Journal (http://goo.gl/97Ggqd), amén de otros procesos que seguramente se iniciarían en el país tras un cambio en el poder.

Cabría entonces preguntarse si la imposición de sanciones de parte de los Estados Unidos a siete funcionarios venezolanos, así como la muy reciente noticia sobre una investigación criminal contra altos personeros del gobierno nacional atenta contra las posibilidades de una transición democrática por la vía electoral.  Sin lugar a dudas, las sanciones e investigaciones anunciadas elevan los costos de tolerancia para las personas implicadas en ambos casos, así como para quienes se sienten amenazados por dichos procesos.  Resulta común que toda situación que eleva los costos de represión implique simultáneamente mayores costos de tolerancia para determinados actores.  Por ejemplo, un funcionario de la Fuerza Armada que, en cumplimiento de órdenes superiores, reprime a un grupo de ciudadanos para disolver una manifestación y es identificado, tendrá unos costos elevados como resultado de su acción represiva, pero también unos costos de tolerancia mayores ante la posibilidad de tener que enfrentar a la justicia posteriormente.  Quizás por ello, el gobierno de Obama se cuidó de personalizar las sanciones impuestas, con lo cual el costo de tolerar una salida del poder se eleva solo para los pocos funcionario identificados en la sanción, mientras que los costos de represión se vuelven potencialmente más altos para todos aquellos que no habiendo sido  sancionados pudieran serlo en el caso de que se presten para ejercer la represión de manera ilegitima, aun cuando ello se haga siguiendo órdenes superiores.

La actual situación de altos costos de tolerancia para el gobierno en general, sumada a la desmovilización de la oposición y la sociedad en general, que encuentra su explicación en la baja disposición a protestar como resultado de la ola represiva del primer semestre del año 2014,  ubican al régimen venezolano en un escenario de bajos costos de represión, en el cual la probabilidad de una transición emprendida desde el mismo gobierno o producto de la interacción entre el gobierno y la oposición resulta muy baja mientras no se produzca una elevación significativa de los costos de represión.  La elevación de los costos de represión pasa, inevitablemente, por la expectativa o necesidad real de su ejercicio. En un escenario en el que la disuasión y el miedo desmovilizan haciendo innecesario el uso de la fuerza para mantener el control del Estado, los costos de represión son cero. La elevación de los costos de represión es entonces  proporcional a la necesidad de su ejercicio.

Fuerza Armada y transición

Siendo el poder el único refugio confiable ante tales amenazas, los actores gubernamentales, ante situaciones como la nuestra, tienen una mayor disposición a utilizar la fuerza para atrincherarse en el poder a fin de evitar las consecuencias de su pérdida, lo que les hace más dependientes de quienes tienen la capacidad represiva (normalmente Fuerza Armada), por lo cual el sector militar termina por convertirse en la base de la élite gobernante, a un punto tal que gobierno y Fuerza Armada terminan por integrarse como gobierno, tal como puede verse en casos como el de Korea del Norte, Egipto, Zimbabue, Libia, y también en Venezuela, sobre todo a partir de la muerte de Chávez.

La identificación o participación en el gobierno de la élite militar, como ha sucedido en los casos de Argentina, Brasil, Libia, Egipto, y también en la Venezuela de Pérez Jiménez, e incluso en la actual, impone altos costos a la legitimidad de la institución militar, tal como hemos visto en el último estudio del Centro de Estudios Políticos de la UCAB (http://goo.gl/WQcLWu), en donde la Fuerza Armada que siempre ha sido privilegiada por niveles de confianza que competían con las de la iglesia, hoy goza de la confianza de tan solo cuatro de cada diez venezolanos, lo que las coloca al mismo nivel de los partidos políticos y del Consejo Nacional Electoral que están hoy entre los niveles más bajos.

Estos altos costos institucionales han traído como consecuencia que en muchos casos la relación entre Fuerza Armada y gobierno se deteriore de manera importante al incrementarse la presión desde la base institucional interna sobre los oficiales de mayor rango, quienes han llegado a la conclusión, en muchos casos, de que los peligros y desventajas de participar en el gobierno superan a sus ventajas, y lejos de garantizar el respeto y la seguridad de la élite militar, termina comprometiéndolos seriamente, mientras los costos institucionales de ejercer la represión para sostener al gobierno terminan por superar los incentivos y hacerse injustificables, lo que hace evidente la conveniencia de retornar a una posición institucional políticamente neutral.

Es así como las percepciones que tenga una burocracia militar compleja sobre sus necesidades internas tiene un peso significativo en la viabilidad de una transición democrática, especialmente cuando peligran los intereses vitales de la institución militar.